Partes: Gatti Daniel Arístides c/ Provincia de Santa Fe s/ accidente laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-jun-2013
Resumen de los puntos más importantes del fallo

1.-El sistema indemnizatorio tarifado de la ley 24.557 no contemplaba la reparación de daños extrapatrimoniales, ya que las indemnizaciones tarifadas y de pago único tienen ambas el carácter de reparar el lucro cesante; por lo tanto, es apropiado que el art. 3 de la ley 26.773 prevea una indemnización tarifada, que por su carácter presume la existencia y cuantía de daños adicionales, entre los que se encuentra comprendido el daño moral, dispensando de esta forma al trabajador de la prueba de estos extremos para acceder a su cobro.

2.-La indemnización prevista en el art. 3 ley 26.773 integra un régimen de reparación que tiene como objetivo la reparación de daños con criterio de suficiencia, siendo difícil negar que un accidente de trabajo no conlleve algún grado de afectación en los sentimientos del trabajador damnificado.

3.-El art. 17 inc. 5 ley 26.773 es inconstitucional en la parte en que dispone que la aplicación normativa alcanza únicamente a los damnificados cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha, en tanto constituye una discriminación a un sujeto doblemente tutelado a nivel constitucional, recibiendo un tratamiento distinto en iguales situaciones.

4.-La situación de un trabajador accidentado tiene a nivel constitucional una doble gravedad, en tanto se encuentran comprometidos los derechos de una persona que tiene especial tutela no sólo como trabajador, sino también como discapacitado, y la diferenciación normativa contenida en el art. 17 inc. 5 ley 26.773 entre trabajador ya incapacitado y el que sufrirá los daños a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial se traduce en negarle al primero una indemnización por daño moral (entre otros daños que podrían estar comprendidos en estos daños adicionales ) que es otorgada al segundo, lo que es lo mismo decir que un trabajador tiene un sistema mas amplio de reparación de los daños sufridos que otro, sin mayor justificación.

5.-Los accidentes de trabajo, incluso cuando afecten a agentes públicos, constituyen un capítulo jurídico que no pone en juego materia administrativa sino normas de derecho común, siendo ajeno por tanto a la necesidad de agotar tramitaciones en exceso de lo que prevé la ley 7232 o las necesarias para considerar que la Administración ha tenido suficiente posibilidad de expedirse.

6.-La Provincia no puede, al mismo tiempo, invocar el régimen de autoseguro y la aplicabilidad a su respecto de la Ley Nacional 24.557 pero desentenderse, por considerarlo inaplicable, de los aspectos normativos y reglamentarios de dicho sistema que eventualmente no le convengan; así, la Ley de Riesgos es norma de jerarquía superior, materialmente especial y temporalmente posterior a las reglamentaciones internas administrativas.

7.-Si la Provincia acepta someterse a la aplicación de la LRT para limitar las consecuencias económicas de los infortunios del trabajo de los agentes públicos, y máxime si opta por el régimen de auto-seguro, se somete igualmente a toda la normativa sistémica, conforme a la cual queda emplazada en una posición semejante a la de cualquier ART, sin que sean oponibles a la víctima las demoras inherentes a sus trámites, pases, pedidos de opinión y controles internos.

8.-Es la estructura de la ley 26.773 que las indemnizaciones devengadas pero aún no canceladas son ajustadas por el RIPTE a partir de la vigencia de la ley y, de esta forma, ello no implica ninguna aplicación retroactiva de la norma.

 

Fallo Completo:

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