Derecho de Familia

Si quien debe pagar la cuota alimentaria no lo hace, la ley te da herramientas concretas para cobrar lo que te corresponde — y acá explicamos cómo funciona el proceso en Córdoba, paso a paso.

Acordar o ganar en juicio una cuota alimentaria es solo el primer paso. El verdadero problema aparece cuando el obligado no paga: ¿qué hacés? ¿cómo lo ejecutás? ¿cuánto tiempo tenés para reclamar? En Córdoba, el Código de Procedimiento de Familia — Ley 10.305 — tiene un procedimiento específico para estos casos, más ágil que el proceso civil ordinario. Conocerlo te permite actuar rápido y cobrar lo que corresponde.

Punto clave

En Córdoba, la ejecución de cuota alimentaria tiene su propio trámite bajo la Ley 10.305. El deudor solo puede oponer como defensa el pago documentado: nada de dilaciones ni excepciones de fondo. El proceso es sumario y está diseñado para ser ágil.

¿Cuándo podés iniciar la ejecución?

El punto de partida es tener una sentencia firme o un convenio homologado que fije la cuota. Una vez que ambas partes fueron notificadas de la resolución y el obligado no abona en tiempo y forma, ya podés ejecutar. No hace falta esperar a que la deuda sea enorme: cada cuota impaga puede ejecutarse en forma independiente.

En la práctica, la mayoría de los casos se inician cuando se acumulan varias cuotas sin cobrar. Pero el momento en que decidís actuar importa mucho, porque las cuotas tienen un plazo de prescripción — y de eso hablamos más adelante.

El procedimiento del artículo 122: paso a paso

El artículo 122 de la Ley 10.305 regula específicamente la ejecución de obligaciones alimentarias. A diferencia de otras ejecuciones, acá el trámite es sumario y concentrado en pocos pasos:

1. Emplazamiento de tres días. Lo primero que ordena el juez es emplazar al deudor para que, en el plazo de tres días hábiles, acredite el pago de la deuda reclamada. No es una simple notificación: el deudor tiene que demostrar con comprobantes que efectivamente pagó. Si no lo hace, el proceso avanza.

2. Liquidación de deuda. Si el emplazado no acredita el pago — o solo lo acredita parcialmente —, la parte acreedora presenta una liquidación detallando el capital adeudado, los intereses y las costas del proceso. Esa liquidación debe ser clara y fundada, reflejando cuota por cuota lo que se adeuda.

3. Vista al ejecutado por tres días. Una vez presentada la liquidación, se le corre vista al deudor por otros tres días hábiles. En ese breve plazo puede impugnar los números de la liquidación u oponer la única excepción que la ley admite: el pago documentado. No puede discutir si debe o no debe, ni alegar que la cuota es alta, ni que está desempleado, ni ninguna otra excepción de fondo. Solo puede acreditar que pagó.

4. Resolución y avance hacia el cobro. Si el deudor no salva la situación en esa instancia, el proceso continúa y el juez habilita las medidas concretas de cobro sobre el patrimonio del deudor.

¿Cuánto tiempo tenés para reclamar? La prescripción

Este es el punto que muchas personas pasan por alto — y que puede costarles caro. Las cuotas alimentarias prescriben. Eso significa que si esperás demasiado, perdés el derecho a cobrarlas aunque exista una sentencia firme a tu favor.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 2562, inciso c, un plazo de prescripción de dos años para el reclamo de las cuotas alimentarias devengadas y no cobradas. Ese plazo corre desde que cada cuota se hizo exigible, es decir, desde que venció sin ser pagada.

La buena noticia es que la prescripción se interrumpe con la interposición de la demanda de ejecución. Por eso, cuanto antes actuás, mayor es la cantidad de cuotas que podés recuperar.

Ejemplo práctico

Si la cuota de mayo de 2024 no fue pagada, tenés tiempo de reclamarla hasta mayo de 2026. Si en esa fecha no iniciaste la ejecución, esa cuota prescribe y ya no podés cobrarla. Las cuotas más recientes siguen reclamables, pero las más antiguas se van perdiendo a medida que pasa el tiempo sin actuar.

¿Cómo se cobra la deuda? Las herramientas disponibles

Una vez que el proceso avanza, el juez puede ordenar distintas medidas para hacer efectivo el cobro. La particularidad de los alimentos es que, por tratarse de un crédito privilegiado, las restricciones habituales a los embargos no se aplican de la misma forma.

Embargo de sueldo. Es la medida más frecuente y efectiva. Se notifica al empleador del deudor para que retenga una parte de su salario y la deposite judicialmente. En materia alimentaria, el embargo puede abarcar proporciones mayores al tercio habitual que rige para otras deudas: la ley prioriza el cumplimiento de la obligación alimentaria por encima de las limitaciones generales.

Embargo de cuentas bancarias. Si el deudor tiene cuentas a la vista o cuentas sueldo, el juez puede ordenar el embargo de los fondos disponibles. Esta medida puede ejecutarse con relativa rapidez a través del sistema bancario.

Embargo de bienes registrables. Autos, inmuebles u otros bienes a nombre del deudor pueden ser embargados. El inmueble con afectación de bien de familia tiene protección, pero la jurisprudencia más reciente reconoce que esa protección tiene límites frente a deudas alimentarias, especialmente cuando se ejecutan cuotas destinadas a hijos menores.

Inhibición general de bienes. Cuando no se conocen bienes concretos del deudor, se puede pedir una inhibición general de bienes. Esto le impide vender o transferir cualquier bien registrable mientras dure la deuda. Es una medida preventiva que bloquea el patrimonio hasta que se localicen bienes concretos para embargar.

Embargo de jubilación o pensión. Al igual que ocurre con el salario, las prestaciones previsionales del deudor pueden ser embargadas, también en una proporción mayor a la habitual cuando se trata de créditos alimentarios.

¿Qué pasa si el deudor no tiene bienes conocidos?

Este es uno de los escenarios más frustrantes: el deudor trabaja informalmente o no registra bienes a su nombre. En esos casos, las alternativas incluyen investigar si percibe prestaciones del Estado, indagar cuentas digitales o billeteras virtuales, y solicitar al juez medidas de investigación patrimonial. En situaciones extremas, y según las circunstancias del caso, puede evaluarse si existe responsabilidad subsidiaria de otros obligados alimentarios, como los abuelos, conforme al artículo 537 del Código Civil y Comercial.

La clave: no esperar

El procedimiento de la Ley 10.305 es ágil, pero solo rinde frutos si se activa a tiempo. Cada mes que pasa sin iniciar la ejecución es una cuota más que se acerca a la prescripción — y un patrimonio del deudor que puede reducirse o transferirse. La recomendación práctica es no dejar acumular más de dos o tres meses de deuda antes de iniciar el trámite, y renovar la demanda periódicamente para interrumpir la prescripción de las cuotas más antiguas. Si ya tenés sentencia, el camino está abierto: solo hace falta recorrerlo.

Maricel Emilse Flamenco

Maricel Emilse Flamenco es socia fundadora de Herrera & Flamenco Abogados y desarrolla su práctica en derecho de familia, acompañando a sus clientes en procesos de divorcio, cuota alimentaria, cuidado personal y régimen de comunicación, con un enfoque claro, cercano y orientado a la resolución de conflictos.

¿Tenés cuotas alimentarias impagas en Córdoba?

Analizamos tu caso, calculamos la deuda acumulada y te acompañamos en todo el proceso para que cobres lo que te corresponde — antes de que prescriba.

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Herrera & Flamenco Abogados · Córdoba, Argentina

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• En los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que decidan en forma principal o que modifiquen lo resuelto en otra jurisdicción nacional, es competente el juez del lugar donde la persona menor tiene su centro de vida.
• En los procesos de divorcio o nulidad, los conexos con ellos y los que versen sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta.
• En caso de concurso o quiebra de alguno de los cónyuges, en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio es competente el juez del proceso colectivo.
• En los procesos derivados de uniones convivenciales, es competente el juez del último domicilio convivencial o el del demandado a elección del actor.
• Los procesos de alimentos o de pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes deben tramitarse ante el juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del beneficiario o del demandado, o del lugar donde deba ser cumplida la obligación, a elección del actor.
• En la acción de filiación, excepto que el actor sea menor de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del domicilio del demandado.

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El art. 432 establece:

ARTÍCULO 432.- Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la convivencia y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código, o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles

Se establece únicamente la subsistencia de la obligación alimentaria, sólo en dos casos, sin hacer ninguna mención cómo en el régimen anterior a la culpabilidad, que ya no existe en la nueva normativa:

ARTÍCULO 434.- Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio: a) a favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se trasmite a sus herederos. b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos.

Dicha obligación cesa si:

desaparece la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad.

Por lo cual, teniendo en cuenta que como se establece en el título preliminar, el código se aplica sobre las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes, con la entrada en vigencia del nuevo Código, los alimentantes en cuyo perjuicio haya sido fijada una cuota basándose en la culpabilidad, podrán pedir el cese de la cuota alimentaria, la cual únicamente subistirá si se dan los presupuestos establecidos por la ley actual. Esto es conforme a la interpretación de que nuestro código (el anterior y el actual) no recepta la tesis de derechos adquiridos.

En conclusión, en estos casos, se podrá pedir el cese de la cuota, y sólo deberá mantenerse en caso de necesidad o enfermedad del alimentado.

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Fallo Completo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los diez días del mes de marzo del año dos mil once, los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sergio Ricardo González, Clara D. L. de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y Sergio Marcelo Jenefes, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 7231/10 caratulado: «Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-177846/07 (Vocalía I Tribunal de Familia) Ejecución de convenio en Expte. Nº A-43.379/99: A. C. P. c/ A. M. R.»
El Dr. González dijo:
En lo que es pertinente aquí reseñar, el Tribunal de Familia, actuando como órgano de apelación, confirmó la sentencia por la que el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial hizo lugar a la defensa de prescripción articulada por el demandado -padre de la actora- para enervar la ejecución del convenio de cuota alimentaria celebrado en el principal y, en su mérito, declaró prescriptas las que se habían devengado antes de los cinco años previos a la promoción de la ejecución. Citó como fundamento de ese pronunciamiento el art. 4027, inc. 1 del Cód. Civil.
Al apelar esa sentencia, alegó la alimentada que mientras fue menor de edad la prescripción no afectó su crédito. El ad-quem desestimó ese fundamento considerando que por virtud del ejercicio compartido de la patria potestad, la madre de la ejecutante pudo reclamar del padre las cuotas alimentarias adeudadas, de modo que no era predicable al caso la doctrina que fluye del art. 3980 del Cód. Civil en virtud del cual pueden los jueces dispensar las consecuencias de la prescripción en casos en que el acreedor hubiere acreditado imposibilidad de hecho para el ejercicio de la acción. Desestimó también el agravio de la recurrente por la distribución de las costas por el orden causado.
En contra de esa sentencia, promueve la Dra. María Ester Ventecol, en representación C. P. A., el presente recurso de inconstitucionalidad.
Con extensas consideraciones descalifica la conducta del demandado y dice de la injusticia del fallo que hace lugar a su defensa. Señala, en concreto, que a poco de cumplir la mayoría de edad, su mandante reclamó el pago de las cuotas vencidas e impagas (concretamente: las devengadas desde enero de 1995 a junio de 2007, conforme planilla de fs. 8/11 del Expte. B-177.846/2007 por un total de $ 25.957,45 al 11 de mayo de 2007). La sentencia es arbitraria -dice- porque no contempla que mientras fue menor de edad la prescripción no alcanzó esos créditos. Alega que tratándose de demanda en contra de uno de sus progenitores, no corre la prescripción que prevé el art. 3966, conclusión que armoniza con el compromiso asumido por el Estado Nacional en la Convención de los Derechos del Niño, particularmente, en resguardo de las prestaciones alimentarias. La morosidad de quienes representan legalmente al menor no puede perjudicarlo ni configurar una renuncia a sus derechos.
También se agravia porque las costas fueron impuestas por el orden causado en tanto la conducta del demandado y su incumplimiento a la obligación alimentaria asumida al suscribir el convenio ejecutado, justificaba que las cargara íntegramente.
La Sra. Defensora de Pobres y Ausentes, Dra. Silvia Fiesta, en representación de M. R. A., contestó a fs. 29/30 el traslado que de ese recurso le fuera conferido. Entiende que debe rechazarse porque sólo expresa la disconformidad de su promotor. Alega, además, que al entrar en vigencia las Leyes 23264 y 23515 el argumento que adopta la recurrida resulta insostenible puesto que la madre, en ejercicio de la patria potestad, pudo reclamar los alimentos del padre de la menor. Al no haberlo hecho permitió que operara la prescripción. Tal lo normado por el art. 3966 del Cód. Civil. Evoca la doctrina que fluye del art. 645 del CPCCN que fija como principio la presunción de la falta de necesidad de las cuotas alimentarias no ejecutadas. Descarta imprescriptibilidad del crédito reclamado pues esa característica corresponde al derecho a reclamar alimentos, no a percibir las cuotas ya devengadas, en cuyo caso es de aplicación el art. 4027 inc. 1 del Cód. Civil. Lo mismo argumenta respecto al carácter irrenunciable del derecho en disputa. Repele también, remitiendo a los argumentos expresados en la anterior instancia, el agravio que concierne a la distribución de las costas causídicas. Agrega consideraciones acerca de la improcedencia formal del recurso y pide, en concreto, su rechazo con expresa imposición de costas.
A fs. 38/39 emitió dictamen la Sra. Fiscal General Adjunta en sentido adverso a la recurrente. Estima que no se configura causal de arbitrariedad, que el fallo está fundado en razones suficientes y los agravios que en su contra expone el recurrente sólo representan su mera disconformidad con lo resuelto. Coincide con los jueces de las anteriores instancias acerca del plazo de cinco años para la prescripción de las cuotas alimentarias vencidas a contar desde que cada uno debió pagarse y su aplicación a los menores de edad por el carácter compartido de la patria potestad.
Consentida la integración del Tribunal, los autos son traídos para el dictado de nuestra sentencia.
Sobre si es o no aplicable al caso la dispensa a la prescripción que establece el art. 3980 del Cód. Civil en tanto ésta transcurrió mientras la ejecutante fue menor de edad, encuentro respuesta negativa, a tenor de lo dispuesto por el art. 3966 del mismo Código que prevé que ésta «corre contra los incapaces que tuvieren representantes legales». Tal el caso de C. P. A. respecto de su madre F. R. quien, por la patria potestad (art. 264 del Cód. Civil conforme reforma de la Ley 23264) tuvo su representación y, de hecho, la ejerció al demandar por alimentos y suscribir el acuerdo que bien pudo ejecutar en tiempo propio y no hizo.
Las razones que esgrime la recurrente al decir de las limitaciones de la progenitora al efecto no pueden modificar lo dicho, porque no fueron probados hechos impeditivos para el ejercicio de los derechos de su hija y porque la ignorancia del derecho no es excusable. Además, la prescripción transcurrió cuando ésta contaba con letrado representante en el juicio en el que, precisamente, se arribó al acuerdo que luego desatendió el demandado.
En el punto, la sentencia debe confirmarse.
Descarto en cambio que el plazo de la prescripción sea el quinquenal del art. 4027 inc. 1 del Cód. Civil pues, en el caso, se trata de la ejecución de la sentencia que homologó el convenio (cfr. fs. 23 y 29 del principal). Y si bien la cuestión no fue puntual motivo de agravio, cabe modificar la sentencia recurrida y la que ésta confirma en este aspecto por el principio iura novit curia, en virtud del cual los jueces están obligados a aplicar el derecho pertinente, independientemente de las alegaciones de las partes.
Si bien la cuestión relativa al plazo de prescripción en casos como el de autos mantiene encontradas opiniones en la doctrina y la jurisprudencia, coincido con la que postula que «el plazo quinquenal de prescripción del art. 4027 inc. 1 del Código Civil no es de aplicación cuando existe sentencia homologatoria firme pues, por vía de principio, a la ejecución de una sentencia y al derecho a reclamar lo que ella manda cumplir, se aplica el plazo decenal de la «actio judicati o iudicata» (Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, 12/05/2004, Brisson, Cecilia M. c. Ríos, Rubén E. en LLLitoral 2005 (julio), 663 AR/JUR/5682/2004). Y ello así, toda vez que «el derecho del vencedor en un juicio para obtener la ejecución de la sentencia, está sujeto a un nuevo plazo de prescripción, que no es otro que el que establece el art. 4023 del Cód. Civil; y la manera de interrumpir el curso de la prescripción «actio judicati» es ejercer actos que tiendan a hacer efectiva tal ejecutoria, o sea continuar adelante con el trámite de la ejecución de sentencia. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, 07/11/1989, Cufre, Félix c. Grassetti, Norma T., L. L. 1990-D, 49 – DJ 1991-1, 988).
Es que aún cuando la sentencia no causa novación en el sentido del art. 801 del Cód. Civil, constituye un nuevo título que sustituye al originario y da lugar a la ejecutoria que prescribe en 10 años conforme la norma citada (art. 4032 del Cód. Civil).
Esa es la opinión de Augusto César Belluscio (Manual de Derecho de Familia, Bs.As. Ed. Depalma 1998 T II p. 411); de Carlos A.R. Lagomarsino y Jorge A. Uriarte (Juicio de Alimentos, en Procesos Civiles 3, dirigida por Augusto Mario Morello, Ed. Hammurabi, Bs.As. 1997 p. 36), entre otros y que comparto porque es, a mi juicio, la que se compadece con el principio por el cual de dos o más posibles, ha de estarse por la interpretación que preserve el derecho y no por la que lo aniquile y que debe aplicarse con mayor rigor, tratándose de derechos reconocidos a favor de menores de edad.
Con ese alcance, propicio hacer lugar al agravio hasta aquí tratado.
En cuanto al que concierne a las costas del juicio, considero que el caso justifica hacer excepción al principio por el cual lo resuelto por los jueces de grado respecto de la materia no es revisable a través de este remedio por su extraordinario carácter y su inaptitud para valorar cuestiones de hecho. Ello así porque entiendo que al imponerlas por el orden causado se incurrió en arbitrariedad que cercena derechos constitucionales y que debe removerse en esta instancia para evitar cristalización de palmaria injusticia.
Así opino porque no es materia de debate que la obligación alimentaria mientras la actora fue menor de edad, pesó en el demandado, quien se comprometió en juicio a satisfacerla y no lo hizo. La acción en procura de su cobro fue procedente por todas las no prescriptas, lo que no deja dudas acerca de que, respecto de éstas, las costas deben ser soportadas por aquél en su condición de vencido. Respecto de las enervadas por la prescripción, entiendo que el reclamo de la ejecutante fue formulado con algún derecho pues efectivamente estaban insatisfechas; y de buena fe, en la convicción de que el padre no se escudaría en ese instituto tratándose nada menos que de deudas por alimentos a favor de su hija, lo que justifica hacer aplicación al caso de la excepción que contempla la segunda parte del art. 102 del CPC.
Además, cargar a la actora en costas, aún cuando sólo lo sea en la medida en que las causó respecto de las prescriptas, importaría desatender el carácter intangible de los alimentos menoscabando el crédito insoluto y exigible, contrariar la finalidad asistencial que persigue la obligación impuesta al alimentante y desatender la conducta claramente reprochable del demandado.
En definitiva y por las razones hasta aquí expuestas, propongo hacer lugar a este recurso con el alcance indicado y, en su mérito, establecer que la prescripción opuesta en el principal alcanza a los créditos anteriores a los diez años previos a la demanda y que las costas de todas las instancias deben ser soportadas por el demandado.
De compartir mis pares este temperamento, los autos deberán volver a la Sala I del Tribunal de Familia para que dicte nuevo pronunciamiento con ese alcance.
La regulación de los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia deberá diferirse para cuando se practique la que corresponde por la labor desarrollada en las anteriores.
Tal es mi voto.
Los Dres. de Falcone, del Campo, Bernal y Jenefes, adhieren al voto que antecede.
Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia,
Resuelve:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso articulado por la Dra. María Ester Ventecol en representación de C. P. A. y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal de Familia el 22 de setiembre de 2009, al que deberán volver los autos para que dicte nuevo pronunciamiento, conforme lo considerado en el presente.
2. Imponer las costas de todas las instancias a M. R. A.
3. Diferir la regulación de los honorarios profesionales por la actuación en esta instancia para cuando se determinen los de las anteriores.
4. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.
Firmado: Dr. Sergio Ricardo González – Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone – Dr. José Manuel del Campo – Dra. María Silvia Bernal – Dr. Sergio Marcelo Jenefes.

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