La consumidora había solicitada expresamente que la heladera no sea de fabricación brasileña, por tener malas experiencias con productos de ese origen. Por eso motivo decidió pagar más por una heladera “made in USA”. Pero al fallar al poco tiempo, le tuvieron que reemplazar el motor y se encontró con que la heladera tenía un motor fabricado en Brasil.

Por dicho motivo, y por no cumplir con el deber de información fidedigna, se condenó a pagar daño moral y daño punitivo a la empresa.

Fallo completo:

Rossi, Laura Viviana vs. Whirlpool Argentina S.A. s. Daños y perjuicios ///  Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Olavarría

AUTOS: “ROSSI LAURA VIVIANA C/ WHIRLPOOL ARGENTINA S.A. Y OTRO/A  S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.ESTADO)”
EXPTE. N°: 1505/2009 INICIO: 12/6/09 N° DE ORDEN:(D) 77
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– – – Olavarría, de agosto de 2012.-
– – – AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados ” ROSSI LAURA VIVIANA C/ WHIRLPOOL ARGENTINA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL(EXC.ESTADO)” expediente nº 1505/2009, en trámite por ante éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Olavarría, Secretaría única del Departamento Judicial Azul, de los que:
– – – RESULTA:
– – – 1) Que a fs. 128/140 se presenta la Dra. Laura Viviana Rossi, abogada, por su propio derecho, e inicia demanda por daños y perjuicios contra Whirlpool Argentina S.A. por la suma de pesos diez mil ($ 10.000), más intereses y costas.
– – – Relata que con fecha 28 de abril de 2007 compró una heladera side by en Frávega, sucursal Tandil. Que la compra la realizó luego de mucho buscar, debido a que era un condicionante que la misma fuera norteamericana, dado que bajo ningún punto de vista quería una de origen brasilero, por haber tenido malas experiencias con productos de este tipo. Que no es una heladera de venta común, es más, en Tandil era la segunda que vendían en la sucursal, por ello era muy importante la información que se brindaba del producto.
– – – Manifiesta que al poco tiempo de adquirirla comenzó a hacer un ruido extraño, como golpes al cortar y encender el motor. Así, llamó a atención al cliente, donde le informaron que se dirigiera al servicio técnico de la zona, a cargo del Sr. José Machado. Que este servicio dictaminó que la heladera tenía un problema en el motor, y que había que cambiarlo. En consecuencia, eleva el reclamo y luego de un mes le avisan que había llegado el motor nuevo. Que ella pregunta de qué nacionalidad era ese motor, y le dicen que era brasilero, por lo cual se negó a cambiarlo.- – – Expone que el 20 de octubre de 2007, a través de carta documento, Whirlpool S.A. le reitera que cuenta con los repuestos originales de fábrica para proceder a la reparación de su heladera, y le facilitan el teléfono de la Sra. Linardi para que se comunique. Que se pone en contacto con ella, la que le informa que el motor que enviaban era brasilero.
– – – Que ante dicha situación, en junio de 2008, realiza la correspondiente denuncia ante la OMIC. En la audiencia conciliatoria fijada por este organismo, el Sr. Machado, en representación de Whirlpool S.A., manifiesta que todas las heladeras como la por ella adquirida, se arman con dicho motor, circunstancia que de habérsela informado al momento de la compra del producto, hubiera sido
condicionante para no adquirirlo.
– – – Que permite el cambio del motor, pero en disconformidad, por necesitar del bien, pero ello afectó su vida y la de su familia, por darse cuenta de que podrían haber gastado mucho menos de lo que gastaron.
– – – Afirma que fue una palmaria burla, por cuanto no sólo promocionan un producto como MADE IN USA, cuando no lo es, sino que además, se esmeran en resaltar como bueno un producto cuando en realidad no duró ni 30 días.
– – – Así, solicita el resarcimiento del daño moral, por la suma de pesos diez mil ($ 10.000), y asimismo, requiere se le aplique a los demandados la multa prevista por el art. 52 bis de la ley 26362 a su favor.
– – – Funda en derecho, ofrece prueba, solicita se haga lugar a la demanda.
– – – 2) Que a fs. 170/184 se presenta el Dr. Pablo Martín Acosta (T° V, F° 158, C.A.A.), en su carácter de letrado apoderado de Whirlpool Argentina S.A. y contesta demanda.
– – – Que opone excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva.
– – – En relación a la primera de ellas, expone que, en virtud de lo normado por el art. 116 de la Constitución Nacional, resulta indiscutida la competencia federal en el caso de marras, atento que se trata de una causa estrechamente vinculada con el comercio internacional y la aduana, y además, y en consecuencia se encuentra vinculada la Nación (a través de la Dirección General de Aduanas y los organismos certificadores autorizados).
– – – Por otra parte, respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva, expone que su mandante no resulta ser, en definitiva, quien determinó el origen del producto reclamado por la actora, ni lo certificó no procedió a su verificación. Es decir, es un tercero ajeno a la relación causal que motiva el reclamo de la actora. Es que Whirlpool resulta ser un simple importador de productos electrónicos de uso doméstico, y no es partícipe en el proceso de determinación ni constatación del origen del producto reclamado por la actora.
– – – Manifiesta que la actora reclama que adquirió una heladera MADE IN USA, y luego, al descompensarse su motor, advirtió que el mismo era de origen brasilero. Ello es un error, puesto que la heladera adquirida por la actora, es concreta y verdaderamente de origen norteamericano. Que relacionado con ello, es el exportador quien consigna el origen de la mercadería, los organismos oficiales son quienes certifican su origen y la Dirección General de Aduanas es quien verifica y constata los puntos anteriores.
– – – Expone que el certificado de origen, es el documento del comercio internacional que acredita el nacimiento de la mercadería amparada por aquél y es emitido por el gobierno del estado al que corresponde tal origen. Así es claro que Whirlpool no es quien emitió el certificado de la heladera.
– – – Que luego, es el Estado Argentino quien certifica el origen de la mercadería, y por último, la Dirección General de Aduanas verifica el origen y la certificación.
– – – Que así, alega, se observa que en ninguno de los tres pasos intervino su representado, y la actora, al acompañar copia del expediente administrativo, ha reconocido las certificaciones de origen emitidas por UL de Argentina SRL y Leonor SRL, como la verificación realizada por la Dirección General de Aduanas
– – – En conclusión, expone que no puede responsabilizarse a su representado por incumplir la Ley de Defensa del Consumidor, cuando en realidad, ha dado cumplimiento informando la veracidad de los hechos. La heladera importada es de origen norteamericano, conforme normativa nacional e internacional.- – – Que por otro lado, contesta demanda, y por imperativo legal, realiza una negativa general.
– – – Manifiesta que yerra la actora al considerar que la circunstancia por ella denunciada implica que la heladera adquirida no sea de origen norteamericano y que exista una vulneración del deber de información, por cuanto su mandante se limitó a importar una heladera de origen norteamericano, y es correcta la información consignada en dicho aparato.
– – – Por otra parte alega que no es cierto, como expusiera la actora, que el motor (que es lo que falló), sea un componente esencial de la heladera, y aún aunque así lo fuera, eso no determina ni define su origen.
– – – Expone por otro lado, que no existe ninguna norma que obligue a su mandante a revelar el origen de los componentes que integran un producto cuando son es distinto al país en que se fabrica.
– – – Funda en derecho, ofrece prueba, solicita se haga lugar a las excepciones opuestas, y se rechace la pretensión de la actora.
– – – 3) Que a fs. 192/198 la actora contesta el traslado conferido respecto de las excepciones opuestas por el accionado.
– – – Expone que sin perjuicio de las alegaciones efectuadas por el demandado, en el caso de autos es aplicable el deber de información que prescribe la ley de defensa del consumidor, y que la misma no ofrece, como alegara, servicios de importaciones, sino productos.
– – – Manifiesta que no obstante la demandada sea sólo importador, lo legitima pasivamente, ya que se encuentra expresamente incluido en el art. 2 de la ley 24240, es decir, como proveedor.
– – – Que respecto a la excepción de incompetencia manifiesta que la misma no puede prosperar atento que los extremos vertidos no tienen que ver con el comercio internacional y la aduana.
– – – 4) Que a fs. 588 se certifica sobre el vencimiento del período de prueba y su resultado, llamándose a autos para dictar sentencia a fs. 590, por providencia que se encuentra firme.

– – – Y CONSIDERANDO:
– – – I) Que en primer lugar, y por una cuestión de orden lógico, abordaré las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva opuestas por el demandado.
– – – 1. Que respecto a la primera de ellas el excepcionante argumenta que es competente para entender en la presente causa la justicia federal por estar relacionada al comercio marítimo e internacional y además, por estar necesariamente involucrada la Nación (a través de la Dirección General de Aduanas y los organismos certificadores autorizados).
– – – La actora, por su parte, al momento de contestar el traslado que le fuera conferido, expone que el presente proceso no se relaciona con el comercio internacional y la Aduana, por lo que se solicita su rechazo.
– – – En este punto, entiendo que le asiste razón al actor, por cuanto no se avizora que sean competente para entender en el presente la justicia federal.
– – – Es que entiendo nos encontramos, como oportunamente expusiera en el auto de 149, frente a una relación de consumo regida por la ley 24240 la que establece, en su art. 5, la competencia de la justicia ordinaria.
– – – Sumado a ello, es conveniente resaltar que asimismo me considero competente por el hecho del objeto de lo reclamado, que no es más que el resarcimiento de un daño, regido por el derecho privado (daño moral, art. 1078 del Código Civil) aunque en el marco de la ley precedentemente citada.
– – – En esta línea, nuestro más alto tribunal provincial tiene dicho que la pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios originados, por ejemplo, en la negligencia y deficiencia en el proceso de elaboración, envasado o conservación de un producto, tiene su origen en un contrato de compraventa regido por el derecho privado y alcanzado por las normas que establecen las bases legales para la defensa al consumidor y del usuario” (ley 13.133) (SCBA, B 68816 I 20-9-2006, “Terluk, Mirta Graciela c/ Coca Cola de Argentina S.A. y otro/a s/ Pretensión indemnizatoria. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1 ley 12008”; en el mismo sentido, SCBA, B 69961 I 18-2-2009, “Apuzzo, Gastón Emiliano y ot. c/ Prosegur S.A. s/ Pretensión indemnizatoria -Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008”).
– – – Así también , en un caso donde se solicitaba una indemnización por los daños y perjuicios producidos por el mal funcionamiento del sistema de alarma, nuestra corte sostuvo que el daño tiene por origen un contrato de prestación de servicios regido por el derecho privado y alcanzado por las normas que establecen las bases legales para la defensa del consumidor y del usuario en los términos del artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (ley 13.133) (SCBA, B 69961 I 18-2-2009, “Apuzzo, Gastón Emiliano y ot. c/ Prosegur S.A. s/ Pretensión indemnizatoria -Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008”).
– – – En consecuencia, corresponde rechazar la excepción analizada.
– – – 2. Que en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva, el demandado manifiesta no ser quien determinó el origen del producto reclamado, no lo certificó ni verificó, por lo es que un tercero ajeno a la relación causal. Ello, por ser un simple importador del electrodoméstico.
– – – La actora solicita asimismo el rechazo de esta defensa por ofrecer la demandada productos, no servicios de importaciones.
– – – Que analizada así la cuestión, entiendo que tampoco puede prosperar esta excepción. Ello por cuanto, el art. 2 de la ley 24240 es claro en considerar dentro de la denominación de proveedor (como persona obligada al cumplimiento de la ley) al importador. Al respecto, me permito transcribir el citado artículo que define al proveedor como “la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios” (el resaltado me pertenece).
– – – Que por otra parte es dable resaltar que doctrina especializada advierte que la responsabilidad que la ley le impone a los proveedores no requiere que haya existido una relación directa con el consumidor o usuario afectado, cual es el caso del productor o importador que vende al público mediante distribuidores o concesionarios o recurre el otorgamiento de franquicias. Así, es decisivo lo dispuesto en el art. 40 de la ley en análisis, el que establece que “si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa, o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la prestación o servicio…” (conf. Farina en “Defensa del consumidor y usuario”, 4° Edición, Ed.
Astrea, pág. 85).
– – – II) Que seguidamente, y en consecuencia, corresponde adentrarme en el análisis de la acción incoada a los fines de merituar su procedencia.
– – – 1. Para ello, en primer lugar, cabe tener presente que existe conformidad entre las partes respecto a la que actora adquirió, con fecha 28 de abril de 2007, una heladera side by en el local de Frávega de la ciudad de Tandil.
– – – Ahora bien, la actora argumenta, como base de su reclamo, que fue engañada en tal adquisición, por cuanto realizó la operación convencida de que el producto era totalmente americano. Así, grande fue su sorpresa cuando al fallar su motor, se constató que el mismo era de origen brasilero.
– – – Por su parte la demandada, si bien no niega tal circunstancia, manifiesta que por ello no puede ser responsabilizada por el daño alegado por la actora. Es que efectivamente el motor de la heladera es de origen brasilero, lo que no obsta a que el producto, tal como bien entendiera la actora se haya fabricado en Estados Unidos, como se publicitara.
– – – 2. Que así planteada la cuestión, entiendo que la misma se circunscribe a dilucidar sobre el alcance del deber de información que el art. 4 de la ley 24240 le impone a los proveedores de bienes en las relaciones de consumo; y luego el art. 8 de la misma ley en cuanto dispone que la publicidad integra el contrato de consumo. Es decir, que en este caso puntual, corresponde determinar si la
demandada incumplió con el deber de informar, que estaría dado por el conocimiento que a la actora hubo de habérsele brindado respecto al origen del motor de la heladera adquirida, y los efectos de esta conducta en el contrato de consumo.- – – El artículo referido en el párrafo anterior dispone que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo
relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.
– – – Relacionado con ello, caracterizada doctrina explica que el consumidor tiene una información inferior a la del proveedor y un alto costo para obtenerla, lo que afecta su capacidad de discernimiento en condiciones igualitarias. Ello justifica que se imponga un deber de informar a quien ya posee la información o la puede obtener a un menor costo. En las relaciones jurídicas bilaterales (como la
presente) el deber de información es un deber colateral que tiene por objetivo poner al otro contratante en condiciones de obrar racionalmente, de tener discernimiento. El deber de informar es un deber que incumbe a todo experto, ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de derechodeber, según la perspectiva que se adopte (conf. Lorenzetti en “Consumidores”, 2° Edición, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 150).
– – – Que entiendo oportuno destacar que coincido con la doctrina que entiende que el deber de información adquiere, en materia de defensa del consumidor, el rango de derecho fundamental, reconocido expresamente en el art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto que constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la superioridad económico-jurídica que suelen detentar los
proveedores (Wajntraub en “Protección jurídica del consumidor”, Ed. Lexis Nexis, pág. 48).
– – – Que en esta línea, nuestro más alto tribunal provincial ha sostenido que “la información debe tener aptitud para colocar al otro contratante en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado en el negocio. En tal sentido, la información debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. La información debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad (SCBA, B 65834 I 7-3-2007, “D.E.U.CO. Defensa de Usuarios y Consumidores Asoc. Civil c/ Org. Regulador de Aguas Bonaerense y Aguas del Gran Bs. As. s/ Amparo-Cuestión de competencia art. 6ø CCA”, en el mismo sentido, C 102100 S 17-9-2008, “Lucero, Osvaldo Walter s/ Amparo”, C 99518 S 3-6-2009, “Conca, Hugo Luis c/ Banco de la Provincia de Bs.As. s/ Cumplimiento de contrato, cancelación de hipoteca y repetición de pago”).

– – – 3. Que teniendo en claro que el deber de información rige durante toda la relación de consumo, corresponde analizar en autos los datos suministrados por el proveedor en la etapa de las tratativas previas, es decir fundamentalmente en la publicidad y los carteles y placas identificadoras del producto que llevaron a la actora a realizar el acto de consumo. Que analizar la información recibida por
este último medio es fundamental para determinar la transparencia en el vínculo a fin de que el consentimiento del consumidor fuera dado en forma libre (López Cabana, Roberto M.: “La información en los contratos de consumo”, en Revista Derecho del Consumidor, Nº7, del 7/06/01, Juris, Rosario, 2001, Pág. 47).
– – – Que la información otorgada por el proveedor en la etapa precontractual tiene como requisito ineludible en primer lugar, el de ser “cierta” (art. 4 de la ley 24.240). Ello implica que los datos deben estar fundados en hechos efectivos y ciertos. Que la veracidad se transgrede tanto en el caso de mensajes falsos, como cuando las manifestaciones son verdaderas, pero por la forma de su presentación, imágenes o sonido que acompañan a dichas afirmaciones inducen a error.
– – – Que al respecto, el art. 5 de ley N° 22.802 (de Lealtad Comercial), claramente establece que “queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas o envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas, o cualquier otro signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, o cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de producción”.
– – – Que la información suministrada al consumidor debe en segundo lugar ser “clara” (art. 4 de la ley 24.240), es decir debe utilizar un lenguaje comprensible y acorde a la cultura de los destinatarios. Ello implica que a los términos empleados debe asignárseles el sentido más acorde a los receptores y no a su emisor, considerando la amplitud de destinatarios a los que alcanza (Juzgado de Faltas
Nº 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, 07/07/2005, “Telefónica Unifón -TCP S.A.-”). Y sobre todo en cuanto a la publicidad, hay que tener en cuenta que sus receptores no realizan un análisis detallado del mensaje, y por tanto debe considerarse el efecto que la «impresión global» de la publicidad produce en ellos (Delgado Zegarra, Jaime: “Técnicas de comercialización y publicidad”, en Stiglitz, Gabriel: Defensa de los consumidores de productos y servicios. Daños–Contratos, La Rocca, Buenos Aires, 2001, Págs. 158 y 159).
– – – 4. Que en relación al caso de autos, con las cartas documentos enviadas a Whirlpool (fs. 10 y 11) entiendo acreditado los dichos de la parte actora en cuanto a que tenía especial interés en comprar una heladera de origen norteamericano (fs. 128 vlta. a 131). Que además está corroborado porque la parte demandada que si bien desconoce los hechos alegados por la actora, a continuación se limita
a explicar que la heladera no deja de ser norteamericana por el hecho de que uno de sus componentes tenga un origen diverso (fs. 172 vlta. 182).
– – – Que con las fotocopias certificadas de las fotografías (fs. 397/400bis y 426/429) y la placa de identificación de la heladera (fs. 424) todo obrante en el expediente en trámite por ante la O.M.I.C., se prueba que la actora al momento de consumir interpretó que la heladera era de origen estadounidense, sin poder diferenciar y ni siquiera imaginar que alguno de sus componentes podría llegar a
ser de otro país (menos aún en el “motor”).
– – – Por otra parte cabe resaltar que la demandada sí tenía conocimiento de la forma de composición de la heladera, toda vez que explica (fs. 363/367, 369/370 y 408/410,) en forma detallada que es fabricada en Estados Unidos pero que se utilizan partes elaboradas en otros países.
– – – Que la consumidora (en su condición de profano frente al proveedor) no tenía por qué saber que uno de los componentes del producto adquirido era de un origen distinto al que figuraba en su publicidad. Y si bien es cierto que el proveedor no tiene obligación de dar a conocer en la publicidad todos lo datos del producto que ofrece, debe en casos como el presente donde la actora solicitó
específicamente una heladera norteamericana, tener a disposición de los interesados datos complementarios de dicho bien a fin de que los consumidores puedan conocer acabadamente el producto que van a adquirir (así por ejemplo el art. 4 de la Resolución del Grupo Mercado Común 45/2005 del MERCOSUR -publicidad engañosa- (no vigente por falta de ratificación estatal) establece que
“Cada Estado Parte, internamente, podrá exigir que el proveedor de productos y servicios mantenga en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos, que den sustento al mensaje publicitario”).
– – – En definitiva, en este caso la actora tenía la determinación de adquirir una heladera de origen norteamericano y si bien como alega la demandada los datos publicitarios no eran completos, era su obligación ampliar dicha información, ofreciéndole datos adicionales sobre la composición de la heladera a los fines de ubicarla a esta en una posición que le permitiera tomar la decisión que le pareciera conveniente (arg. arts. 4 de la ley 24.240 y 384 del C.P.C.C.).
– – – Que todo lo expuesto, me lleva a concluir que en autos se configuró un caso de publicidad engañosa en los términos del art. 5 de la ley 22.802, y que ello ha producido una violación al art. 4 de la ley 24.240 en esta relación de consumo.
– – – 5. Sabido es, que la publicidad engañosa es un obstáculo para el acceso al consumo. Los anuncios omiten, falsean o exageran información y apelan a la confianza. Cuanto mayor es la ausencia de información en el consumidor, mayor es la confianza que deposita en el proveedor, porque “la confianza cumple una función comunicacional; es un poderoso emisor de mensajes y constituye un
puente entre el consumidor y el proceso de consumo” (Weingarten, Celia: Derecho del consumidor, Universidad, Buenos Aires, 2007, pág. 73). La confianza es lo que permite el funcionamiento eficaz de las relaciones jurídicas de gran complejidad (Lorenzetti, ob. cit. pág. 63).
– – – Que la ley de defensa el consumidor también establece que “Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor” (art. 8). Que esta norma es claramente aplicable a los casos de publicidad engañosa por omisión de datos como el de autos.
– – – Que la doctrina ha considerado que el deber de información es accesorio al deber de conducta tiene sustento en el principio de la buena fe, y obliga al oferente en virtud de la generación de confianza creada (conf. Farina: ob. cit. pág. 180; Lovece, Graciela: La información y publicidad del servicio médico, Astrea, Buenos Aires, pág. 103; Morello, A., Stiglitz, R. y Stiglitz. G.: “Información al
consumidor y contenido del contrato”, en Revista Derecho del Consumidor, Nº1, Juris, Rosario, 1991, pág. 35; PIZARRO, R. y VALLESPINOS, C.: “Publicidad inductiva y engañosa”, en Revista Derecho del Consumidor, Nº1, 1991, Juris, Rosario, pág. 43, entre otros). Que la publicidad obliga siempre que pueda demostrarse que la propuesta haya generado confianza en sus destinatarios y expectativas de cumplimiento, ya que “desde el punto de vista del oferente, no resulta obligado por su voluntad, sino por la
apariencia jurídica creada; se trata de un fenómeno imputativo de efectos negociales en base a la regla de que lo declarado por sobre las intenciones.
Desde el punto de vista del aceptante, no interesa tanto su voluntad, como la confianza que prestó para aceptar” (el resaltado me pertenece) (Lorenzetti, R. L.: “La oferta como apariencia y la aceptación basada en la confianza”, 2000, publicado en www.laleyonline.com.).
– – – Por todo lo expuesto, y en virtud de la remisión efectuada por la reglamentación del art. 8° de la ley 24.240, es aplicable el art. 7 (inc. a, párr. último) que dice: “cuando por cualquier causa en una oferta se hubieren incluido precisiones contradictorias, se estará siempre a la más favorable al consumidor o usuario”… (confr. Belluscio-Zannoni, “Código Civil”, T. 8, p.894/895, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999), determino que las precisiones publicitarias engañosas ofrecidas a la parte actora integran el contrato de consumo, y en consecuencia que la demandada ha incumplido lo pactado al entregarle una heladera que no llenaba las especificaciones contenidas en lo ofrecido (arts. 8 y 65 de la ley 24.540). – – – 6. Ahora bien, por último resta analizar los daños reclamados, la actora al realizar el reclamo extrajudicial a la demandada solicitó en primer lugar el cumplimiento de lo pactado, es decir que se le entregara una heladera
íntegramente norteamericana (fs. 10/11), y luego ante la imposibilidad fáctica de su concreción aceptó bajo protesto y en el producto ya adquirido, la sustitución del motor por otro igual al que tenía, es decir de origen brasileño (fs. 44). Que de esta manera, entiendo que se cumplió con lo ordenado por el 10 bis inc. b de la ley 24.240.
– – – Que sin perjuicio de lo anterior, la norma habilita a la actora a solicitar indemnización daños y perjuicios sufridos, y por tal motivo reclama daño moral. Que el perjuicio alegado no está fundado en el incumplimiento del contrato de compraventa sino en todos los padecimientos que tuvo que soportar la actora para que se escuchara su reclamo y se la atendiera. Que en ello también comprende el quiebre de la confianza depositada en el proveedor.
– – – Que de las declaraciones testimoniales de José Felipe Machado (fs. 300/302 -respuestas a las preguntas 4° y 5°-), y Marina Sventek (fs. 453/455 -respuesta a la pregunta 14°-) se acredita que la actora estuvo imposibilitada de usar la heladera durante el tiempo que duraron las tratativas administrativas (desde que ocurrió el desperfecto: octubre de 2007 -fs. 129-, hasta la fecha en que aceptó el
cambio de motor bajo protesta: 24/07/08 -fs. 367-). Que a su vez la insatisfacción por el producto equivalente recibido originó reclamos judiciales, todo lo cual configura un daño a las afecciones legítimas de la actora.
– – – Que en autos, la actora padeció un desperfecto mecánico en el motor de la heladera, lo que dio lugar a que corroborara que el producto adquirido no cumplía con lo pactado en el contrato de consumo. Esta conducta del proveer configura un caso de incumplimiento del deber de obrar de buena fe (art. 1198 del C.C.), al ocultar información sobre el origen de la heladera que de haberla conocido oportunamente la actora habría sido determinante para no adquirir el producto.
– – – Que este deber de obrar de buena fe obliga a la demandada a actuar en el mercado de manera leal y transparente. Que la utilización de publicidad engañosa resulta un ilícito prohibido ya que afecta el derecho a la información de sus destinatarios, porque resulta un perjuicio al derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores, y además como en el caso de autos porque permite obtener de manera fraudulenta el consentimiento para la realización del acto de consumo, todo lo cual importa un quiebre de la confianza depositada por la consumidora en el proveedor (arts. 1198 del C.C., 4 y 10 bis de la ley 24.240 y 384 del C.P.C.C.).
– – – En este sentido, una publicidad falsa, como aquélla tal vez no literalmente falsa, pero irregular por omisión, o como resultado de una impresión generalmente dada, puede perjudicar claramente a los consumidores, por inhibición de una opción informada, causando diferentes e irregulares resultados.
La promoción de una publicidad confiable, es en interés de la ética de la gente de negocios, tanto como de los consumidores (Harland, David: “Control de la Publicidad y la Comercialización” en “Defensa de los Consumidores de Productos y Servicios”, coordinado por Gabriel Stiglitz, Capítulo III, Ed. La Roca, Buenos Aires, 1994, p. 129).
– – – Que entiendo que el daño moral alegado por la actora es consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento, excede del riesgo propio y habitual de los negocios o la vida diaria, y lesiona un interés de afección (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, “Aimaretti, Albino A. A. y otra c. Chianelli, Eliseo R.”, 30/12/1987, publicado en www.laleyonline.com, Cita online:
AR/JUR/1827/1987).
– – – Que por lo expuesto, entiendo que con la prueba producida en autos se configuró un daño cierto que tuvo lugar en virtud de la privación del bien de uso doméstico (heladera) que la actora estuvo imposibilitada de usar, y dicha privación, en tanto no se ha probado que se encuentre vinculada con aspectos patrimoniales, ha de ser resarcida sólo en calidad de daño extrapatrimonial (art.
522 del Código Civil). (CC0202, LP, S 16-9-2004, J “Rey, Viviana Amanda c/ Finvercom S.A. Cia. Financiera s/ Daños y perjuicios” JUBA: B301305).
– – – Que a los fines de cuantificar el daño adhiero al criterio de la C.S.J.N. que para determinar un monto indemnizatorio prioriza la “realidad económica”, en el contexto de la verdad jurídica postulada en la sentencia, el derecho de propiedad del afectado y la defensa en juicio (15/10/96, publicado en L.L. 1995-E-104). Por ello, teniendo en cuenta el valor de referencia que resulta del precio actual de la heladera objeto de autos en el mercado, o en su defecto de otra que tenga similares características, que surge del informe obtenido online y agregado por Secretaría, fijo la indemnización por daño moral en la suma de pesos siete mil ($7.000).
– – – III) Que a la suma reclamada, deberán adicionársele intereses. Ello así, considero justo aplicar el criterio mantenido por nuestro máximo tribunal, en el sentido de que “los intereses devengados por los créditos reconocidos judicialmente deben liquidarse con arreglo a la tasa que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa” (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, art. 622, Cód. Civil)” (SCBA, C 101774 S 21-10-2009).
– – – Que respecto a la fecha de mora, adhiero a la jurisprudencia (por ejemplo Cámara Nacional en lo Comercial, Sala A, “Abiusso, Rodolfo Oscar c/ Compañía Financiera Argentina S.A.”, 28/12/10, publicado en www.laleyonline.com, Cita Online AR/JUR/92837/2010) que entiende debe tomarse la fecha en que la actora tomó conocimiento del perjuicio, es decir al momento en que el service de la garantía le informó que el motor que iban a utilizar para arreglar la heladera era de origen brasileño, y que según la actora sucedió en octubre de 2007 (ver fs. 129). Ello por cuanto si bien desde el día en que la adquirió tuvo lugar el engaño a la actora, y además comenzó a producirse una lesión a sus derechos a la información y a la tutela de sus intereses económicos, es a partir de la fecha indicada en la que la actora comienza a padecer el agravio moral que es lo reclamado en autos. (arg. art. 384 del C.P.C.C.).
– – – IV) Por último, corresponde analizar la procedencia de los daños punitivos reclamados por la parte actora a fs. 136, es decir, la aplicación de la multa prevista por el art. 52 bis de la ley 26361.
– – – Que la actora justifica este reclamo en el incumplimiento del proveedor respecto de derechos de incidencia colectiva, y la finalidad de prevenir hechos similares en el futuro. Por su parte la demandada, respecto a este reclamo expone que la actora busca en definitiva, enriquecerse a costa de su solvencia, y que no basta para tener por configurado el daño sólo mencionarlo (puesto que la actora no alega ni cuantifica ni un sólo gasto o pérdida que habría sufrido).
– – – Que el art. 52 bis arriba referido establece que “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso….”.
– – – Que el daño punitivo es de naturaleza sancionatoria (no resarcitoria) de la multa civil. En cuanto a ello, la ley es clara en cuanto a que se impondrá “independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”, es decir puede acumularse a otros rubros de condena como el daño moral de autos.
– – – Estos daños han sido definidos por la doctrina como aquellos otorgados para castigar al demandado por una conducta particularmente grave, y para desalentar esa conducta en el futuro (conf. Picasso, “Nuevas categorías de daños en la ley de defensa del consumidor” en Vázquez Ferreyra “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, pág. 128 citado por Farina en ob. cit. pág. 566). También debe recordarse la finalidad ejemplificadora de esta sanción, que tiene por objetivo disuadir al proveedor a incurrir nuevamente en la conducta prohibida por la ley y también a evitar daños análogos en otros consumidores
– – – Zavala de González explica que no es necesario que medie un factor subjetivo de atribución contra el responsable con relación específica al hecho perjudicial, sino que basta una conducta objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa por inercia, indiferencia hacia el prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio. Ello es así, pues no interesa tanto la subjetividad orientada hacia el hecho, como la que existe hacia la ilegítima obtención y conservación de los frutos colaterales. Por eso, es suficiente una antifuncionalidad genérica en la manera de desenvolver la actividad en que se origina el perjuicio (el resaltado me pertenece) (“Actuaciones por daños”, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pág. 332). Este es justamente el tipo de conducta a la que los daños punitivos están destinados a sancionar.
– – – Que en este caso si bien se acreditó un caso de publicidad engañosa, debe tenerse en cuenta que los derechos de los consumidores y usuarios configuran un supuesto típico de derechos de incidencia colectiva (art. 43 de la Constitución Nacional). Estos derechos exceden el plano meramente individual e interesan a la sociedad toda como poseedora de un “derecho en expectativa” al saneamiento
del mercado e imperio de las buenas prácticas comerciales.
– – – Que la publicidad tiene por finalidad captar potenciales clientes, y el carácter engañoso de los mensajes puede ocasionar un severo perjuicio a sus intereses económicos. Que este obrar ilícito del proveer debe ser calificado de grave, y tal carácter no deriva del monto del daño material que pueda provocar sino de su potencial aptitud dañosa de manera masiva a los derechos de los usuarios y consumidores. Por todo lo expuesto, estimo procedente el reclamo por este rubro.
– – – Que a los fines de determinar el monto de este reclamo, y teniendo en cuenta que la norma no prevé parámetros de cuantificación y a fin de evitar la imposición de sumas arbitrarias y caprichosas que no se condigan con las particularidades del caso y los objetivos concretos a los que el instituto de los daños punitivos está destinado a cumplir, entiendo que a los efectos de la cuantificación resulta
importante considerar el hecho generador (publicidad engañosa), la proporcionalidad con la gravedad de la falta (negligencia grave), el caudal económico del proveedor (Whirlpool), la equidad del caso concreto (que permiten analizar la particularidad del hecho), y no así el valor de la prestación, toda vez que se trata de una sanción, que busca evitar que la conducta sancionada vuelva a repetirse frente a otros consumidores (Tinti, Guillermo Pedro y Roitman, Horacio: “Daño punitivo”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni, 2012-1, págs. 220-223).
– – – Que por lo expuesto entiendo que se ha acreditado una conducta negligente de la demandada, que además califico como grave, y por ello determino el monto de pesos tres mil ($3.000) en concepto de daño punitivo (arts. 52 bis de la ley 24.240, 375 y 384 del C.P.C.C.).
– – – V) Que las costas deben ser impuestas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
– – – Por todo ello, RESUELVO:
– – – 1°) Rechazar las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva opuestas por el demandado.
– – – 2°) Hacer lugar a la demanda, y condenar en consecuencia al demandado a abonarle a la actora la suma de pesos siete mil ($7.000) con más los intereses fijados en el considerando III, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente (art. 163 inc. 7 del C.P.C.C.).
– – – 3°) Condenar a la demandada a abonar la suma de pesos tres mil ($3.000) en concepto de daño punitivo (art. 52 bis de la ley 24.240).
– – – 4°) Imponer las costas a la vencida (arts. 68 C.P.C.C.).
– – – 5°) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 del dec. ley 8904/77.
– – – REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula, por Secretaría las partes (art. 135 inc. 12 del C.P.C.C.), y remítanse los presentes autos al Agente Fiscal a fin de que se notifique de la sentencia.
DRA. ANA M. ESEVERRI
JUEZ – JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1
OLAVARRIA
– – – En igual fecha se agrega informe, se libran dos cédulas, y se remiten las actuaciones al Agente Fiscal a fin de que se notifique de la sentencia.
SUSANA M. SALLIES. SECRETARIA
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 DE OLAVARRIA