El 27 de febrero de 2026, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. Diez días después, el 6 de marzo, fue promulgada mediante el Decreto 137/2026 y entró en vigencia de manera inmediata para la mayoría de sus disposiciones. Se trata de la reforma laboral más profunda de los últimos veinte años en Argentina: modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), crea nuevos mecanismos de indemnización, flexibiliza la jornada de trabajo, reduce la presunción de relación de dependencia y establece incentivos concretos para que las empresas contraten de manera formal.

¿Por qué se aprobó esta ley?

El argumento central del gobierno fue la informalidad laboral. Según datos del INDEC citados durante el debate parlamentario, alrededor del 43% de los trabajadores asalariados en Argentina —casi 6 millones de personas— carecen de registro formal y derechos laborales básicos. El objetivo declarado de la reforma fue reducir esa brecha: abaratar y simplificar la contratación formal, dar más previsibilidad a los empleadores sobre los costos de una desvinculación, y desincentivar la litigiosidad que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La ley fue aprobada con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones en el Senado, en medio de protestas sindicales y debates acalorados sobre si la flexibilización efectivamente genera más empleo.

¿Qué modifica concretamente?

La ley interviene sobre múltiples institutos del derecho laboral al mismo tiempo. Sus ejes principales son seis:

Indemnizaciones. Modifica la base de cálculo del artículo 245 de la LCT, excluyendo expresamente el aguinaldo (SAC) y los bonos anuales. Incorpora con rango legal el tope Vizzoti —que antes era solo jurisprudencial— y establece que el pago de la indemnización por despido es la única reparación procedente, sin posibilidad de reclamos adicionales una vez percibida.

Jornada y banco de horas. Habilita que empleador y trabajador acuerden por escrito un régimen de compensación de horas extras mediante banco de horas o francos compensatorios, siempre respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

Presunción de dependencia. Reduce el alcance de la presunción de relación laboral: si alguien presta servicios emitiendo facturas y cobrando por medios bancarios, ya no se presume automáticamente que es empleado en relación de dependencia. Esto tiene impacto directo en quienes contratan freelancers o trabajadores independientes.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Crea un fondo obligatorio al que los empleadores aportan mensualmente entre el 1% y el 2,5% de la nómina, administrado por entidades avaladas por la Comisión Nacional de Valores, y destinado a cubrir indemnizaciones.

Regularización laboral. Establece un régimen de «blanqueo laboral» con condonación de deudas de aportes, multas e intereses, y extinción de acciones penales para empleadores que formalicen relaciones laborales no registradas.

Litigiosidad. Limita los honorarios en juicios laborales al 25% del monto reclamado, permite pagar sentencias en cuotas (hasta 12 para pymes), y fija que la actualización de créditos laborales se calcula por IPC más un 3% anual.

¿A quién le aplica y a quién no?

La ley aplica a todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia. Pero hay exclusiones importantes que conviene conocer: no aplica al personal de la Administración Pública, al personal de casas particulares (que tiene su propio régimen), a los trabajadores agrarios, ni a los trabajadores independientes, sus colaboradores o los prestadores de plataformas tecnológicas —como los repartidores de apps de delivery— que tienen un régimen específico creado por la misma ley.

¿Cuándo entró en vigencia?

La mayoría de las disposiciones rigen desde el 6 de marzo de 2026. Hay algunas excepciones: la derogación de la Ley de Teletrabajo, por ejemplo, entrará en vigor recién el 1° de enero de 2027. La ley también establece plazos específicos para la implementación del FAL y del régimen de regularización. Es importante no asumir que todo entra en vigencia al mismo tiempo: algunas normas requieren reglamentación previa.

¿Por qué esta ley le importa a vos?

Porque modifica las reglas del día a día. Si sos empleador, cambia cómo calculás el costo de un despido, cómo organizás la jornada de tu equipo y qué documentación necesitás para protegerte ante un reclamo de un contratista. Si sos trabajador, cambia lo que te correspondería cobrar ante una desvinculación y cómo se calcula ese monto. Si sos emprendedor que trabaja con colaboradores, cambia cuándo esa relación puede ser reclamada como laboral y cuándo no. En los próximos artículos de esta serie vamos a analizar cada uno de estos puntos en detalle, con ejemplos concretos y sin tecnicismos innecesarios.