Si tenés una empresa constituida en el extranjero y querés expandir tu actividad a Argentina —o puntualmente a Córdoba—, no podés simplemente abrir las puertas y empezar a operar. La Ley General de Sociedades exige que primero te inscribas ante el organismo de contralor correspondiente. En Córdoba, ese organismo es la Inspección de Personas Jurídicas, conocida como IPJ. El proceso tiene nombre propio: autorización para funcionar. Y aunque puede sonar burocrático, en la práctica es un trámite estructurado que, con la documentación en orden, es perfectamente manejable.

Dos artículos, dos caminos muy distintos

La Ley General de Sociedades regula a las sociedades extranjeras en los artículos 118 a 123. Pero no todos los casos son iguales.

Si tu empresa quiere ejercer habitualmente actos de su objeto social en Argentina —tener clientes, emitir facturas, contratar empleados, firmar contratos de forma directa—, el camino es el artículo 118, tercer párrafo. Este exige inscribir una sucursal o establecer algún tipo de representación permanente en el país. Es el trámite más completo y el que más documentación requiere.

En cambio, si solo querés participar en la constitución de una sociedad argentina o integrarte como socia o accionista de una empresa ya existente —sin operar directamente desde la extranjera—, el camino es el artículo 123. Los requisitos son mucho menores: no hace falta fijar domicilio propio ni publicar en el boletín oficial argentino.

La diferencia no es menor. Una empresa brasileña que quiere prestar servicios directamente a clientes cordobeses necesita el art. 118. Una holding del exterior que solo quiere ser socia de una SAS local necesita el art. 123. Confundir el camino puede costar tiempo y dinero.

El trámite ante la IPJ de Córdoba

En la Provincia de Córdoba, la autoridad de aplicación es la IPJ. El procedimiento se rige por la Resolución General 3/23 de ese organismo, que regula en detalle los requisitos para la inscripción de sociedades extranjeras.

Para inscribir una sucursal o representación permanente bajo el art. 118, la documentación exigida incluye:

• Nota firmada por el representante designado, solicitando la verificación de los requisitos legales y fiscales, con constitución de domicilio administrativo electrónico.
• Acreditación de la existencia legal de la sociedad en su país de origen, conforme a las leyes de ese lugar (generalmente un certificado de vigencia del registro de origen).
• Sede social fijada en Córdoba con exactitud (dirección completa).
• Designación de un representante persona humana: nombre, apellido, número de documento, domicilio real y domicilio especial, más declaración jurada sobre condición de persona políticamente expuesta (PEP).
• Capital asignado a la sucursal, si lo hubiere.
• Acreditación de que la sociedad no tiene prohibiciones ni restricciones para desarrollar su actividad en su país de origen.

Toda la documentación extranjera debe estar apostillada y, si está en idioma distinto al español, debe acompañarse de traducción realizada por traductor público matriculado en Argentina.

El cambio de 2025 que simplificó el trámite

En junio de 2025, la IPJ dictó la Resolución General 22/25, que introdujo una modificación relevante para quienes venían frenados por un requisito complicado de cumplir: ya no es necesario demostrar que la sociedad extranjera efectivamente opera en su país de origen. Antes, había que aportar documentación probatoria de actividad real en el exterior. Ahora alcanza con acreditar que la sociedad tiene capacidad legal para hacerlo, es decir, que no está prohibida ni restringida de operar en su jurisdicción de origen.

Esto simplifica considerablemente el trámite para empresas que fueron constituidas recientemente, que tienen su actividad concentrada en Argentina desde el inicio, o que simplemente no generan documentación contable voluminosa en el exterior.

Lo que no cambió: las sociedades offshore —aquellas que directamente no pueden operar en su país de constitución— siguen sin poder inscribirse en Córdoba. Y para sociedades provenientes de jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal o en la lucha contra el lavado de activos, la IPJ aplica un criterio de evaluación más estricto y restrictivo.

Un caso para entender mejor

Imaginemos que Ramiro tiene una empresa de desarrollo de software constituida en Uruguay. Consiguió un contrato importante con una empresa cordobesa y quiere empezar a operar desde Córdoba: tener una oficina, contratar dos desarrolladores locales y facturar directamente desde su empresa uruguaya. En ese caso, necesita tramitar la inscripción bajo el art. 118 ante la IPJ. La documentación de su empresa uruguaya debe estar apostillada y, como ya está en español, no necesita traducción. Una vez inscripta, puede actuar con plena validez jurídica en Córdoba.

Si en cambio Ramiro solo quisiera invertir en una SAS cordobesa —sin operar desde la uruguaya—, el trámite sería el del art. 123, bastante más simple.

Por qué conviene asesorarse desde el principio

Operar en Argentina sin la inscripción correspondiente no es solo un problema formal: puede invalidar contratos celebrados en el país, generar contingencias impositivas y dificultar el acceso a financiamiento bancario o cuentas en el sistema financiero local. La inscripción ante la IPJ es el punto de partida para que tu empresa extranjera tenga existencia legal en Córdoba y pueda actuar con seguridad jurídica plena.

Además, una vez inscripta, la sociedad tiene obligaciones periódicas: actualización de datos, presentación de estados contables ante la IPJ y comunicación de cambios relevantes en su estructura societaria. Conocer esas obligaciones desde el arranque evita sorpresas.

Saber qué documentos preparar, cómo apostillarlos, qué declaraciones juradas acompañar y cómo encuadrar correctamente la actividad según el objeto social puede marcar la diferencia entre un trámite que avanza y uno que se traba durante meses en el organismo.