Un fallo de 2024 volvió a poner en primer plano una pregunta que muchas familias se hacen: ¿se le pueden reclamar alimentos a los abuelos? En el caso, el abuelo paterno tenía discapacidad y percibía un haber previsional, y sin embargo el tribunal lo obligó a pagar —fijando una cuota del 10% de ese haber— porque no era posible cobrarle los alimentos al padre. La respuesta corta es sí. La respuesta larga —que es la que importa para saber si podés avanzar con un reclamo— es bastante más matizada.

¿Cuándo entra en juego la obligación del abuelo?

La clave está en la subsidiariedad. Los abuelos no están en la misma línea que los padres dentro del esquema legal: son los segundos obligados. Para que un juez pueda fijarle una cuota a un abuelo, la parte que reclama tiene que demostrar —aunque sea de manera verosímil— que los alimentos no pueden obtenerse del padre o de la madre.

Eso puede ocurrir de distintas formas: el progenitor falleció, está privado de la libertad, tiene una situación económica que genuinamente le impide contribuir, o directamente se sustrae al cumplimiento y resulta muy difícil ejecutar la deuda contra él. No alcanza con que el padre simplemente «no quiera» pagar sin más justificación: en principio, hay que agotar o al menos acreditar por qué no es posible cobrarle a él primero. En la práctica, los tribunales vienen siendo flexibles con este requisito cuando hay indicios claros de incumplimiento sistemático o insolvencia del obligado principal.

Un fallo de 2025 lo grafica bien: el tribunal fijó la cuota a cargo del padre en un 100% y, subsidiariamente para el caso de incumplimiento, a cargo del abuelo paterno en un 40%. Esa proporcionalidad no es casual; es la regla que aplica la jurisprudencia en estos casos.

¿Qué necesidades cubre la cuota del abuelo?

Acá hay un punto que pocas veces se explica con claridad: los alimentos que deben los abuelos no tienen la misma extensión que los que deben los padres. La jurisprudencia argentina es consistente en esto. Un fallo de la Cámara de Apelaciones lo resume bien: «la obligación alimentaria de los abuelos no posee la misma extensión, se considera su capacidad económica, el hecho de que son adultos mayores, y la posibilidad de citar al proceso a otros parientes».

En términos prácticos, la cuota del abuelo apunta a las necesidades esenciales: alimentación, atención médica básica, vestimenta, útiles escolares. No incluye necesariamente el mismo nivel de cobertura que se le exigiría al progenitor. El juez pondera qué es razonable según las necesidades del nieto y, sobre todo, según las posibilidades reales del abuelo obligado. Que la canasta de crianza del INDEC funcione como referencia de piso no significa que el abuelo tenga que aportar el valor total de esa canasta: puede que su contribución sea un porcentaje de ella, según sus ingresos.

¿Qué pasa si el abuelo está en situación de vulnerabilidad?

Este es quizás el punto más sensible. ¿Un abuelo jubilado, enfermo o con ingresos fijos puede ser obligado a pagar alimentos? La respuesta de la justicia argentina es: sí, pero con una cuota proporcional a su situación real.

El fallo de 2024 que mencionamos al inicio lo ilustra con precisión: el tribunal reconoció la situación de vulnerabilidad del abuelo, pero no lo eximió de la obligación. En cambio, fijó una cuota equivalente al 10% de su haber jubilatorio, entendiendo que era lo que razonablemente podía aportar sin comprometer su propia subsistencia. La lógica es clara: nadie puede dar lo que no tiene, pero si tiene algo, ese algo puede destinarse proporcionalmente al deber hacia sus nietos.

La condición de adulto mayor o la percepción de una jubilación no elimina la obligación: la modula. El juez analiza ingresos, gastos propios, estado de salud y cualquier otra circunstancia relevante antes de fijar el monto. También puede citar a otros parientes al proceso —por ejemplo, a los abuelos del otro lado— si los obligados directos están genuinamente imposibilitados de contribuir en su totalidad. El artículo 537 del CCyC permite distribuir la carga entre distintos ascendientes cuando ninguno puede asumirla solo.

Un ejemplo para entenderlo mejor

Imaginemos que Valentina tiene una hija de 8 años. El padre de la nena —Lucas— no paga la cuota hace más de un año y no tiene bienes ni empleo registrable. Los padres de Lucas son jubilados con ingresos modestos pero estables. Valentina puede iniciar una acción de alimentos contra los abuelos paternos, acreditando la imposibilidad práctica de cobrarle a Lucas. El juez analizará los ingresos del abuelo, sus gastos propios y su estado de salud, y fijará una cuota proporcional —probablemente un porcentaje de su jubilación— sin equipararla a lo que le correspondería pagar al padre.

Lo que Valentina no puede hacer es reclamarles a los abuelos como si Lucas no existiera, o sin justificar por qué no puede cobrarle a él. La subsidiariedad protege también al abuelo: no se lo puede convertir en deudor principal sin que se demuestre que la vía directa está agotada o no es viable.

¿Qué conviene hacer si estás en esta situación?

Si el padre o la madre de tus hijos no cumple con los alimentos y estás pensando en reclamarles a los abuelos, el primer paso es evaluar con tu abogado qué elementos tenés para acreditar la imposibilidad de cobrarle al obligado principal. Cuanto más sólida sea esa acreditación —constancias de incumplimiento, deuda acumulada, falta de bienes o empleo registrado— más fuerte será tu posición frente al juez. Y si el abuelo tiene una situación de vulnerabilidad, eso no cierra la puerta: significa que la cuota se fijará en términos razonables para su realidad económica concreta.

Si estás pasando o recibiendo alimentos, es probable que en algún momento hayas escuchado mencionar la Canasta de Crianza del INDEC. Algunos abogados la usan como si fuera el límite máximo de lo que se puede pedir. Un fallo del 21 de abril de 2026 de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy salió a despejar esa confusión de manera contundente: la Canasta de Crianza no es un techo. Es un piso mínimo de referencia, y nada más que eso.

¿Qué pasó en el caso de Jujuy?

Un padre trabajaba en relación de dependencia en una empresa minera y percibía ingresos superiores a $3.500.000 mensuales. El Tribunal de Familia fijó la cuota alimentaria a favor de su hijo en el 20% de sus haberes, es decir, aproximadamente $700.000 por mes. El padre apeló y la Cámara de Apelaciones le dio la razón: redujo la cuota al 15%, llevándola a unos $525.000.

¿El argumento de la Cámara? Que la cuota original «superaba» la Canasta de Crianza del INDEC —que en junio de 2025 era de $515.984 para niños de 6 a 12 años— y el Salario Mínimo Vital y Móvil, por lo que consideró el monto como desproporcionado. La madre del niño recurrió ante la Suprema Corte provincial, y ésta revocó la reducción: la decisión de la Cámara fue declarada inconstitucional.

La Canasta de Crianza: ¿qué es y para qué sirve?

El INDEC publica mensualmente la Canasta de Crianza como una herramienta técnica que estima el costo mínimo de los bienes, servicios y tareas necesarios para criar a un hijo según su edad. Incluye alimentación, vestimenta, salud, educación, recreación, transporte y cuidado cotidiano. El dato clave está en la palabra mínimo: es el piso por debajo del cual no debería estar ninguna cuota alimentaria.

Lo que no puede hacer es funcionar como techo. Si un padre gana $3.500.000 por mes y la Canasta de Crianza marca $516.000, eso no significa que la cuota deba ser $516.000. Significa que no puede ser menos de eso. La diferencia conceptual es enorme, y es exactamente lo que la Suprema Corte de Jujuy vino a aclarar con este fallo.

La obligación alimentaria no puede reducirse sin prueba concreta

La Suprema Corte aplicó un principio fundamental del derecho alimentario: la no regresividad. Esto significa que una cuota ya fijada no puede reducirse sin acreditar un cambio real y sustancial en las circunstancias: ya sea en la situación económica del alimentante o en las necesidades concretas del hijo. La obligación alimentaria tiene naturaleza dinámica y progresiva.

En este caso, el padre no probó ninguna reducción en sus ingresos ni ningún cambio en las necesidades del hijo. La Cámara simplemente comparó el número con la Canasta y dijo que «estaba por encima». Eso, dijo la Suprema Corte, no es fundamento suficiente. Es una apreciación numérica abstracta que reemplaza el análisis concreto del caso —que es exactamente lo que el Código exige y que los tribunales no pueden ignorar.

¿Qué dice el Código Civil y Comercial?

El artículo 659 del CCyCN establece que la cuota alimentaria se fija en proporción a las posibilidades económicas del obligado y a las necesidades reales del hijo. No existe un porcentaje fijo ni un tope legal: hay que analizar cada situación en particular. El artículo 666 agrega que si los progenitores tienen recursos desiguales, el de mayores ingresos debe aportar más para que el hijo mantenga el mismo nivel de vida en ambos hogares.

Pensalo así: si un hijo vive la mayor parte del tiempo con su madre que tiene ingresos básicos, pero su padre gana $3.500.000 por mes, ese niño tiene derecho a un estándar de vida acorde a la capacidad real de su padre —no al mínimo del INDEC.

El cuidado diario también tiene valor económico

Hay otro punto del fallo que merece atención especial. La Suprema Corte destacó el artículo 660 del CCyCN, que reconoce que las tareas de cuidado cotidiano que realiza el progenitor conviviente tienen valor económico y constituyen un aporte a la manutención del hijo. Llevar al niño al colegio, acompañarlo al médico, supervisar las tareas, gestionar su vida diaria: todo eso representa una inversión real de tiempo y esfuerzo que el derecho reconoce como contribución alimentaria en especie.

En el caso de Jujuy, la madre tenía al niño 23 días al mes, además de estar a cargo de otro hijo menor con discapacidad. La Cámara reconoció estas circunstancias pero igualmente redujo la cuota —una contradicción que la Suprema Corte calificó de arbitraria. Reconocer el valor del cuidado y luego reducir la obligación dineraria del progenitor con mayores ingresos es, precisamente, perpetuar la idea de que el cuidado no tiene costo.

¿Qué significa esto si estás en un proceso alimentario?

Si estás reclamando alimentos o enfrentando un pedido de reducción, este fallo te da herramientas concretas. Primero, la Canasta de Crianza puede usarse para argumentar un mínimo, pero no funciona como límite a lo que podés pedir. Segundo, quien quiere reducir una cuota tiene que probar que algo cambió en la situación económica o en las necesidades del niño: no alcanza con decir que el monto «supera» algún índice. Tercero, tu propio aporte cotidiano como progenitor conviviente tiene valor jurídico y debe ser tenido en cuenta.

Cada caso es distinto y los montos dependen de muchos factores, pero conocer el marco legal es el primer paso para saber si lo que te ofrecen —o lo que te exigen— es razonable o no.

Acordar o ganar en juicio una cuota alimentaria es solo el primer paso. El verdadero problema aparece cuando el obligado no paga: ¿qué hacés? ¿cómo lo ejecutás? ¿cuánto tiempo tenés para reclamar? En Córdoba, el Código de Procedimiento de Familia — Ley 10.305 — tiene un procedimiento específico para estos casos, más ágil que el proceso civil ordinario. Conocerlo te permite actuar rápido y cobrar lo que corresponde.

¿Cuándo podés iniciar la ejecución?

El punto de partida es tener una sentencia firme o un convenio homologado que fije la cuota. Una vez que ambas partes fueron notificadas de la resolución y el obligado no abona en tiempo y forma, ya podés ejecutar. No hace falta esperar a que la deuda sea enorme: cada cuota impaga puede ejecutarse en forma independiente.

En la práctica, la mayoría de los casos se inician cuando se acumulan varias cuotas sin cobrar. Pero el momento en que decidís actuar importa mucho, porque las cuotas tienen un plazo de prescripción — y de eso hablamos más adelante.

El procedimiento del artículo 122: paso a paso

El artículo 122 de la Ley 10.305 regula específicamente la ejecución de obligaciones alimentarias. A diferencia de otras ejecuciones, acá el trámite es sumario y concentrado en pocos pasos:

1. Emplazamiento de tres días. Lo primero que ordena el juez es emplazar al deudor para que, en el plazo de tres días hábiles, acredite el pago de la deuda reclamada. No es una simple notificación: el deudor tiene que demostrar con comprobantes que efectivamente pagó. Si no lo hace, el proceso avanza.

2. Liquidación de deuda. Si el emplazado no acredita el pago — o solo lo acredita parcialmente —, la parte acreedora presenta una liquidación detallando el capital adeudado, los intereses y las costas del proceso. Esa liquidación debe ser clara y fundada, reflejando cuota por cuota lo que se adeuda.

3. Vista al ejecutado por tres días. Una vez presentada la liquidación, se le corre vista al deudor por otros tres días hábiles. En ese breve plazo puede impugnar los números de la liquidación u oponer la única excepción que la ley admite: el pago documentado. No puede discutir si debe o no debe, ni alegar que la cuota es alta, ni que está desempleado, ni ninguna otra excepción de fondo. Solo puede acreditar que pagó.

4. Resolución y avance hacia el cobro. Si el deudor no salva la situación en esa instancia, el proceso continúa y el juez habilita las medidas concretas de cobro sobre el patrimonio del deudor.

¿Cuánto tiempo tenés para reclamar? La prescripción

Este es el punto que muchas personas pasan por alto — y que puede costarles caro. Las cuotas alimentarias prescriben. Eso significa que si esperás demasiado, perdés el derecho a cobrarlas aunque exista una sentencia firme a tu favor.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 2562, inciso c, un plazo de prescripción de dos años para el reclamo de las cuotas alimentarias devengadas y no cobradas. Ese plazo corre desde que cada cuota se hizo exigible, es decir, desde que venció sin ser pagada.

La buena noticia es que la prescripción se interrumpe con la interposición de la demanda de ejecución. Por eso, cuanto antes actuás, mayor es la cantidad de cuotas que podés recuperar.

¿Cómo se cobra la deuda? Las herramientas disponibles

Una vez que el proceso avanza, el juez puede ordenar distintas medidas para hacer efectivo el cobro. La particularidad de los alimentos es que, por tratarse de un crédito privilegiado, las restricciones habituales a los embargos no se aplican de la misma forma.

Embargo de sueldo. Es la medida más frecuente y efectiva. Se notifica al empleador del deudor para que retenga una parte de su salario y la deposite judicialmente. En materia alimentaria, el embargo puede abarcar proporciones mayores al tercio habitual que rige para otras deudas: la ley prioriza el cumplimiento de la obligación alimentaria por encima de las limitaciones generales.

Embargo de cuentas bancarias. Si el deudor tiene cuentas a la vista o cuentas sueldo, el juez puede ordenar el embargo de los fondos disponibles. Esta medida puede ejecutarse con relativa rapidez a través del sistema bancario.

Embargo de bienes registrables. Autos, inmuebles u otros bienes a nombre del deudor pueden ser embargados. El inmueble con afectación de bien de familia tiene protección, pero la jurisprudencia más reciente reconoce que esa protección tiene límites frente a deudas alimentarias, especialmente cuando se ejecutan cuotas destinadas a hijos menores.

Inhibición general de bienes. Cuando no se conocen bienes concretos del deudor, se puede pedir una inhibición general de bienes. Esto le impide vender o transferir cualquier bien registrable mientras dure la deuda. Es una medida preventiva que bloquea el patrimonio hasta que se localicen bienes concretos para embargar.

Embargo de jubilación o pensión. Al igual que ocurre con el salario, las prestaciones previsionales del deudor pueden ser embargadas, también en una proporción mayor a la habitual cuando se trata de créditos alimentarios.

¿Qué pasa si el deudor no tiene bienes conocidos?

Este es uno de los escenarios más frustrantes: el deudor trabaja informalmente o no registra bienes a su nombre. En esos casos, las alternativas incluyen investigar si percibe prestaciones del Estado, indagar cuentas digitales o billeteras virtuales, y solicitar al juez medidas de investigación patrimonial. En situaciones extremas, y según las circunstancias del caso, puede evaluarse si existe responsabilidad subsidiaria de otros obligados alimentarios, como los abuelos, conforme al artículo 537 del Código Civil y Comercial.

La clave: no esperar

El procedimiento de la Ley 10.305 es ágil, pero solo rinde frutos si se activa a tiempo. Cada mes que pasa sin iniciar la ejecución es una cuota más que se acerca a la prescripción — y un patrimonio del deudor que puede reducirse o transferirse. La recomendación práctica es no dejar acumular más de dos o tres meses de deuda antes de iniciar el trámite, y renovar la demanda periódicamente para interrumpir la prescripción de las cuotas más antiguas. Si ya tenés sentencia, el camino está abierto: solo hace falta recorrerlo.

Sandra tiene 46 años. Estuvo casada 14 años y, cuando nacieron sus hijos, ella y su marido acordaron que era mejor que ella dejara su trabajo para dedicarse al cuidado de la familia. Hoy, con el divorcio en trámite, descubre dos cosas que la preocupan por igual: que tiene derecho a reclamar una compensación económica por ese desequilibrio, y que ese derecho caduca en seis meses. El problema es que el juicio puede tardar mucho más.

La situación de Sandra no es excepcional. Es, en realidad, bastante frecuente. Y plantea una pregunta concreta: ¿qué pasa mientras la justicia resuelve?

¿Qué es la compensación económica y por qué existe?

El Código Civil y Comercial, en sus artículos 441 y 442, reconoce que cuando un matrimonio o una unión convivencial termina, uno de los integrantes puede quedar en una posición económica significativamente peor que el otro. No porque tenga necesidad —eso es materia de alimentos—, sino porque el proyecto de vida en común le generó un costo concreto: resignó empleo, formación, posibilidades de crecimiento profesional, o años de trayectoria laboral.

La compensación económica existe para reequilibrar esa situación. No es una sanción al otro cónyuge ni una indemnización por el dolor del divorcio. Es el reconocimiento jurídico de que ciertas decisiones tomadas en pareja —que parecían razonables mientras el vínculo existía— pueden generar consecuencias económicas serias cuando ese vínculo se rompe.

El juez evalúa factores concretos: cuánto tiempo estuvo sin trabajar la persona, qué edad tiene, cuál es su estado de salud, qué posibilidades reales tiene de reinsertarse en el mercado laboral, y cuánto se diferencian hoy los patrimonios de ambos.

El problema: el reloj corre, el juicio no

El proceso judicial para determinar el monto y la modalidad de pago puede durar años —dos, tres, a veces más—. Mientras tanto, quien resignó su carrera para cuidar a los hijos sigue sin ingresos propios, sin estructura económica independiente, y con un desequilibrio que mes a mes se profundiza.

La demora judicial no es neutra. Opera como un factor que agrava la desigualdad. Y aquí es donde muchas personas no saben con qué herramientas cuentan.

Una herramienta que no siempre se usa

Existe la posibilidad de solicitar, desde el inicio del proceso, una medida cautelar con contenido anticipatorio: una suma de dinero que el otro integrante abone mientras tramita el juicio principal, a cuenta de la eventual compensación económica.

No es un recurso de excepción. Es una herramienta procesal disponible que, sin embargo, no siempre se solicita. Recientemente, un tribunal ordenó que el exesposo abonara USD 5.000 mensuales a su excónyuge en concepto de compensación cautelar, hasta que hubiera sentencia firme. Antes de eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había habilitado este tipo de tutelas anticipatorias en el precedente «Camacho Acosta» (Fallos: 320:1633), reconociendo que cuando la demora puede tornar ineficaz el derecho, la respuesta judicial no puede esperar. La Dra. Graciela Medina, en doctrina publicada en mayo de 2026, sostiene que esta herramienta no es solo admisible sino necesaria como exigencia del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 706 del CCyC.

La lógica es simple: si el desequilibrio existe hoy, protegerlo solo al final del proceso puede equivaler a no protegerlo.

¿Qué se necesita para pedirla?

Para que un juez admita la cautelar anticipatoria, el estándar de prueba es menor al del proceso principal. Hay que acreditar tres cosas:

¿Qué cambia en la práctica?

Para Sandra, o para cualquier persona en una situación similar, esto significa que no tiene que elegir entre reclamar lo que le corresponde y sostenerse económicamente mientras el juicio avanza. No son excluyentes.

Plantear la cautelar desde el inicio no garantiza el resultado, pero sí evita que el tiempo trabaje en contra. Una estrategia legal sólida en un divorcio donde hay desequilibrio económico contempla esto desde el primer momento, no como un recurso de último momento.

Cada caso es distinto. Las posibilidades concretas dependen de los hechos, de la prueba disponible y de la jurisdicción. Pero conocer que la herramienta existe es el primer paso para evaluar si corresponde usarla.

El problema de fijar sin actualizar

En el derecho argentino de familia coexisten dos problemas estructurales que se potencian mutuamente: la prohibición de indexar deudas impuesta por las leyes 23.928 y 25.561, vigentes desde 1991 y 2002 respectivamente, y un proceso inflacionario crónico que erosiona sistemáticamente el poder adquisitivo de cualquier suma fijada en pesos. La cuota alimentaria es el terreno donde ese conflicto se vuelve más doloroso, porque el que pierde no es una parte contractual abstracta, sino una niña, niño o adolescente cuyas necesidades no esperan.

Ante la imposibilidad de garantizar una actualización automática por índices, la práctica judicial ha recurrido a distintos mecanismos de referencia: el porcentaje del salario del alimentante —la solución más idónea cuando existe empleo registrado—, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), la Canasta de Crianza del INDEC, el IPC, el RIPTE, el Jus, o aumentos escalonados. De todos ellos, el SMVM ha sido históricamente el más utilizado cuando el alimentante no cuenta con ingreso formal y verificable, porque ofrece un valor oficial conocido, mensual, y que los tribunales mayoritariamente han considerado ajeno a la prohibición de indexar.¹

El propósito de este trabajo es demostrar, con fundamento doctrinario y respaldo empírico, que esa elección tiene un costo que la judicatura no siempre pondera: el SMVM no sigue el costo real de criar, y en el período 2022–2026 esa brecha se volvió tan pronunciada que fijar la cuota en función del salario mínimo equivale, en los hechos, a reducirla periódicamente en términos reales. La conclusión a la que se arriba es que, cuando no es posible anclar la cuota en el salario efectivo del alimentante, el Índice de Crianza del INDEC constituye el parámetro técnicamente más adecuado para honrar la naturaleza de la obligación alimentaria como deuda de valor.

La obligación alimentaria como deuda de valor

El punto de partida dogmático es incontrovertible en la doctrina y la jurisprudencia actuales: la obligación alimentaria es una deuda de valor, no de dinero. Como explica Molina de Juan, en ella in obligatione se atiende a una determinada porción patrimonial —el costo de cubrir las necesidades del alimentado—, y el dinero opera únicamente in solutione, es decir, como modo de pago, no como objeto de la prestación.²

Esta calificación tiene una consecuencia práctica decisiva: la cuota no se agota en el número fijado originalmente. Cada mes nace una nueva obligación de valor cuyo contenido debe ser suficiente para cubrir las prestaciones debidas. La inflación no extingue la deuda: la hace insuficiente. El nominalismo, que podría ser una regla aceptable en las obligaciones dinerarias ordinarias, resulta incompatible con la finalidad alimentaria cuando opera en un contexto de depreciación sostenida de la moneda.

Las XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2024 ratificaron este punto con claridad: «Los alimentos son una obligación de valor, que se devenga mes a mes, y se encuentran excluidos de la prohibición de indexar, pudiendo cuantificarse periódicamente por mecanismos de repotenciación pactados, o por los que el juez fije.»³ El debate ya no es si la cuota puede actualizarse, sino con qué parámetro hacerlo de manera técnicamente rigurosa.

El SMVM y la Canasta de Crianza: una brecha que se ensancha

Examinar la evolución del SMVM frente al Índice de Crianza del INDEC entre 2022 y 2026 es el modo más directo de demostrar el problema que este artículo señala. Los datos son fuente oficial del organismo estadístico nacional y de la normativa del Ministerio de Capital Humano.

El siguiente gráfico ilustra la evolución nominal de ambos indicadores, tomando como base enero de 2022. La distancia entre las dos líneas no es una anomalía coyuntural: es el resultado estructural de que el SMVM y la canasta de crianza responden a lógicas de fijación completamente distintas. La canasta sigue los precios efectivos de los bienes y servicios que demanda la crianza, más la valorización del tiempo de cuidado. El SMVM, en cambio, es el resultado de una negociación tripartita —o, en los últimos períodos, de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo— con objetivos de política económica que exceden largamente el derecho alimentario.

La divergencia se intensificó marcadamente a partir de diciembre de 2023. La devaluación del peso impactó de inmediato en el precio de los bienes y servicios que componen la canasta, mientras el Consejo del Salario —intervenido unilateralmente por el Ejecutivo— estableció aumentos escalonados con incrementos mensuales que en 2025 oscilaron entre el 1,3% y el 2%, frente a una inflación acumulada del 31,5% en ese año.⁴

El gráfico 2 es la traducción más directa de lo que significa fijar alimentos en función del SMVM. En enero de 2022, un SMVM cubría el 83% del costo de la canasta de crianza para el tramo 6 a 12 años. En diciembre de 2023, esa cobertura había caído al 64%. En abril de 2026, se sitúa en el 53%. Dicho de otro modo: una cuota fijada originalmente en «el equivalente a un SMVM» para un niño de nueve años cubre hoy poco más de la mitad de lo que necesita para vivir, según el propio organismo estadístico del Estado.

El mandato de la Corte Suprema: deber de prever mecanismo de actualización

El 20 de febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los autos «G., S.M. y otro c/ K., M.E.A. s/ Alimentos» (CIV 83609/2017/5/RH3) y modificó radicalmente el enfoque con que la judicatura debe abordar la cuestión de la actualización alimentaria.⁵ El tribunal revocó la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional Civil que había dejado sin efecto una cláusula de actualización semestral de la cuota, con el argumento de que vulneraba la prohibición de indexar de la ley 23.928.

La Corte, al hacer propias las conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal Abramovich, sostuvo que la sentencia impugnada era arbitraria porque el tribunal, «abstrayéndose de la situación macroeconómica del país, juzgó la depreciación monetaria como un hecho incierto, forzando a la actora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso, que la prestación devino insuficiente».⁶ En el mismo pronunciamiento, el tribunal enumeró los mecanismos válidos utilizados en convenios y sentencias para conservar el valor real de la cuota: ajuste semestral por RIPTE, por IPC, pago en cuotas escalonadas, pago en moneda extranjera, referencia al SMVM o al Jus, y —de modo significativo— cualquier «otro parámetro de referencia».

Esta doctrina impone a los jueces un deber positivo, no una facultad: deben prever desde la sentencia el mecanismo que preserve la significación económica de la condena. Quien omite hacerlo incurre en arbitrariedad. Y si ese deber existe, la elección del parámetro debe ser razonada, no inercial. No alcanza con referirse al SMVM porque «es conocido» o porque «los tribunales lo vienen aplicando»: es necesario evaluar si ese parámetro sirve para el fin que la obligación alimentaria persigue.

Por qué el SMVM no es el parámetro adecuado cuando no hay salario verificable

El SMVM tiene virtudes innegables como referencia en materia alimentaria, que la doctrina y la jurisprudencia han señalado: es un valor oficial, público, de actualización periódica, que los tribunales han considerado mayoritariamente compatible con la prohibición de indexar.⁷ Molina de Juan explica que su utilización es válida y frecuente, especialmente cuando el alimentante carece de ingresos formales verificables.

Sin embargo, esas virtudes no compensan el defecto central: el SMVM no mide el costo de criar. Es un indicador de política salarial que responde a consideraciones de mercado de trabajo, competitividad, inflación general y voluntad política, pero no a la evolución de los precios de los bienes y servicios que componen la crianza. La evidencia del período 2022–2026 lo confirma con precisión: mientras el costo de la canasta de crianza acumuló un incremento del 1.537%, el SMVM apenas alcanzó el 948% en términos nominales. La brecha no es menor: representa que un niño de ocho años necesita hoy casi el doble de un SMVM para cubrir sus necesidades básicas según el INDEC.

A ello se suma un problema de gobierno: en el período reciente, la fijación del SMVM fue sustraída del ámbito tripartito del Consejo Nacional del Empleo y decidida unilateralmente por el Poder Ejecutivo mediante resoluciones administrativas, con sumas que en 2025 crecieron a la mitad del ritmo inflacionario.⁸ El alimentado cuya cuota depende del SMVM queda, así, sujeto a la discrecionalidad de una política económica sobre la que no tiene ningún control y que no fue diseñada para proteger sus intereses.

La consecuencia práctica es que el acreedor alimentario se ve periódicamente forzado al incidente de aumento —la «única alternativa» que la jurisprudencia más formalista admitía antes de «G., S.M.»—, con todo el desgaste económico, temporal y vincular que ello implica. Como señala Molina de Juan, obligar a iniciar ese incidente «sólo tiene sentido ante un cambio de la situación económica o de ingresos del deudor o del beneficiario, pero no es la vía idónea para preservar la integridad de la cuota alimentaria frente a los efectos degradantes de la inflación».⁹

El Índice de Crianza del INDEC como parámetro técnicamente adecuado

La Canasta de Crianza del INDEC —cuya valorización mensual se denomina Índice de Crianza (IC)— fue publicada por primera vez en julio de 2023 y tiene una lógica de construcción que la hace intrínsecamente más adecuada que el SMVM para actuar como referencia alimentaria. El índice estima el costo mensual de dos componentes: (a) los bienes y servicios necesarios para la crianza, calculados a partir de la Canasta Básica Total ajustada por coeficiente de adulto equivalente para cada tramo etario, y (b) el tiempo de cuidado, valorizado según las remuneraciones del personal de casas particulares. Se publica mensualmente con apertura por cuatro tramos de edad: menores de 1 año, 1 a 3 años, 4 a 5 años, y 6 a 12 años.¹⁰

Esta arquitectura lo convierte en el único indicador estadístico oficial que mide específicamente el costo de criar en Argentina. No es un proxy, no es una aproximación: es la herramienta diseñada para ese fin. El proyecto legislativo 2459-D-2024, actualmente en tratamiento parlamentario, reconoce expresamente esa vocación al postular la obligatoriedad del Estado de publicar el Índice de Crianza como «valor de referencia de los bienes y servicios que demanda la crianza de NNA, así como también de las tareas de cuidado».¹¹ La provincia de Buenos Aires lo incorporó expresamente como parámetro de cuantificación de la cuota en la reforma del Código Procesal local (ley 15513).¹²

El gráfico 3 ilustra una comparación relevante: en enero de 2022, fijar la cuota en «un SMVM» era, en la práctica, más generoso que fijarla en el 50% de la canasta de crianza. La referencia al SMVM favorecía al alimentado. En diciembre de 2023, la diferencia se había acortado. En abril de 2026, la situación se invierte: el 50% de la canasta equivale a $338.215, mientras que un SMVM alcanza $357.800 —valores similares por ahora, pero con tendencias divergentes. El punto crítico es que la brecha entre ambas lógicas puede abrirse en cualquier dirección según las decisiones de política salarial de turno, mientras que el Índice de Crianza sigue el costo efectivo de criar con independencia de esas decisiones.

La recepción jurisprudencial del Índice de Crianza

La recepción del IC en la jurisprudencia fue rápida y creciente desde su publicación. Se registran precedentes en Necochea, Neuquén, La Matanza, Lobos, Venado Tuerto y Tucumán, con criterios que oscilan entre el 50% y el 125% del valor correspondiente al tramo etario. La Cámara de Familia y Sucesiones de Tucumán, por ejemplo, utilizó el IC como referencia técnica para confirmar una cuota de un SMVM más un 20%, reconociendo que el índice «calcula el costo mensual estimado para sostener niños, niñas y adolescentes» y que su uso resultaba válido aun cuando la beneficiaria había superado la franja de 6 a 12 años.¹³

El argumento de que el IC podría ser objetado como mecanismo indexatorio prohibido por la ley 23.928 fue descartado por varios tribunales con una lógica que la doctrina ha sistematizado con precisión: lo que la ley prohíbe es la indexación por sus consecuencias, es decir, el ajuste automático de obligaciones dinerarias por índices de actualización monetaria. La referencia al IC no constituye una actualización monetaria de la deuda, sino la cuantificación periódica de una deuda de valor conforme al costo real de las prestaciones debidas. Se trata de la distinción que la CSJN avala en «G., S.M.»: no indexar, sino preservar el valor económico de la obligación de valor.¹⁴

Propuesta: cómo debe redactarse la cláusula de actualización

En términos prácticos, la incorporación del IC como mecanismo de actualización en la sentencia o en el convenio homologado requiere una redacción precisa que despeje cualquier objeción. A continuación se propone un modelo que integra los requisitos identificados por la doctrina y la jurisprudencia.

La cláusula no establece un ajuste por índice de actualización monetaria: establece el objeto de la prestación —un porcentaje del costo de criar—, que se mide en dinero conforme al valor vigente al momento del pago. Esa es exactamente la operación que el art. 772 del CCyC describe para las deudas de valor: «el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda para tomar la evaluación de la deuda». La obligación se cuantifica cada mes, no se actualiza: la diferencia no es sólo semántica, es el fundamento de su compatibilidad con la prohibición de indexar.

Algunas objeciones y sus respuestas

La aplicación del IC como parámetro de fijación y actualización de la cuota alimentaria puede generar objeciones que merecen ser abordadas.

Primera objeción: el IC sólo llega hasta los 12 años. Es cierto que la Canasta de Crianza del INDEC cubre el tramo hasta los 12 años inclusive. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido su extensión más allá de esa edad para adolescentes, aplicando el tramo de 6 a 12 años como referencia mínima o ajustando con un factor superior (generalmente 1,5 veces el valor del último tramo) para reflejar el mayor costo de las necesidades adolescentes. Un precedente de Suipacha lo aplicó en un caso de un hijo de 18 años con discapacidad que requería cuidados permanentes.¹⁵

Segunda objeción: el IC incluye el componente de cuidado, que ya asume el progenitor conviviente. Esta objeción es válida y relevante. La canasta de crianza tiene dos componentes: bienes y servicios, y tiempo de cuidado. El cuidado lo realiza quien convive con el niño y, en ese sentido, ya «lo aporta en especie». Lo correcto es usar como referencia sólo el componente de bienes y servicios cuando el mecanismo de actualización así lo requiera, o negociar el porcentaje del total teniendo en cuenta ese factor. El INDEC publica ambos componentes por separado, lo que permite esa desagregación.

Tercera objeción: la capacidad contributiva del alimentante puede ser inferior al IC. Esta objeción confunde el parámetro de cuantificación con el techo de la obligación. El IC funciona como referencia para determinar qué necesita el alimentado; la cuota efectiva resulta del cruce entre esa necesidad y la capacidad contributiva del alimentante. Que el IC sea el parámetro de actualización no significa que el obligado deba cubrir el 100% de la canasta: puede fijarse en un porcentaje de ella. Lo que el IC garantiza es que ese porcentaje se mantenga constante en términos reales, sin erosión inflacionaria.

Conclusiones

La evidencia reunida en este trabajo autoriza a formular las siguientes conclusiones.

Primera: el SMVM no es un parámetro adecuado para la actualización de la cuota alimentaria cuando no existe ingreso formal verificable del alimentante. Aunque ofrece ventajas de publicidad y practicidad, su lógica de fijación responde a consideraciones de política económica ajenas al costo real de criar, y el período 2022–2026 demuestra empíricamente que la brecha entre ambas variables puede tornarse estructuralmente perjudicial para el alimentado.

Segunda: la obligación alimentaria es una deuda de valor que se devenga mes a mes, y su cuantificación debe reflejar el costo real de las prestaciones en cada período de pago. La referencia al SMVM traiciona esa lógica cuando el salario mínimo crece por debajo del costo de los bienes y servicios que componen la crianza.

Tercera: la doctrina emergente de la CSJN en «G., S.M.» (2024) impone a los tribunales el deber de establecer desde la sentencia un mecanismo efectivo de preservación del valor económico de la cuota. Ese deber exige una elección razonada del parámetro, no la aplicación inercial del SMVM por tradición o comodidad.

Cuarta: el Índice de Crianza del INDEC —publicado mensualmente con apertura por tramo etario— es el parámetro estadístico que mejor refleja el costo real de criar en Argentina. Su uso como referencia de fijación y actualización de la cuota alimentaria es compatible con la prohibición de indexar, porque no actualiza una deuda dineraria sino que cuantifica periódicamente una deuda de valor conforme a su objeto. La jurisprudencia creciente lo avala, y el proyecto legislativo 2459-D-2024 tiende a institucionalizarlo.

La adopción del Índice de Crianza como parámetro principal —combinado, cuando corresponda, con un piso mínimo garantizado— constituye hoy la respuesta técnicamente más sólida al problema de fijar alimentos sin empleo registrado del alimentante. No es una solución perfecta: ningún indicador lo es en una economía con las características de la argentina. Pero es la que mayor fidelidad guarda con la naturaleza de la obligación alimentaria, con los derechos del niño, y con el mandato constitucional de asegurar que cada cuota cumpla su finalidad: que una niña, niño o adolescente tenga lo que necesita para crecer.

Durante 22 años, ella se ocupó del hogar, crió cuatro hijos —dos con discapacidad—, acompañó a su marido en cada traslado que le exigió la Armada Argentina y nunca tuvo un sueldo propio. Él, mientras tanto, ascendió hasta el rango de suboficial principal. Cuando se divorciaron, la justicia de primera instancia resolvió que no había desequilibrio económico suficiente para reconocerle una compensación. La Cámara lo vio diferente. Y esa diferencia importa mucho más allá de este caso puntual.

¿De qué se trata la compensación económica?

El Código Civil y Comercial, vigente desde 2015, incorporó esta figura como parte de los efectos del divorcio. La lógica de fondo es sencilla: si durante el matrimonio uno de los dos se postergó —dejó de trabajar, no pudo capacitarse, no hizo aportes previsionales— para que el otro pudiera crecer o para sostener el hogar, esa diferencia no puede ignorarse cuando la pareja se separa. El divorcio no borra lo que pasó durante la vida en común.

Lo que hace particular a esta figura es su carácter objetivo. No importa si ese acuerdo fue explícito o tácito, si fue una elección consciente o simplemente el resultado de mandatos culturales. El tribunal no juzga por qué se repartieron los roles de esa manera. Lo que analiza es si existe un desequilibrio real en las posibilidades económicas y laborales de cada uno, y si ese desequilibrio tiene causa en la vida compartida y en su ruptura.

El fallo que cambió el resultado en segunda instancia

En el caso resuelto el 7 de noviembre de 2024, la actora había pedido la compensación económica apenas tres meses después del divorcio —dentro del plazo de seis meses que fija la ley—. Sin embargo, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda, en parte porque consideró que no había prueba suficiente del desequilibrio y porque la mujer continuaba viviendo en el inmueble que había sido sede del hogar conyugal.

La Cámara lo analizó de otra manera. Y lo explicó con un argumento que vale la pena destacar: el desequilibrio existía, pero había estado oculto. Las prestaciones alimentarias provisorias que el exmarido pagó durante años habían disimulado la brecha real entre las situaciones de uno y otro. Cuando esos alimentos cesaron, la desigualdad quedó al descubierto: ella con una pensión no contributiva equivalente al haber mínimo jubilatorio y sin ninguna posibilidad real de insertarse en el mercado laboral a los 61 años; él con ingresos de más de un millón de pesos mensuales como militar retirado.

El trabajo doméstico tiene valor económico: la Justicia lo reconoció

Uno de los ejes más potentes del fallo es el reconocimiento explícito de que el trabajo de cuidado tiene un valor económico concreto. El tribunal señaló que el crecimiento profesional del marido fue posible, en parte, gracias a que su esposa se hizo cargo del hogar y de cuatro hijos —quien además lo acompañó en los distintos destinos que le fue asignando la Armada a lo largo de los años—. Ella asumió una carga que él no soportó, y eso impactó directamente en su desarrollo. No es una conclusión moral: es una conclusión jurídica.

Este punto es central para entender por qué la compensación económica es diferente a los alimentos. Los alimentos atienden una necesidad presente: que alguien pueda cubrir sus gastos de vida mientras dure la obligación. La compensación económica mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo: reconoce lo que se resignó durante el matrimonio y le da a esa persona herramientas concretas para su autosuficiencia futura. Son figuras distintas, con presupuestos y finalidades distintas.

Un caso hipotético para aterrizarlo

Pensá en una pareja donde ella deja su trabajo como administrativa cuando tienen el primer hijo. Él continúa su carrera y diez años después está en un puesto gerencial con un sueldo alto. Ella, mientras tanto, gestionó el hogar, llevó a los chicos al colegio, atendió las emergencias de salud y acompañó los cambios de ciudad que exigió el trabajo de él. Cuando se divorcian, él tiene un sueldo consolidado, aportes jubilatorios propios y experiencia laboral actualizada. Ella tiene diez años de desconexión del mercado, ningún aporte propio y posibilidades muy reducidas de acceder a un empleo equivalente al que hubiera tenido si no hubiera parado. La compensación económica es la herramienta para que esa diferencia no se ignore.

¿Cómo se fija el monto?

En este caso, la Cámara optó por una renta periódica mensual —en lugar de un pago único— equivalente al 12% de los haberes del exmarido, durante ocho años. La elección de esa modalidad tuvo en cuenta la situación económica real del obligado: un militar retirado con una enfermedad grave y cuota alimentaria para hijos con discapacidad. El tribunal fue claro: una sentencia que no puede cumplirse no protege a nadie. Y el plazo de ocho años se calculó considerando la diferencia entre los 18 años de matrimonio y los aproximadamente 10 años durante los que el demandado pagó alimentos provisorios post divorcio.

El artículo 442 del CCyC enumera los criterios para fijar la compensación: el estado patrimonial de cada cónyuge al momento del divorcio, la dedicación que brindó al cuidado de los hijos, la renuncia a oportunidades de empleo o capacitación, la edad, el estado de salud y la posibilidad real de acceder a un trabajo. No hay una fórmula fija. El juez pondera todo eso en cada caso concreto. Por eso, la calidad de la prueba que se produce —y la estrategia procesal desde el inicio del proceso— hace una diferencia enorme en el resultado final.

Lo que tenés que saber si estás pensando en divorciarte

Si durante tu matrimonio dejaste de trabajar, redujiste tu jornada, postergaste tu carrera o te hiciste cargo del cuidado de los hijos o de un familiar con necesidades especiales, tenés que saber que esa historia tiene relevancia jurídica. El desequilibrio que eso genera no desaparece porque el matrimonio terminó.

El plazo para reclamar la compensación económica es de seis meses desde que queda firme la sentencia de divorcio. Ese tiempo corre desde el primer día, y cuando vence, el derecho caduca. No se interrumpe, no se suspende. Por eso, si te encontrás en esta situación o sospechás que podrías estarlo, la consulta con un abogado especializado en derecho de familia no debería esperar.

Imaginá que después de años de tratamientos, diagnósticos difíciles y decisiones muy dolorosas, lográs que nazca tu hijo gracias a la ayuda de otra mujer que gestó el embarazo en tu lugar. El bebé llega, todos lloran de emoción, y cuando vas al Registro Civil a inscribirlo, te dicen que no pueden hacer el trámite como vos habías planificado. Peor aún: que legalmente ese niño es hijo de quien lo parió, no de quien lo soñó y lo planificó. Eso fue exactamente lo que le pasó a F y a G, una pareja de Buenos Aires que tuvo que recurrir a la Justicia para que su hijo J tuviera nombre y familia en el papel.

¿Qué pasó en este caso?

G fue diagnosticada con cáncer de mama mientras estaba en proceso de fertilización in vitro. Los médicos le desaconsejaron gestar porque interrumpir la medicación oncológica representaba un riesgo muy serio para su salud. Ante esa situación, ella y su pareja F tomaron la decisión de recurrir a la gestación solidaria: otra mujer, R, aceptó llevar adelante el embarazo. El procedimiento se realizó en la clínica CEGYR con embriones formados a partir del material genético de F y óvulos donados. R no aportó material genético propio.

Todo iba según lo pactado: había consentimientos informados firmados, un acuerdo marco suscripto en julio de 2023, y las resoluciones del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires permitían en ese momento inscribir al bebé directamente a nombre de los padres de intención. Pero días antes del nacimiento de J, una resolución judicial dejó sin efecto esa posibilidad. J nació el 13 de julio de 2024, ya fuera del período en que esa inscripción directa era posible. El Registro Civil les dijo que no podía continuar con el trámite. El niño estuvo meses sin documento, con dificultades incluso para acceder a atención médica.

El nudo legal: ¿quién es la madre según el Código Civil?

Acá está el problema central. El artículo 562 del Código Civil y Comercial establece que en casos de técnicas de reproducción humana asistida, el niño es hijo de quien da a luz. Eso significaba que, legalmente, J era hijo de R, la mujer que lo gestó. Pero R no quería ser reconocida como madre, no tenía vínculo genético con el niño —el ADN lo confirmó con una probabilidad de maternidad de 0%—, y G era quien desde el alta del sanatorio convivía con J y lo cuidaba todos los días.

Además, las partes habían planteado al inicio que el artículo 562 era inconstitucional e inconvencional aplicado a este caso. Sin embargo, durante el proceso optaron por una vía distinta: en lugar de ese debate —más largo e incierto—, aceptaron la propuesta de la Defensora Pública de Menores de encontrar una solución dentro del marco legal vigente. Un camino creativo pero sólido.

La solución: inscripción conforme al parto más adopción plena por integración

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 25 resolvió el 31 de marzo de 2025 de la siguiente manera. Primero, ordenó inscribir el nacimiento de J conforme la constatación de parto del Sanatorio Otamendi, con R como madre y F como padre, incorporando el consentimiento informado que él había suscripto y la prueba de ADN que confirmaba la paternidad biológica. Segundo, concedió a G la adopción por integración con carácter de adopción plena.

¿Qué significa esto en la práctica? La adopción de integración es la figura del Código Civil que permite adoptar al hijo del cónyuge o conviviente. En este caso, G adoptó plenamente al hijo de F, su pareja. Al ser plena, esa adopción extingue todo vínculo jurídico con R —que es exactamente lo que R también pidió en audiencia—. El resultado final: J quedó inscripto con dos apellidos, con dos padres en su partida de nacimiento, y con la obligación expresa de los adultos de contarle su historia cuando tenga la madurez para comprenderla.

La jueza también ordenó que los padres se comprometan formalmente a informarle a J sus orígenes biológicos y gestacionales, conforme el artículo 596 del CCyC, que reconoce el derecho de todo adoptado a conocer su historia. Un reconocimiento importante: la identidad de J no se borra, se resguarda.

¿Qué pasa si tu situación es parecida?

Este fallo es valioso porque muestra un camino posible, pero no es una solución universal ni automática. Cada caso de gestación por sustitución en Argentina hoy depende del criterio del juzgado que intervenga, de las circunstancias concretas y del momento en que se inicie el proceso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en octubre de 2024, aclaró que el art. 562 aplica a estas situaciones y que el contrato entre partes no puede modificar normas de orden público. Al mismo tiempo, señaló que la adopción por integración es una vía válida. Es decir: no hay un camino automático, pero sí hay caminos.

Si estás pensando en llevar adelante una gestación solidaria, o si ya estás en medio del proceso, hay algunas cosas que son fundamentales: contar con asesoramiento legal antes de iniciar cualquier trámite médico; asegurarse de que todos los consentimientos informados estén en regla; contemplar la vía judicial desde el principio y no solo cuando el problema ya apareció; y entender que en Argentina, a diferencia de otros países, no existe todavía un marco legal claro que garantice el resultado por la vía administrativa.

Un vacío que el Congreso todavía no resolvió

El anteproyecto original del Código Civil y Comercial, elaborado por la comisión presidida por Lorenzetti, Highton y Kemelmajer, sí incluía una regulación específica para la gestación por sustitución. Contemplaba requisitos claros: imposibilidad de gestar por parte de los comitentes, ausencia de aporte genético de la gestante, consentimiento informado de todos los intervinientes, y autorización judicial previa. Esa regulación fue eliminada antes de que el Código se convirtiera en ley en 2015. Desde entonces, la realidad avanzó muchísimo más rápido que el Congreso, y son los jueces quienes van llenando ese vacío, fallo por fallo, con soluciones que varían de un juzgado a otro. El caso de J es un ejemplo de lo que se puede lograr con buena estrategia legal. Y también, de lo que una familia no debería tener que atravesar para conseguirlo.

Una de las preguntas que más veces llega a nuestra consulta es esta: «Mi hijo cumplió 18 años, ¿sigo obligado a pasarle cuota?» Y la respuesta corta es sí, probablemente sí. Pero la respuesta larga tiene matices importantes que conviene entender bien, porque la ley no trata igual al hijo de 19 que al de 23, y las reglas sobre quién tiene que probar qué cambian según la franja etaria.

La regla base: la mayoría de edad no extingue los alimentos

Cuando un hijo cumple 18 años, alcanza la mayoría de edad y en muchos aspectos pasa a ser responsable de sus propios actos. Pero eso no significa que la obligación alimentaria de sus padres desaparezca automáticamente. El artículo 658 del CCyC establece que ambos progenitores tienen el deber de alimentar a sus hijos. Y el artículo 662 extiende esa obligación hasta los 21 años, con una particularidad clave: la carga de probar que la obligación cesó recae sobre quien la quiere hacer cesar, es decir, sobre el padre o madre que deja de pagar.

Primer tramo: de los 18 a los 21 años

Entre los 18 y los 21 años, el hijo mayor de edad no necesita hacer nada especial para mantener su derecho alimentario. La obligación continúa como extensión natural de la etapa anterior. El progenitor que quiera que la cuota cese —o que pretenda reducirla alegando que el hijo ya trabaja— es quien debe probarlo. Si el padre acredita que su hijo tiene trabajo en relación de dependencia y puede sostenerse por sus propios medios, la cuota puede cesar antes de los 21. Así lo estableció un fallo de 2025 donde un tribunal ordenó el cese porque el hijo mayor de edad, aunque aún no había cumplido 21, trabajaba formalmente y tenía ingresos suficientes. La autosuficiencia probada por el alimentante fue suficiente para cortar la obligación.

Pero atención: el estándar es exigente. No basta con que el hijo tenga algún trabajo informal o un ingreso esporádico. La jurisprudencia requiere que los recursos sean suficientes para cubrir sus necesidades de forma razonablemente autónoma.

Segundo tramo: de los 21 a los 25 años

A los 21 años, la obligación cesa de pleno derecho. Esto lo confirmó la Cámara Civil en un fallo de febrero de 2026 que reavivó el debate sobre este tema. El cese es automático. Si el hijo quiere que los alimentos continúen más allá de esa edad, es él quien debe iniciar una acción judicial y probar dos requisitos que establece el artículo 663 del CCyC:

1. Que está estudiando o capacitándose en un arte u oficio. No alcanza con decir que «piensa estudiar» o que está inscripto en una materia suelta. Debe acreditar una trayectoria real, activa y continua en una carrera, tecnicatura, oficio o capacitación profesional.

2. Que esa formación le impide proveerse de los medios para sostenerse solo. Este es el requisito que más conflictos genera. La sola inscripción universitaria no es suficiente. El hijo tiene que demostrar que la carga horaria, la dedicación que exige la carrera o la incompatibilidad práctica entre estudiar y trabajar le impiden ser autosuficiente. Un hijo que estudia de noche y trabaja de día, por ejemplo, difícilmente pueda sostener este argumento.

Un caso concreto para entenderlo mejor

Imaginá esta situación: Lucía tiene 23 años, estudia Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y vive con su madre. La carrera le demanda entre 8 y 10 horas diarias entre clases, guardias y estudio. Su padre dejó de pasar la cuota cuando ella cumplió 21, argumentando que la obligación cesó automáticamente. Lucía inicia una demanda de alimentos. Para tener éxito, deberá presentar: constancia de alumna regular, plan de estudios que demuestre la carga horaria, y elementos que acrediten que esa dedicación le impide trabajar para sostenerse. Si lo prueba, el juez podrá fijar una cuota hasta que cumpla 25 o termine la carrera, lo que ocurra primero.

¿Y si el hijo ya trabaja y también estudia?

Este es un escenario frecuente y la respuesta depende de los ingresos reales. Si el hijo trabaja, eso no cancela automáticamente su derecho, pero sí es un elemento que el juez va a ponderar. La jurisprudencia exige que el impedimento de autosustentarse sea consecuencia directa de los estudios. Si puede trabajar y estudiar al mismo tiempo y aun así pide alimentos, el reclamo tiene menos sustento. En cambio, si trabaja en negro por horas para cubrir algo mínimo mientras estudia a tiempo completo una carrera exigente, la situación puede ameritar una cuota parcial o reducida.

¿Qué pasa si los padres no están de acuerdo?

El desacuerdo entre los progenitores sobre continuar o no la cuota es lo más común. En esos casos, el hijo mayor de 21 debe iniciar él mismo el juicio de alimentos —ya no puede hacerlo a través de su madre o su padre como cuando era menor—. Es el único legitimado para reclamar, y la demanda debe cumplir con acreditar ambos requisitos del artículo 663. Si no los prueba, el juez rechaza el reclamo aunque el hijo esté estudiando.

Imaginá esta situación: una madre tiene que viajar al exterior por trabajo durante seis meses. O un padre atraviesa un tratamiento médico que lo imposibilita para tomar decisiones cotidianas por sus hijos. O una abuela viene criando a su nieto desde siempre, pero no tiene ningún respaldo legal para ir al médico con él ni inscribirlo en el colegio. ¿Qué hace esa familia? ¿Cómo resuelve el derecho estas situaciones reales que no encajan en el molde del divorcio ni de la tutela?

¿Qué es la responsabilidad parental?

Antes de entender la delegación, conviene aclarar de qué hablamos cuando decimos «responsabilidad parental». Es el conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores respecto de sus hijos menores de edad: cuidarlos, alimentarlos, educarlos, representarlos legalmente, administrar sus bienes y tomar decisiones sobre su salud y su vida cotidiana. Hasta 2015, esto se llamaba «patria potestad», pero el CCyC cambió la denominación para poner el foco en las obligaciones, no en el poder.

Cuando hablamos de responsabilidad parental, distinguimos dos conceptos importantes: la titularidad (quién tiene ese conjunto de derechos y obligaciones) y el ejercicio (quién los lleva adelante en la práctica). La delegación no afecta la titularidad: el padre o la madre sigue siendo el titular. Lo que se delega es el ejercicio, es decir, la capacidad de actuar en nombre del hijo en el día a día.

¿Cuándo procede la delegación?

El artículo 643 del CCyC establece que un progenitor puede delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en un familiar o en una persona de confianza, siempre que exista una razón suficiente y que el juez lo homologue. La ley no da una lista cerrada de causales: basta con que haya un motivo justificado que haga razonable que otra persona se haga cargo del ejercicio.

En la práctica, los casos más frecuentes son:

• Enfermedad grave o prolongada de uno o ambos progenitores.
• Trabajo en el exterior o ausencia prolongada del país.
• Tratamiento de adicciones o de salud mental.
• Privación de libertad.
• Situaciones de crisis familiar donde el niño ya convive con un tercero (abuelo, tío, pareja del progenitor).
• Familias ensambladas donde el cónyuge o conviviente del progenitor ejerce funciones de crianza en la práctica.

¿A quién se le puede delegar?

La ley habla de «un familiar o persona de confianza». No exige parentesco: puede ser un abuelo, un tío, un hermano mayor, la nueva pareja del progenitor, o cualquier adulto que tenga un vínculo afectivo real con el niño y que pueda asumir esa responsabilidad. Lo que sí es fundamental es que la delegación tenga como centro el interés superior del niño, que es el principio rector de todo el derecho de familia.

¿Cómo se formaliza?

La delegación no puede ser un simple acuerdo entre privados. Necesita homologación judicial: el progenitor presenta la solicitud ante el juez de familia competente, explica los motivos y propone a la persona delegada. El juez evalúa si la delegación es conveniente para el niño, puede escuchar al menor si tiene edad y madurez suficiente, y si todo está en orden, homologa el acuerdo. A partir de ese momento, la persona delegada puede actuar con plena validez legal.

La delegación tiene una duración máxima de un año, aunque puede renovarse si subsisten las causas que la motivaron. Durante ese tiempo, el progenitor puede retomar el ejercicio en cualquier momento, salvo que el juez lo haya suspendido por otra causa.

¿Qué puede hacer la persona delegada?

Una vez homologada la delegación, la persona designada puede tomar todas las decisiones que hacen al ejercicio ordinario de la responsabilidad parental: autorizar tratamientos médicos, firmar documentos escolares, representar al niño ante organismos públicos y tomar decisiones de la vida cotidiana. Para actos de mayor envergadura —como viajar al exterior, disponer de bienes del menor o tomar decisiones médicas de alto impacto—, puede requerirse autorización específica del juez.

Un caso concreto para entenderlo mejor

Luciana tiene una hija de 8 años. Recibe una oferta de trabajo en España por ocho meses. El padre de la nena falleció hace dos años. La abuela materna, con quien la nena tiene una relación muy estrecha, va a quedarse en Córdoba para cuidarla. Sin la delegación judicial, la abuela no podría llevarla al médico de urgencias, inscribirla en actividades extracurriculares ni firmar documentos escolares. Con la delegación homologada, tiene plenas facultades para hacer todo eso durante la ausencia de Luciana. Y cuando Luciana regrese, retoma el ejercicio de pleno derecho.

Este mecanismo le da certeza jurídica a una situación que de otro modo quedaría en un limbo legal peligroso para el niño y frustrante para los adultos involucrados.

Diferencia con la tutela y la guarda

Es importante no confundir la delegación con otras figuras. La tutela procede cuando el niño no tiene progenitores o estos han sido privados de la responsabilidad parental: implica la designación de un tutor que asume la titularidad. La guarda con fines de adopción es otro proceso completamente diferente. La delegación, en cambio, es una herramienta flexible y temporal que no rompe el vínculo filial ni desplaza al progenitor: simplemente lo reemplaza en el ejercicio mientras dure la situación que motivó la delegación.

A mediados de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a un debate que venía creciendo en los tribunales argentinos: ¿puede una persona tener legalmente tres padres o madres? La respuesta del máximo tribunal fue clara y contundente: no, al menos no con la ley vigente. El fallo revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había reconocido la inscripción de una triple filiación, y confirmó que el artículo 558 del Código Civil y Comercial establece un límite de dos vínculos filiales que los jueces no pueden saltarse por su cuenta.

El caso: tres personas, un niño y una batalla legal de cuatro años

Todo comenzó en 2022, cuando tres adultos —unidos por lazos afectivos y un proyecto parental compartido— solicitaron al Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires que inscribiera la filiación de un niño que estaba por nacer con los nombres de los tres como progenitores. Argumentaron que tenían voluntad procreacional conjunta, que el principio de no discriminación amparaba su pedido y que el modelo binario del CCyC no reflejaba la realidad de las familias del siglo XXI.

La Sala E de la Cámara Civil les dio la razón y confirmó la inscripción. El tribunal de alzada sostuvo que se trataba de un supuesto no previsto expresamente por la norma, y que frente al vacío legal debía prevalecer el interés superior del niño y el reconocimiento de su realidad familiar. El fallo generó enorme repercusión y fue seguido de cerca por familias en situaciones similares en todo el país.

La Corte dijo que no: el art. 558 es claro

Pero en marzo de 2026, los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti decidieron de otra manera. Para la Corte, el artículo 558 del CCyC no tiene ambigüedad: establece de forma expresa que toda persona puede tener un máximo de dos vínculos filiatorios, sin importar si la filiación es por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida. Los jueces no se enfrentaban a un vacío legal, sino a una restricción deliberada del legislador.

El tribunal advirtió algo importante: si la sociedad argentina quiere reconocer la triple filiación, ese debate corresponde al Congreso de la Nación, no a los juzgados. Declarar inconstitucional una norma vigente exige fundamentos jurídicos sólidos que, a criterio del máximo tribunal, la Cámara Civil no había aportado. La voluntad procreacional compartida, por más legítima que sea, no alcanza sola para derribar una norma del Código.

¿Qué dice hoy el Código Civil sobre filiación?

El CCyC reconoce tres fuentes de filiación: la naturaleza (biológica), la adopción y las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). En todos los casos, el límite es de dos progenitores. Esto no significa que una persona no pueda tener vínculos afectivos o de cuidado con más de dos adultos —el CCyC también reconoce la figura del progenitor afín—, pero ese vínculo no tiene los mismos efectos jurídicos que la filiación: no genera derechos sucesorios automáticos, ni responsabilidad parental, ni el mismo sistema de alimentos.

El progenitor afín es el cónyuge o conviviente del padre o la madre. Puede colaborar en la crianza, tomar decisiones en situaciones de urgencia y, en algunos casos, asumir obligaciones alimentarias subsidiarias. Sin embargo, esta figura tiene un alcance mucho más acotado que la filiación propiamente dicha.

Un ejemplo para entenderlo mejor

Imaginemos a Laura, Martín y Sofía. Los tres forman una familia y crían juntos a un niño nacido mediante TRHA con material genético de Martín y gestado por Laura. Sofía aportó al proyecto de vida, estuvo presente desde el embarazo y participa activamente en la crianza. Bajo el fallo de la Corte, el niño sólo puede tener dos progenitores registrados: Laura y Martín. Sofía podrá ser reconocida como progenitora afín si convive con alguno de los dos, pero no tendrá filiación legal. Eso implica que, si Sofía fallece sin testamento, el niño no heredará automáticamente. Si la pareja se separa, Sofía no tendrá derecho a régimen de comunicación garantizado por ley, aunque haya criado al niño durante años.

Esta brecha entre la realidad familiar y el derecho es exactamente el argumento que usaron quienes defendían la triple filiación. Y es, también, el punto donde el debate continúa: el fallo de la Corte cierra la puerta judicial, pero deja abierta la puerta legislativa.

¿Qué podés hacer si tu familia no encaja en el molde legal?

Si vivís una situación similar —familias ensambladas, proyectos parentales de tres personas, convivencias con progenitores afines— hay herramientas legales para proteger los vínculos y los derechos, aunque la triple filiación no sea posible hoy. Un acuerdo de convivencia o un convenio regulador bien redactado puede anticipar muchas situaciones. El testamento es clave para garantizar derechos sucesorios a quienes no tienen filiación legal. Y en algunos casos, una adopción del hijo del cónyuge o conviviente puede ser la vía para formalizar un vínculo que ya existe en los hechos. Cada situación es distinta y merece un análisis personalizado.