Un fallo de la Cámara Nacional Comercial sala C responsabilizó a VISA y al Banco Comafi por debitar dos veces el importe de una cuota por un préstamo. Situación que de acuerdo a los jueces debió ser advertida por la tarjeta de crédito, ya que se inflaban los importes de manera significativa. Así se los obligó a pagar 20.000 pesos de daño moral a la demandante.

Se hizo cargo a visa, pese a no ser quien percibió esos pagos indebidos, por que en su rol de procesadora de los datos, “se halló en condiciones de detectar que el nombrado estaba cobrando ese exceso” “Así se desprende de los resúmenes que obran en autos, de los que se infiere que cada cuota fue cobrada dos veces, mediante la exhibición por el banco del mismo comprobante por el mismo importe. Se trató de duplicaciones -que se reiteraron a lo largo de todo el tiempo que duró el contrato- que no pudieron pasar desapercibidas a la nombrada, desde que esas duplicaciones no se exteriorizaron a través de un mero abultamiento de cifras cuya imputación pudiera haber sido ignorada, sino que se concretaron mediante la presentación de dos comprobantes iguales en cada ocasión, susceptibles de exhibir con claridad que se estaba cobrando dos veces el mismo concepto. Si al procesar los datos hubiera actuado con la diligencia que era dable esperar de ella, hubiera advertido que se estaba procediendo al referido cobro duplicado.”

Fallo Completo:

Carátula: Martínez, Juana Elvira vs. Banco Comafi Fiduciario Financiera y otro s. Ordinario

  • Fecha: 08/05/2014
  • Juzgado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala C

En Buenos Aires a los 8 días del mes de mayo de dos mil catorce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer en los autos “MARTINEZ JUANA ELVIRA c/ BANCO COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERA Y OTRO s/ ORDINARIO” (Expediente N° 101573.00; Juzg. Nº 25, Secretaría Nº 49; causa Nº 04769) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Juan Roberto Garibotto (8) y Eduardo R. Machin (7).
Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 788/811?
La señora juez Julia Villanueva dice:
I. La sentencia apelada.
1. La señora Juana Elvira Martínez demandó a Visa Argentina SA y al Banco Comafi SA a efectos de que le indemnizaran los daños y perjuicios que alegó haber sufrido a causa del ilícito proceder que imputó al Banco Patricios SA. y al Banco Mayo S.A.
El Banco Comafi SA fue demandado en su carácter de titular del fideicomiso creado en el marco de la reestructuración del mencionado Banco Mayo SA llevada a cabo en los términos del art. 35 bis de la Ley 21526; mientras que, de su lado, la restante codemandada lo fue por ser la administradora del sistema de tarjetas de crédito Visa y titular de la marca respectiva; tarjeta que, según señaló la actora, había sido la utilizada en la implementación de la operación que dio origen al mencionado ilícito.
En sustento de la acción, la demandante adujo que el Banco Patricios S.A. le había debitado en forma incorrecta -duplicando sus importes- las cuotas de cierto préstamo que le había otorgado; débitos que, como se dijo, habían sido practicados en la aludida cuenta de su tarjeta Visa. 
Mediante el pronunciamiento de fs. 788/811, el señor juez de grado consideró -entre otras cosas- que el Banco Comafi SA carecía de legitimación pasiva, por lo que rechazó la demanda deducida en su contra.
La admitió parcialmente, en cambio, en contra de la restante codemandada, a quien condenó a indemnizar a la actora el daño moral alegado por ésta, fijando la indemnización respectiva en la suma de $20.000. 
Para decidir del modo en que lo hizo, estimó -en lo sustancial- que Visa Argentina SA debía responder por las consecuencias del ilícito detectado, tanto en razón de su participación como administradora del mencionado sistema, como en virtud de lo dispuesto por el art. 40 de la Ley 24240.
II. El recurso.
La aludida sentencia fue apelada a fs. 813 sólo por Visa Argentina SA, quien sostuvo su recurso a fs. 879, el que no fue contestado por su contraria. La apelante se queja de la condena pronunciada en su contra, por considerar que no existe ningún fundamento para atribuir a su parte responsabilidad por el hecho ilícito que fundó la acción.
Sostiene que no fue ella sino el Banco Patricios SA. y el Banco Mayo SA quienes cumplieron defectuosamente frente a la actora el contrato de mutuo que habían celebrado, destacando que, por el contrario, no estaba a su alcance solucionar el problema de la demandante, quien, por ello mismo, no dirigió en su contra ninguna intimación al efecto.
Expresa que Visa Argentina SA no fue parte en ese contrato, y afirma que no es aplicable al caso la teoría de la conexidad contractual, dado que el mutuo en cuestión no puede ser confundido con el contrato de tarjeta de crédito, habiendo sido utilizada tal tarjeta como un mero mecanismo de pago.
Aduce que el hecho que haya figurado la marca “Visa” en los resúmenes de cuenta respectivos no habilita a extender automáticamente responsabilidad a su parte, y aclara que, dado el modo en que funciona el sistema, es notorio que el préstamo otorgado a la actora no fue un servicio que pudiera entenderse prestado por su parte por medio de esa tarjeta.
Explica que, por tratarse de un sistema “abierto”, ella tampoco fue la emisora de la referida tarjeta, habiéndose acotado su participación a la de otorgar a los bancos la licencia de uso de la marca “Visa”. 
En subsidio, cuestiona los argumentos que llevaron al sentenciante a considerar acreditado el daño moral invocado por la actora, quejándose también de su monto, por estimarlo elevado.
III. La solución. 
1. Como surge de la reseña que antecede, la actora promovió la presente acción a fin de obtener la indemnización de los daños que adujo haber sufrido como consecuencia del ilegítimo actuar del Banco Patricios SA y del Banco Mayo SA.
En sustento de su acción, adujo que los nombrados le habían cobrado indebidamente las cuotas de un préstamo que, otorgado a su parte por la primera de esas entidades, debía ser pagado por medio de su tarjeta de crédito “Visa”.
La demanda fue parcialmente admitida sólo en contra de Visa Argentina SA, quien se queja ante esta Sala en los términos que he dejado recién expuestos.
2. Por lo pronto, entiendo relevante destacar que, dado el tenor de los agravios, la apelante ha consentido la sentencia en cuanto tuvo por configurados los hechos ilícitos que fueron imputados a los bancos recién individualizados. 
Firme se encuentra, por ende, lo sostenido en ese pronunciamiento acerca de que la actora contrajo con el ex Banco Patricios SA un préstamo que debía ser cancelado en cuotas mediante débitos a practicarse en su tarjeta de crédito Visa, e igualmente firme está que esos hechos ilícitos fueron perpetrados por los nombrados en la cuenta de la actora correspondiente a esa tarjeta.
Así las cosas, corresponde determinar aquí si la relación que existió entre esos ilícitos y el uso de la tarjeta en cuestión habilita o no a extender a “Visa” las consecuencias de la responsabilidad por los daños que sufrió la actora. 
3. Debo comenzar por reconocer a mis distinguidos colegas el mérito de haberme hecho ver las cosas de un modo distinto al que en un principio me pareció correcto.
La sentencia que proyecté inicialmente para este expediente hacía lugar al recurso; pero, tras haber debatido la solución con ellos, me convencí de que el temperamento que -en otro supuesto- hubiera justificado mi inicial solución, era inaplicable al caso por las razones que más abajo expreso.
Por ese motivo, rehice mi voto en los términos que dejo plasmados a continuación.
4. La apelante sostiene, en síntesis, que es necesario distinguir entre el contrato de mutuo celebrado entre la actora y el banco -en cuya ejecución se cometieron los ilícitos que dieron lugar al pleito-, y el hecho de que ese mutuo haya sido cancelado por medio de la tarjeta “Visa” que pertenecía a la demandante; hecho -este último- que, según sostiene, no habilita a responsabilizar a su parte por las referidas consecuencias.
Pues bien: como es sabido, la operatoria multilateral y coordinada implícita en el sistema de tarjeta de crédito exige para su funcionamiento la existencia de varios contratos coligados en un mismo negocio (CNCom, Sala B, “Hager, Enrique c/ Lloyds Banks s/ Ordinario”, del 24/2/06).
Pero, para que tal conexidad contractual autorice a superar la valla contemplada en el art. 1195 del código civil, es necesario que entre el funcionamiento de la tarjeta y el acto ilícito cometido exista alguna relación de causalidad.
Sin duda, de esa conexidad entre los diversos contratos deriva la necesidad de que la administradora de la tarjeta fiscalice y controle todo el sistema y su correcto funcionamiento, asumiendo las consecuencias de la incorrecta prestación del servicio aun cuando no haya sido ella, sino el banco licenciatario, el autor de esa prestación inadecuada (ver, entre otros, CNCom, Sala E, 5.3.08, “Churrascaria Spettus SA c/ American Express SA s/ ordinario”; íd. Sala A, “Miller, Jorge y otros c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario”, del 12/12/03).
Y es también indudable que sólo en tal caso -esto es, cuando el servicio vinculado a la tarjeta es incorrectamente prestado-, la administradora debe asumir esas consecuencias, no así cuando el incumplimiento concierne a las prestaciones convenidas entre el titular de la tarjeta y el comerciante adherido. Así resulta de lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 25065 sobre tarjetas de crédito, que dispone:
“… El emisor es ajeno a las controversias entre el titular