El 25 de marzo de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo unánime que va a resonar durante años en el derecho de propiedad intelectual digital. El caso se llama Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment y puso fin a un litigio que arrancó con una condena millonaria: en 2019, un jurado en Virginia había ordenado a Cox —uno de los principales proveedores de internet de EE.UU.— pagar 1.000 millones de dólares a Sony Music y otras discográficas por la piratería de música que hacían sus propios usuarios. Hoy, esa condena quedó sin efecto.

¿Qué pasó en el caso?

Las grandes discográficas —Sony, Universal, Warner— notificaron repetidamente a Cox que ciertos suscriptores de su servicio de internet estaban descargando música de manera ilegal. Las empresas le pedían que tomara medidas: suspender cuentas, terminar contratos. Cox actuó en algunos casos, pero no siempre. Eso, argumentaron las discográficas, lo convertía en cómplice. El jurado les dio la razón y fijó una indemnización astronómica.

El caso llegó a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que confirmó la condena. Pero Cox apeló ante la Corte Suprema, y el máximo tribunal revirtió todo, por unanimidad, con nueve votos a favor y ninguno en contra.

¿Qué criterio fijó la Corte?

La Corte estableció que la responsabilidad indirecta por derechos de autor —lo que en derecho anglosajón se llama contributory liability— requiere algo más que conocimiento. No alcanza con que el proveedor sepa que algunos de sus usuarios están pirateando contenido. Para que haya responsabilidad, el proveedor tiene que haber inducido esa infracción o haber ofrecido un servicio que esté específicamente diseñado o adaptado para eso.

En el caso de Cox, la Corte observó que la empresa desalentaba activamente la piratería en sus términos y condiciones, enviaba advertencias, suspendía cuentas y hasta cancelaba contratos por infracción repetida. Cox no anunciaba su servicio como una herramienta para bajar música gratis. Nada de eso encaja en la definición de un proveedor que «quiere» que sus usuarios infrinjan. Por lo tanto, no hay responsabilidad.

Un ejemplo para entenderlo mejor

Imaginá que sos dueño de un edificio de oficinas y uno de tus inquilinos, en la privacidad de su local, vende copias de películas sin licencia. ¿Sos vos responsable de esa infracción por haberle alquilado el espacio? La respuesta, según este fallo, es no: mientras no hayas promovido ni facilitado esa actividad, no te convertís en cómplice por el simple hecho de prestar un servicio que alguien usa mal. Lo mismo aplica para un proveedor de internet, una empresa de hosting o una plataforma de almacenamiento en la nube.

¿Por qué es relevante más allá de EE.UU.?

Argentina tiene su propia regulación sobre derechos de autor (Ley 11.723) y sobre responsabilidad de intermediarios digitales, pero no existe todavía una ley específica que regule de manera clara qué pasa cuando un ISP o una plataforma de servicios digitales «deja pasar» conductas infractoras de sus usuarios. Los tribunales argentinos han tenido casos de esta naturaleza, principalmente relacionados con plataformas de contenido, y la discusión sobre hasta dónde llega la responsabilidad de los intermediarios sigue abierta.

El fallo de la Corte Suprema de EE.UU. no obliga a nadie en Argentina, pero funciona como un faro: establece con claridad que la mera provisión de un servicio no puede equipararse a participación en una infracción, y ese principio es perfectamente trasladable al debate local. En el mundo de las plataformas digitales, las APIs, los servicios en la nube y las redes sociales, saber dónde termina la responsabilidad del intermediario es una pregunta que tarde o temprano también va a tener que responder el derecho argentino.

¿Y para los titulares de derechos?

Este fallo no significa que los derechos de autor queden desprotegidos. La Corte no dijo que los ISP puedan ignorar las infracciones sin consecuencias: dijo que el estándar para responsabilizarlos es más alto de lo que pretendían las discográficas. Los titulares de derechos siguen teniendo acciones directas contra quienes infringen, y también pueden exigir a las plataformas que actúen cuando reciben notificaciones formales —el famoso sistema de «notice and takedown». Lo que no pueden hacer, a partir de ahora, es demandar a cualquier proveedor que no haya apagado internet a sus clientes piratas.

Para artistas, autores, sellos discográficos y productoras, el mensaje es claro: la estrategia legal debe apuntar al infractor, no al canal. Y en ese camino, contar con asesoramiento en propiedad intelectual es clave para saber exactamente qué acciones tienen sentido y cuáles no.

Lo que queda por resolver

El fallo abre nuevas preguntas. ¿Cuándo un servicio digital está «diseñado» para infringir? ¿Las recomendaciones algorítmicas de una plataforma que promueven contenido pirata cambian la ecuación? ¿Qué pasa cuando el intermediario no solo presta acceso sino que también se beneficia económicamente del contenido infractor? Son debates que van a llegar a los tribunales, en EE.UU. y también en el resto del mundo, en los próximos años. Este fallo es un punto de partida, no un punto final.