Intereses en juicios laborales: qué cambia con el fallo de la Corte

Si tu empresa tiene un juicio laboral pendiente, el fallo “Cabana Opanasiuk” de la Corte Suprema, del 5 de noviembre de 2026, obliga a revisar cómo se actualiza la deuda en los expedientes alcanzados por el artículo 55 de la Ley 27.802. La Corte ordenó dictar nuevas sentencias conforme a ese régimen: tasa pasiva del Banco Central, con un máximo y un mínimo vinculados al IPC más un 3% anual. El monto concreto sigue dependiendo de cada expediente.

Qué resolvió la Corte en “Cabana Opanasiuk”

En “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido”, expediente CNT 27766/2020/CS1, la Corte trató conjuntamente ocho causas provenientes de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La Cámara había declarado inconstitucionales las prohibiciones de actualización monetaria de las leyes 23.928 y 25.561 y dispuesto reajustar los créditos mediante IPC más un interés del 3% anual.

Las empresas demandadas recurrieron. Los recursos extraordinarios fueron concedidos exclusivamente por la cuestión federal vinculada a aquella declaración de inconstitucionalidad. Los planteos de arbitrariedad habían sido denegados y las demandadas no habían presentado las quejas correspondientes por ese aspecto. Esa delimitación importa para entender qué cuestión estaba habilitada ante la Corte.

Al resolver, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la legislación sobreviniente: la Ley de Modernización Laboral 27.802, publicada y vigente desde el 6 de marzo de 2026. Como su artículo 55 estableció pautas específicas para los juicios alcanzados, entendieron que resultaba innecesario pronunciarse sobre la constitucionalidad de las prohibiciones de indexar que habían originado las apelaciones.

Sin embargo, la Corte no dejó intactas las decisiones anteriores: las dejó sin efecto en lo pertinente y devolvió las actuaciones para que se dicten nuevos fallos conforme al régimen legal. No calculó cuánto debía cobrar cada trabajador ni fijó una condena nueva. La novedad es la directiva que deben considerar los tribunales al volver a resolver esos expedientes.

Cómo funciona el artículo 55: tasa pasiva, techo y piso

El artículo 55 de la Ley 27.802 contempla los juicios que estaban en trámite y pendientes de sentencia definitiva al entrar en vigencia la ley, incluidos los recursos de queja pendientes. Para ellos establece un cálculo con tres componentes que deben leerse conjuntamente.

Primero, la pauta de base. Se aplican intereses moratorios conforme a la tasa pasiva determinada por el Banco Central para el período correspondiente. Hablar de “tasa pasiva” sin identificar la serie aplicable, las fechas y el capital de cada rubro no alcanza para elaborar una liquidación verificable.

Segundo, el máximo. El resultado no puede superar el importe que surge de adicionar al capital histórico la actualización por IPC del INDEC más un interés del 3% anual. Ese parámetro funciona como techo dentro de este régimen transitorio; no corresponde asumir que siempre será el monto final a pagar.

Tercero, el mínimo. El resultado no puede ser inferior al 67% del cálculo utilizado como máximo. Por eso tampoco alcanza con aplicar la tasa pasiva y cerrar la cuenta: hay que contrastar ese resultado con ambos límites. El piso busca impedir que el importe quede por debajo de la proporción legal de aquella referencia.

Las disposiciones son de orden público y la norma prevé su aplicación judicial o administrativa, de oficio o a pedido de parte, incluso en concurso o quiebra del deudor. Esto no reemplaza la necesidad de presentar una cuenta clara y explicar por qué el expediente reúne las condiciones del régimen.

Un ejemplo para entender el 67%

Supongamos, únicamente para visualizar el mecanismo, que el importe de referencia obtenido con capital, IPC y 3% anual fuera de $10.000.000. El techo sería ese importe y el piso ascendería a $6.700.000. Son cifras hipotéticas: no representan una liquidación real ni una estimación para un período determinado.

Si el cálculo por tasa pasiva arrojara $8.000.000, quedaría entre los dos límites. Si arrojara $11.000.000, debería respetarse el techo de $10.000.000. Si diera $6.000.000, entraría en juego el piso de $6.700.000. El ejemplo permite entender por qué el régimen no equivale a aplicar siempre IPC más 3% ni a descontar siempre un 33%.

En un expediente real también hay que identificar desde cuándo es exigible cada suma, los pagos a cuenta, el período de cálculo y los conceptos efectivamente reconocidos. Los honorarios, aportes y costas requieren su propia revisión; no corresponde incorporarlos indiscriminadamente a la misma cuenta como si fueran capital laboral.

Qué juicios alcanza y por qué importa la firmeza

La fecha central del régimen transitorio es el 6 de marzo de 2026. El texto legal se refiere a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva al entrar en vigencia, e incluye expresamente las quejas pendientes. En su considerando cuarto, la Corte describe el ámbito como causas laborales sin sentencia definitiva firme.

Esto explica por qué no conviene resolver el encuadre preguntando solamente si “ya hay sentencia”. En las ocho causas había decisiones de Cámara recurridas. Hay que revisar qué estaba pendiente, cómo se concedieron los recursos y qué aspectos quedaron firmes. La existencia de una resolución anterior no permite, por sí sola, excluir o incluir un expediente.

El pronunciamiento no ordena reabrir automáticamente causas terminadas con sentencia firme ni deja sin efecto cualquier liquidación aprobada. Tampoco autoriza a extrapolar su solución a todo reclamo iniciado después de la reforma. Para comprender el problema temporal más amplio, podés consultar nuestro análisis sobre la aplicación de la Ley 27.802 a contratos anteriores y vigentes.

La diferencia con el nuevo artículo 276 de la LCT

La reforma contiene dos reglas que suelen confundirse. El artículo 54 de la Ley 27.802 sustituyó el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció una pauta general de actualización por IPC más 3% anual desde que cada suma es debida hasta el pago. El artículo 55, en cambio, regula específicamente los juicios pendientes que reúnen sus condiciones temporales.

En consecuencia, no conviene tomar una fórmula de una noticia y usarla para todos los casos. Primero hay que identificar la regla aplicable. El fallo “Cabana Opanasiuk” resulta especialmente relevante para esa segunda situación: procesos en trámite alcanzados por el régimen transitorio, con decisiones que deben revisarse a la luz de la ley sobreviniente.

También hay una diferencia entre determinar el capital y actualizarlo. La antigüedad, la remuneración computable y los rubros admitidos definen qué se debe; los intereses y la actualización inciden sobre su evolución en el tiempo. Nuestra guía sobre cómo se calcula una indemnización por despido en 2026 desarrolla la primera parte de ese análisis.

Qué debería revisar una PyME con un juicio pendiente

El estado procesal y las fechas. Pedí un informe que identifique la situación de la causa al entrar en vigencia la ley, las sentencias dictadas, los recursos y los aspectos firmes. Que el juicio siga apareciendo abierto no explica por sí solo qué cuestiones se pueden discutir.

La liquidación que sostiene la estimación de deuda. Una previsión elaborada con una pauta anterior puede requerir revisión. Conviene contar con el capital por rubro, las fechas de exigibilidad y una comparación entre el cálculo base, el techo y el piso, con sus fuentes identificadas. Una cifra global sin detalle dificulta evaluar una propuesta de acuerdo.

La estrategia de negociación. El precedente aporta un elemento para discutir la actualización, pero no elimina el riesgo sobre el capital, la prueba o las costas. El monto de un acuerdo debe evaluarse junto con esos factores y con las condiciones de pago. El fallo no garantiza que esperar resulte económicamente conveniente.

La incidencia en Córdoba. Aunque los expedientes provienen de la justicia nacional del trabajo, la Corte interpreta una ley nacional sobre créditos laborales. Por eso el antecedente es relevante para analizar reclamos en Córdoba, sin confundirlo con una resolución que haya sustituido las decisiones de todos los tribunales provinciales o modificado sus procedimientos.

Qué cuestiones no resolvió este pronunciamiento

La Corte consideró inoficioso resolver la constitucionalidad de las leyes que prohibían indexar en el punto por el que se habían concedido los recursos. Por eso sería excesivo presentar la decisión como una declaración general de validez constitucional de toda la reforma o como el cierre de cualquier discusión futura sobre su aplicación.

Tampoco resolvió mediante este fallo cada problema operativo de las liquidaciones ni todos los posibles cuestionamientos al artículo 55. Su alcance concreto es ordenar nuevos pronunciamientos conforme a esa norma en los ocho expedientes. La conclusión práctica para una empresa es revisar su contingencia con documentación y cálculo actualizado, sin convertir un titular periodístico en una promesa de ahorro.

Si necesitás evaluar un reclamo o revisar la previsión de una causa, nuestro servicio de asesoramiento laboral para empresas en Córdoba permite analizar el expediente, la liquidación y las alternativas de negociación en conjunto.

Preguntas frecuentes

¿La Corte bajó todas las indemnizaciones un 33%? No. El 67% es un piso referido al cálculo legal de actualización. No es un descuento automático sobre el capital ni sobre todas las condenas.

¿Ahora siempre se aplica tasa pasiva? El artículo 55 prevé esa pauta para los juicios alcanzados, con un techo y un piso. Antes de calcular hay que verificar el encuadre temporal y procesal del caso.

¿Una sentencia firme puede revisarse por esta noticia? El fallo no dispone una reapertura general de causas firmes. La situación procesal y los puntos que quedaron pendientes requieren análisis individual.

¿El precedente sirve para un juicio en Córdoba? Es relevante porque interpreta legislación nacional laboral. Su incidencia concreta debe evaluarse en el expediente y ante el tribunal que interviene.