En mayo de 2026, la actriz Q’orianka Kilcher presentó una demanda de 99 páginas contra James Cameron, Disney y Twentieth Century Fox, alegando que el director utilizó sus rasgos faciales —capturados cuando tenía 14 años— para diseñar el personaje Neytiri en Avatar. El fundamento legal no es el derecho de autor, que no protege los atributos físicos de una persona, sino el right of publicity: el derecho a controlar el uso comercial de la propia identidad. Su abogado lo sintetizó con una frase que define con precisión el problema jurídico de la era digital: «Lo que Cameron hizo no fue inspiración, fue extracción». Y esa distinción —entre inspirarse en alguien y extraer su identidad como insumo de producción industrial— es exactamente la que los sistemas jurídicos actuales aún no saben cómo trazar.

Derecho a la imagen en Argentina: un marco construido para otra época

En el ordenamiento jurídico argentino, el artículo 53 del Código Civil y Comercial consagra el derecho a la imagen como un derecho personalísimo: nadie puede captar ni reproducir la imagen de una persona sin su consentimiento, salvo excepciones muy acotadas —participación en actos públicos, fines científicos o periodísticos de interés general. La norma es amplia en su formulación, pero sus límites prácticos quedan expuestos cuando la «reproducción» no es una fotografía ni un video, sino una reconstrucción sintética de rasgos biométricos mediante inteligencia artificial.

La jurisprudencia argentina ha reconocido el carácter autónomo del derecho a la imagen respecto del honor y la intimidad: su protección no requiere demostrar una afectación a la reputación ni una intromisión en la vida privada, basta la captación o reproducción no consentida. Sin embargo, los precedentes disponibles fueron construidos sobre tecnología analógica o, en el mejor de los casos, sobre fotografía digital. La pregunta de si la «extracción» de rasgos parciales para entrenar un modelo generativo constituye una «captación» en los términos del art. 53 es una que ningún tribunal argentino ha resuelto todavía. Y la ausencia de precedente en este punto no es un detalle menor: es el vacío sobre el que se construye el riesgo actual.

El problema de los datos biométricos

Una segunda capa de análisis, igualmente relevante, proviene del derecho de datos personales. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales categoriza los datos biométricos como datos sensibles —junto con el origen racial, las creencias religiosas y el estado de salud—, cuyo tratamiento está sujeto a restricciones reforzadas y requiere consentimiento expreso e informado. La Agencia de Acceso a la Información Pública ha señalado que el reconocimiento facial y el procesamiento de imágenes que permiten identificar a una persona constituyen tratamiento de datos biométricos en los términos de la ley.

Aquí el caso Kilcher resulta particularmente ilustrativo: si un sistema de inteligencia artificial es entrenado con imágenes de una persona real para aprender a replicar sus rasgos físicos, ¿estamos ante un tratamiento de datos biométricos sin consentimiento? La respuesta parece afirmativa bajo la ley vigente. El problema es que el marco regulatorio argentino actual —pensado para bases de datos con registros explícitos, no para el web scraping masivo que alimenta a los grandes modelos— carece de mecanismos efectivos para perseguirlo. La reforma de la ley de datos personales lleva años demorada en el Congreso, y el avance de la IA generativa ha vuelto urgente una actualización que el sistema político no termina de procesar.

La fragmentación de la identidad: ¿puede protegerse una mandíbula?

Uno de los problemas más novedosos que expone el caso es el de la fragmentación de la identidad. Los abogados citados en el análisis de IndieWire señalan, con razón, que probar una «similitud sustancial» cuando el personaje es azul, mide más de dos metros y es interpretado por otra actriz mediante captura de movimiento, resulta un desafío probatorio muy serio. El derecho a la imagen, tal como está construido en casi todos los ordenamientos, presupone una identidad reconocible: una asociación perceptible entre la persona real y su representación, que un observador razonable pueda establecer.

En el contexto de la IA generativa, este problema se invierte. Los modelos no copian un rostro entero: lo descomponen en vectores, en coordenadas, en relaciones métricas entre rasgos. El output puede ser un personaje que nadie identificaría como réplica de nadie en particular, pero cuya materia prima biométrica provino de una persona real. La «extracción» que denuncia Kilcher —»esto es mi mandíbula, estos son mis rasgos»— es, en rigor, el mecanismo operativo de toda IA entrenada con imágenes de personas reales. El derecho no tiene categorías para proteger un rasgo aislado, pero la tecnología no opera con el rostro como unidad: opera con sus componentes.

Actores sintéticos y el vacío laboral

El caso anticipa el escenario siguiente, que ya no es hipotético: estudios cinematográficos y empresas de publicidad que entrenan modelos con imágenes de múltiples actores para generar personajes sintéticos que no son atribuibles a ninguno de forma exclusiva. Si cien actores contribuyeron involuntariamente a un modelo generativo, ¿cada uno tiene un reclamo individual? ¿O la disolución de la identidad individual en el entrenamiento colectivo neutraliza cualquier pretensión de autoría o de imagen?

En Estados Unidos, el Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) incorporó en sus acuerdos de 2023 cláusulas específicas sobre réplicas digitales y actores sintéticos, estableciendo obligaciones de consentimiento previo, compensación económica y derecho de veto sobre el uso de la propia imagen digitalizada. Argentina carece de regulación equivalente. La Ley de Contrato de Trabajo podría interpretarse para cubrir algunos supuestos si el actor tiene relación de dependencia con el estudio, pero los trabajadores independientes —que son la mayoría en la industria audiovisual— quedan en un vacío normativo evidente.

Deepfakes y el estado del derecho argentino

La demanda de Kilcher incluye también una pretensión basada en la legislación californiana de deepfakes —específicamente por la inclusión de escenas íntimas del personaje—, que los abogados consultados califican de improbable desde el punto de vista técnico-jurídico. En Argentina, no existe todavía una ley específica sobre deepfakes. Los proyectos presentados en el Congreso desde 2023 no han logrado sanción. Los daños derivados de deepfakes no consentidos deben encuadrarse en las disposiciones generales del CCyC sobre responsabilidad civil extracontractual y en el artículo 1770 sobre protección de la intimidad, con las limitaciones que eso implica en términos de velocidad procesal, eficacia de las medidas cautelares y cuantificación del daño inmaterial.

En el plano internacional, el Reglamento de IA de la Unión Europea —cuyas primeras obligaciones sustantivas entran en vigor en agosto de 2026— establece para los sistemas de IA generativa la obligación de marcar el contenido sintético con metadatos legibles por máquina (art. 50 del AI Act). Se trata de una obligación de transparencia, no de prohibición, pero representa el primer estándar normativo vinculante que exige distinguir técnicamente entre lo real y lo generado. Su impacto en la jurisprudencia sobre deepfakes será significativo incluso fuera de la UE, porque fija el piso de diligencia exigible a las empresas del sector.

Un caso hipotético local

Para concretar el análisis en términos prácticos: una empresa de publicidad cordobesa contrata un servicio de IA generativa para crear la imagen de un «asesor financiero» ficticio destinado a una campaña digital. El resultado es un personaje que, sin ser una copia exacta, comparte rasgos faciales reconocibles con un profesional conocido en el ámbito local. Ese profesional nunca prestó consentimiento de ningún tipo. La empresa alega que el personaje es «sintético» y que no existe identidad verificable entre ambos. ¿Tiene el profesional una acción bajo el art. 53 CCyC? ¿Puede alegar tratamiento no consentido de sus datos biométricos bajo la ley 25.326? La respuesta honesta, hoy, es: probablemente sí en ambos casos —pero los tiempos procesales, la falta de precedentes específicos y la ausencia de normas de responsabilidad para los proveedores de IA harán el camino muy difícil y su resultado incierto.

Lo que se necesita y lo que falta

El caso Kilcher puede ser «frívolo» desde la perspectiva del derecho californiano vigente —como sostienen varios de los abogados citados—, pero como dispositivo de diagnóstico del estado del derecho frente a la IA generativa, es extraordinariamente útil. Nos muestra con precisión que los sistemas jurídicos construidos para regular la fotografía y el cine analógico no están equipados para responder a la extracción automatizada de identidad a escala industrial. La distancia entre la velocidad de la tecnología y la velocidad del derecho nunca fue tan grande.

Argentina necesita, con urgencia, al menos tres cosas: una actualización del art. 53 CCyC que incorpore expresamente la dimensión de la identidad digital y los datos biométricos procesados por IA; la sanción definitiva de la reforma a la ley de datos personales, con reconocimiento explícito de la responsabilidad de quienes desarrollan y despliegan sistemas de IA que procesen imágenes de personas sin consentimiento; y criterios claros —ya sea vía ley, reglamento o doctrina judicial— sobre qué constituye «captación» cuando el mecanismo es el entrenamiento de un modelo generativo. Mientras esas normas no existen, cada caso se resolverá —si es que se resuelve— con herramientas jurídicas diseñadas para otro siglo.