El 27 de abril de 2026, la Jueza Ana Silvina Izquierdo del Juzgado Civil y Comercial de 52ª Nominación de Córdoba firmó el Auto N° 31 en la quiebra de MRQZPABAR Desarrollos S.A. —la empresa que operó bajo el nombre Márquez & Asociados— y aprobó el primer plan de distribución de fondos para los acreedores laborales que tramitaron pronto pago. Para los trabajadores que llevan meses esperando, esto es una noticia concreta: hay dinero disponible y hay un plan aprobado para pagarlo.

No se trata del cobro total de lo adeudado. Es la primera distribución de un proceso que seguirá en la medida en que ingresen nuevos fondos a la quiebra. Pero es un paso real en un expediente que por su escala y complejidad —más de 4.000 denuncias por estafa, imputados detenidos y miles de acreedores— tardó meses en llegar a este punto.

Qué es el pronto pago y por qué existe

El pronto pago es un mecanismo que la Ley de Concursos y Quiebras (Art. 16, LCQ) reserva específicamente para los créditos laborales. A diferencia de los demás acreedores —que deben atravesar el proceso completo de verificación de créditos y esperar la liquidación general—, los trabajadores con acreencias por salarios, indemnizaciones o rubros similares tienen derecho a un cobro anticipado y preferente, sin necesidad de iniciar un juicio ordinario de verificación.

En la práctica, el trabajador inicia el trámite de pronto pago ante el juzgado de la quiebra, acredita su crédito, y si el tribunal lo reconoce mediante sentencia, pasa a integrar la planilla de distribución. El privilegio es doble: especial y general, lo que le da prioridad frente a la mayoría de los demás acreedores de la quiebra.

Qué aprobó exactamente el tribunal el 27 de abril

El plan de distribución aprobado por Auto N° 31 fija las siguientes condiciones para esta primera vuelta de pagos:

Tope por acreedor: el monto a cobrar en esta distribución no puede superar el equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por persona. Eso no significa que el resto del crédito se pierde: simplemente se distribuye en cuotas futuras, a medida que ingresen nuevos fondos a la quiebra.

Distribución proporcional: el cálculo de cada pago se hizo en proporción al capital reconocido en la sentencia de pronto pago, más los intereses calculados hasta una fecha de corte única para todos. El coeficiente que determina cuánto le toca a cada uno surge del total de los créditos a abonar en esta etapa.

Privilegios respetados: los créditos se clasificaron con privilegio especial y general según corresponda, lo que impacta en el orden de cobro dentro del plan.

Si tu pronto pago todavía no tiene sentencia

El tribunal fue explícito en este punto. Los trabajadores que iniciaron el trámite de pronto pago pero aún no obtuvieron sentencia no quedan fuera del reparto: la sindicatura constituyó una reserva proporcional a esas acreencias pendientes de reconocimiento. Una vez que el juicio concluya y haya resolución judicial, el pago se realizará por planilla suplementaria, sin necesidad de esperar una nueva distribución general.

Esto significa que la demora en obtener sentencia no perjudica el derecho al cobro: el porcentaje que te corresponde ya está apartado y esperando.

Qué tenés que hacer si te corresponde cobrar

El tribunal dispuso una condición operativa clara para librar las órdenes de pago: cada acreedor con derecho al cobro debe presentar en el expediente principal N° 13733606 ante el Juzgado Civil y Comercial de 52ª Nominación los siguientes datos:

CBU de la cuenta bancaria donde vas a recibir el pago. CUIT o CUIL según corresponda. Constancia de condición tributaria ante AFIP (puede ser la constancia de inscripción o de monotributo, según tu situación).

Sin esa información acreditada en el expediente, la orden de pago no se puede librar. Si ya tenés abogado a cargo del pronto pago, coordiná con él la presentación. Si no tenés representación letrada activa, es el momento de asegurarte de tenerla.

El contexto del caso

Márquez & Asociados —cuya razón social actual es MRQZPABAR Desarrollos S.A.— fue declarada en quiebra en mayo de 2025 por el Juzgado Civil y Comercial de 52ª Nominación. La empresa acumula más de 4.000 denuncias penales por presunta estafa: clientes que abonaron cuotas por inmuebles que nunca fueron entregados. Los hermanos Márquez y otros imputados afrontan cargos por estafa reiterada y asociación ilícita. La sindicatura designada gestiona uno de los procesos concursales más complejos de la provincia en los últimos años.

Esta primera distribución de fondos laborales es un jalón relevante dentro de ese proceso: demuestra que el mecanismo de pronto pago funciona y que los créditos de los trabajadores tienen prioridad real en la liquidación. Las distribuciones siguientes dependerán del ingreso de nuevos fondos a la quiebra, lo que a su vez depende del avance en la realización de los activos de la fallida.

Registraste tu marca invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en construir una identidad. Un día te enterás de que alguien más la está usando para vender sus productos o servicios, sin pedirte permiso y sin pagarte nada. Es una situación más frecuente de lo que parece, y tiene una solución concreta en el derecho argentino: la acción de cese de uso indebido de marca.

¿En qué se basa este derecho?

Cuando registrás una marca ante el INPI, obtenés algo que los abogados llamamos ius prohibendi: el derecho exclusivo de usar ese signo y, al mismo tiempo, el de prohibir que terceros lo usen sin tu autorización. Así lo establece el artículo 4 de la Ley de Marcas (Ley 22.362) y también el artículo 16 del Acuerdo ADPIC, tratado internacional que Argentina adoptó mediante la Ley 24.425. Este derecho opera frente a cualquier persona, sin importar quién sea ni qué justificación alegue: es lo que en derecho se denomina un derecho erga omnes, es decir, oponible a todos.

¿Qué actos constituyen infracción marcaria?

No hace falta que el infractor copie tu marca de forma idéntica. La ley protege contra tres tipos de uso indebido:

• Confusión directa: el infractor usa un signo igual o similar al tuyo para los mismos productos o servicios, y el consumidor no puede distinguir con claridad entre ambas marcas.
• Riesgo de asociación: aunque el consumidor pueda diferenciar los signos, el uso del ajeno genera en el público la impresión de que existe alguna vinculación o relación comercial entre las dos empresas.
• Dilución de la marca: el uso del signo por un tercero va debilitando gradualmente el poder distintivo de tu marca, incluso sin generar confusión directa. La Cámara Federal Civil y Comercial lo describió con precisión: tolerar que una marca registrada pase a integrar el conjunto marcario de un tercero «introduciría un factor de anarquía que proyectaría la pérdida del poder distintivo de los signos», afectando al público consumidor y a las sanas prácticas mercantiles.

La buena fe del infractor no importa

Este es el punto que más sorprende, y que muchas veces es mal entendido. Para la acción de cese de uso, no es relevante si el infractor sabía o no que tu marca estaba registrada. La acción civil protege el derecho de exclusividad de forma objetiva: basta con probar que la marca está siendo usada por alguien que no tiene autorización. El acto ilícito se configura con la sola invasión de la esfera de exclusividad del titular, independientemente de la buena o mala fe de quien lo cometió. Distinto es el caso si además se reclaman daños y perjuicios: allí, el dolo o la negligencia del infractor sí pueden influir en la cuantía de la indemnización.

¿Qué podés pedir en el juicio?

La acción de cese de uso te habilita a solicitar al juez:

• Que el infractor deje de usar la marca de forma inmediata y definitiva.
• El comiso y venta de las mercaderías identificadas con la marca en infracción (art. 34, Ley 22.362).
• La destrucción de todos los elementos que lleven la marca, cuando no es posible separarla del producto.
• La publicación de la sentencia en medios de difusión general, a costa del infractor condenado.
• Y, en forma complementaria, la reparación de los daños y perjuicios causados por el uso no autorizado.

¿Y si el infractor ya dejó de usar la marca?

Aunque el uso indebido haya cesado antes de que inicies el juicio, seguís teniendo derecho de accionar. La sentencia que declara la infracción cumple dos funciones: que el infractor no pueda repetir la conducta en el futuro, y habilitar el reclamo del resarcimiento económico del daño que te causó. Sin esa declaración judicial, el infractor podría volver a usar tu marca sin consecuencias. Por eso la acción de cese no requiere que el uso siga vigente al momento de demandar: alcanza con que haya existido el acto ilícito y que exista un riesgo razonable de que se repita.

Un ejemplo concreto

Imaginate que sos titular de una marca registrada ante el INPI para una cafetería en Córdoba: «La Posta del Café». Un competidor abre un local con el nombre «La Posta Café», usando un logo similar y ofreciendo exactamente los mismos servicios. Le mandás una carta documento para que cambie el nombre y hace caso omiso. Podés iniciar la acción de cese de uso ante los tribunales federales en lo Civil y Comercial. No necesitás demostrar que perdiste clientes ni que el otro actuó con mala intención. Alcanza con acreditar que tu marca está registrada en la clase correspondiente y que el signo del demandado genera riesgo de confusión para el público consumidor.

La importancia de tener la marca registrada

Todo lo anterior funciona de forma mucho más sólida cuando la marca está formalmente registrada. El titular de una marca registrada no necesita probar el uso del signo ni la mala fe del infractor: solo acredita el registro y el uso indebido, y el juez debe actuar. En cambio, quien usa una marca sin registrarla enfrenta una carga probatoria mucho más exigente: debe demostrar el uso real y prolongado, la clientela formada en torno a esa marca, y además la mala intención del infractor. Registrar la marca no es un trámite burocrático: es el escudo que hace efectiva toda la protección legal que el sistema marcario te ofrece.

El 23 de abril de 2026, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una resolución que cambió el estado del juego en materia laboral: le otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación del Estado Nacional y, con eso, levantó la suspensión que pesaba sobre 82 artículos de la Ley 27.802 —la llamada Ley de Modernización Laboral. En términos prácticos, esos artículos volvieron a estar en vigor el mismo día. Para los empleadores y PyMEs que venían navegando en un limbo jurídico desde el 30 de marzo, la noticia tiene consecuencias concretas e inmediatas.

La historia en tres actos

Para entender lo que pasó, hay que dar un paso atrás. La Ley 27.802 fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Se trata de una reforma estructural del derecho laboral argentino que modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), deroga la Ley de Teletrabajo y toca más de treinta normas distintas. Apenas semanas después de su entrada en vigencia, la CGT presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y solicitó una medida cautelar innovativa.

El 30 de marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a esa cautelar y suspendió la vigencia de 82 artículos de la ley. El argumento fue que esas disposiciones podrían vulnerar derechos laborales y sindicales de rango constitucional. Para un empleador que ya había comenzado a adaptar sus contratos y políticas internas, el golpe fue doble: primero la reforma, después la suspensión.

El Estado apeló, pero el recurso fue concedido con «efecto devolutivo», lo que significa que la cautelar seguía vigente mientras la Cámara deliberaba. Fue entonces cuando el Estado presentó una queja directamente ante la Sala VIII, argumentando que la ley 26.854 —la norma que regula las medidas cautelares contra el Estado— impone efecto suspensivo automático cuando se apela una sentencia que paraliza una ley del Congreso. El 23 de abril, la Cámara le dio la razón.

Qué resolvió exactamente la Cámara

La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, modificó la resolución del 7 de abril y convirtió el efecto del recurso de «devolutivo» a «suspensivo». En lenguaje llano: la suspensión de la ley queda a su vez suspendida. La ley rige. No es un fallo de fondo —la Cámara todavía tiene que resolver si la cautelar original estuvo bien o mal concedida—, pero durante ese tiempo los 82 artículos que habían sido frenados están operativos.

El fundamento legal es el artículo 13, apartado 3, de la ley 26.854, que establece que cuando se apela una medida cautelar que suspende una ley, ese recurso tiene efecto suspensivo de pleno derecho. La excepción —cuando están en juego ciertos derechos fundamentales del artículo 2° de la misma norma— no fue considerada aplicable en este caso por los jueces. El razonamiento del Tribunal fue claro: cuando está en discusión una ley del Congreso, la decisión de confirmar o revocar la cautelar le corresponde a un tribunal colegiado, no a un juez unipersonal de primera instancia.

Qué cambia en la práctica para tu empresa

Si tenés empleados o estás por contratar, los cambios más relevantes que vuelven a estar vigentes son los siguientes. En materia de jornada laboral, la reforma permite extender el día de trabajo hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso. Esto da más flexibilidad para organizar turnos rotativos, especialmente en rubros con demanda variable, pero también implica más responsabilidad en el registro y control horario.

En cuanto a las indemnizaciones, si recontratás a un trabajador que ya cobró liquidación, lo que le pagaste se descuenta de la nueva indemnización, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor. El artículo 255 modificado de la LCT clarifica un punto que antes generaba litigios: cómo se actualizaba ese monto en el tiempo. Ahora el mecanismo es explícito.

Respecto al teletrabajo, la ley deroga la Ley 27.555 y absorbe la modalidad dentro del régimen general de la LCT. Eso implica que la obligación rígida del empleador de proveer equipos y la reversibilidad automática del teletrabajo —dos puntos de fricción de la ley anterior— quedan sujetas a lo que se pacte por convenio colectivo o contrato individual, no a una norma imperativa. Para muchas PyMEs que acordaban home office de manera informal, esto clarifica el piso legal y da más margen de negociación.

Finalmente, en registración, el artículo 52 modificado de la LCT concentra la inscripción de los trabajadores ante ARCA como único organismo competente. Se elimina la duplicación de trámites ante distintas agencias. Un cambio administrativo menor pero que reduce fricción concreta en el día a día.

Un ejemplo concreto

Imaginá que tenés una empresa de distribución logística y necesitás cubrir picos de demanda con jornadas más largas durante ciertas semanas del año. Con la ley suspendida, organizar turnos de más de 9 horas implicaba un riesgo legal real. Con la ley vigente, podés estructurar jornadas de hasta 12 horas siempre que respetes el descanso mínimo y lo registres correctamente en la documentación laboral. No es una habilitación para precarizar: el convenio colectivo de tu actividad puede poner límites adicionales y el registro es obligatorio. Pero sí abre una herramienta concreta que antes no existía formalmente en la LCT.

¿Qué viene ahora?

La batalla jurídica no terminó. La Sala VIII todavía tiene que resolver el fondo de la apelación: si la cautelar del juez Ojeda estaba bien fundada o no. Si la confirma, los artículos vuelven a suspenderse. Si la revoca, la ley queda vigente con mayor firmeza. Mientras tanto, la CGT tiene opciones procesales para continuar recurriendo. Para los empleadores, la recomendación es trabajar con los artículos vigentes hoy, pero sin perder de vista que el cuadro puede cambiar. Modificar contratos, reglamentos internos o políticas de teletrabajo sin asesoramiento legal en este contexto es asumir un riesgo innecesario.

El problema de fijar sin actualizar

En el derecho argentino de familia coexisten dos problemas estructurales que se potencian mutuamente: la prohibición de indexar deudas impuesta por las leyes 23.928 y 25.561, vigentes desde 1991 y 2002 respectivamente, y un proceso inflacionario crónico que erosiona sistemáticamente el poder adquisitivo de cualquier suma fijada en pesos. La cuota alimentaria es el terreno donde ese conflicto se vuelve más doloroso, porque el que pierde no es una parte contractual abstracta, sino una niña, niño o adolescente cuyas necesidades no esperan.

Ante la imposibilidad de garantizar una actualización automática por índices, la práctica judicial ha recurrido a distintos mecanismos de referencia: el porcentaje del salario del alimentante —la solución más idónea cuando existe empleo registrado—, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), la Canasta de Crianza del INDEC, el IPC, el RIPTE, el Jus, o aumentos escalonados. De todos ellos, el SMVM ha sido históricamente el más utilizado cuando el alimentante no cuenta con ingreso formal y verificable, porque ofrece un valor oficial conocido, mensual, y que los tribunales mayoritariamente han considerado ajeno a la prohibición de indexar.¹

El propósito de este trabajo es demostrar, con fundamento doctrinario y respaldo empírico, que esa elección tiene un costo que la judicatura no siempre pondera: el SMVM no sigue el costo real de criar, y en el período 2022–2026 esa brecha se volvió tan pronunciada que fijar la cuota en función del salario mínimo equivale, en los hechos, a reducirla periódicamente en términos reales. La conclusión a la que se arriba es que, cuando no es posible anclar la cuota en el salario efectivo del alimentante, el Índice de Crianza del INDEC constituye el parámetro técnicamente más adecuado para honrar la naturaleza de la obligación alimentaria como deuda de valor.

La obligación alimentaria como deuda de valor

El punto de partida dogmático es incontrovertible en la doctrina y la jurisprudencia actuales: la obligación alimentaria es una deuda de valor, no de dinero. Como explica Molina de Juan, en ella in obligatione se atiende a una determinada porción patrimonial —el costo de cubrir las necesidades del alimentado—, y el dinero opera únicamente in solutione, es decir, como modo de pago, no como objeto de la prestación.²

Esta calificación tiene una consecuencia práctica decisiva: la cuota no se agota en el número fijado originalmente. Cada mes nace una nueva obligación de valor cuyo contenido debe ser suficiente para cubrir las prestaciones debidas. La inflación no extingue la deuda: la hace insuficiente. El nominalismo, que podría ser una regla aceptable en las obligaciones dinerarias ordinarias, resulta incompatible con la finalidad alimentaria cuando opera en un contexto de depreciación sostenida de la moneda.

Las XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2024 ratificaron este punto con claridad: «Los alimentos son una obligación de valor, que se devenga mes a mes, y se encuentran excluidos de la prohibición de indexar, pudiendo cuantificarse periódicamente por mecanismos de repotenciación pactados, o por los que el juez fije.»³ El debate ya no es si la cuota puede actualizarse, sino con qué parámetro hacerlo de manera técnicamente rigurosa.

El SMVM y la Canasta de Crianza: una brecha que se ensancha

Examinar la evolución del SMVM frente al Índice de Crianza del INDEC entre 2022 y 2026 es el modo más directo de demostrar el problema que este artículo señala. Los datos son fuente oficial del organismo estadístico nacional y de la normativa del Ministerio de Capital Humano.

El siguiente gráfico ilustra la evolución nominal de ambos indicadores, tomando como base enero de 2022. La distancia entre las dos líneas no es una anomalía coyuntural: es el resultado estructural de que el SMVM y la canasta de crianza responden a lógicas de fijación completamente distintas. La canasta sigue los precios efectivos de los bienes y servicios que demanda la crianza, más la valorización del tiempo de cuidado. El SMVM, en cambio, es el resultado de una negociación tripartita —o, en los últimos períodos, de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo— con objetivos de política económica que exceden largamente el derecho alimentario.

La divergencia se intensificó marcadamente a partir de diciembre de 2023. La devaluación del peso impactó de inmediato en el precio de los bienes y servicios que componen la canasta, mientras el Consejo del Salario —intervenido unilateralmente por el Ejecutivo— estableció aumentos escalonados con incrementos mensuales que en 2025 oscilaron entre el 1,3% y el 2%, frente a una inflación acumulada del 31,5% en ese año.⁴

El gráfico 2 es la traducción más directa de lo que significa fijar alimentos en función del SMVM. En enero de 2022, un SMVM cubría el 83% del costo de la canasta de crianza para el tramo 6 a 12 años. En diciembre de 2023, esa cobertura había caído al 64%. En abril de 2026, se sitúa en el 53%. Dicho de otro modo: una cuota fijada originalmente en «el equivalente a un SMVM» para un niño de nueve años cubre hoy poco más de la mitad de lo que necesita para vivir, según el propio organismo estadístico del Estado.

El mandato de la Corte Suprema: deber de prever mecanismo de actualización

El 20 de febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los autos «G., S.M. y otro c/ K., M.E.A. s/ Alimentos» (CIV 83609/2017/5/RH3) y modificó radicalmente el enfoque con que la judicatura debe abordar la cuestión de la actualización alimentaria.⁵ El tribunal revocó la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional Civil que había dejado sin efecto una cláusula de actualización semestral de la cuota, con el argumento de que vulneraba la prohibición de indexar de la ley 23.928.

La Corte, al hacer propias las conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal Abramovich, sostuvo que la sentencia impugnada era arbitraria porque el tribunal, «abstrayéndose de la situación macroeconómica del país, juzgó la depreciación monetaria como un hecho incierto, forzando a la actora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso, que la prestación devino insuficiente».⁶ En el mismo pronunciamiento, el tribunal enumeró los mecanismos válidos utilizados en convenios y sentencias para conservar el valor real de la cuota: ajuste semestral por RIPTE, por IPC, pago en cuotas escalonadas, pago en moneda extranjera, referencia al SMVM o al Jus, y —de modo significativo— cualquier «otro parámetro de referencia».

Esta doctrina impone a los jueces un deber positivo, no una facultad: deben prever desde la sentencia el mecanismo que preserve la significación económica de la condena. Quien omite hacerlo incurre en arbitrariedad. Y si ese deber existe, la elección del parámetro debe ser razonada, no inercial. No alcanza con referirse al SMVM porque «es conocido» o porque «los tribunales lo vienen aplicando»: es necesario evaluar si ese parámetro sirve para el fin que la obligación alimentaria persigue.

Por qué el SMVM no es el parámetro adecuado cuando no hay salario verificable

El SMVM tiene virtudes innegables como referencia en materia alimentaria, que la doctrina y la jurisprudencia han señalado: es un valor oficial, público, de actualización periódica, que los tribunales han considerado mayoritariamente compatible con la prohibición de indexar.⁷ Molina de Juan explica que su utilización es válida y frecuente, especialmente cuando el alimentante carece de ingresos formales verificables.

Sin embargo, esas virtudes no compensan el defecto central: el SMVM no mide el costo de criar. Es un indicador de política salarial que responde a consideraciones de mercado de trabajo, competitividad, inflación general y voluntad política, pero no a la evolución de los precios de los bienes y servicios que componen la crianza. La evidencia del período 2022–2026 lo confirma con precisión: mientras el costo de la canasta de crianza acumuló un incremento del 1.537%, el SMVM apenas alcanzó el 948% en términos nominales. La brecha no es menor: representa que un niño de ocho años necesita hoy casi el doble de un SMVM para cubrir sus necesidades básicas según el INDEC.

A ello se suma un problema de gobierno: en el período reciente, la fijación del SMVM fue sustraída del ámbito tripartito del Consejo Nacional del Empleo y decidida unilateralmente por el Poder Ejecutivo mediante resoluciones administrativas, con sumas que en 2025 crecieron a la mitad del ritmo inflacionario.⁸ El alimentado cuya cuota depende del SMVM queda, así, sujeto a la discrecionalidad de una política económica sobre la que no tiene ningún control y que no fue diseñada para proteger sus intereses.

La consecuencia práctica es que el acreedor alimentario se ve periódicamente forzado al incidente de aumento —la «única alternativa» que la jurisprudencia más formalista admitía antes de «G., S.M.»—, con todo el desgaste económico, temporal y vincular que ello implica. Como señala Molina de Juan, obligar a iniciar ese incidente «sólo tiene sentido ante un cambio de la situación económica o de ingresos del deudor o del beneficiario, pero no es la vía idónea para preservar la integridad de la cuota alimentaria frente a los efectos degradantes de la inflación».⁹

El Índice de Crianza del INDEC como parámetro técnicamente adecuado

La Canasta de Crianza del INDEC —cuya valorización mensual se denomina Índice de Crianza (IC)— fue publicada por primera vez en julio de 2023 y tiene una lógica de construcción que la hace intrínsecamente más adecuada que el SMVM para actuar como referencia alimentaria. El índice estima el costo mensual de dos componentes: (a) los bienes y servicios necesarios para la crianza, calculados a partir de la Canasta Básica Total ajustada por coeficiente de adulto equivalente para cada tramo etario, y (b) el tiempo de cuidado, valorizado según las remuneraciones del personal de casas particulares. Se publica mensualmente con apertura por cuatro tramos de edad: menores de 1 año, 1 a 3 años, 4 a 5 años, y 6 a 12 años.¹⁰

Esta arquitectura lo convierte en el único indicador estadístico oficial que mide específicamente el costo de criar en Argentina. No es un proxy, no es una aproximación: es la herramienta diseñada para ese fin. El proyecto legislativo 2459-D-2024, actualmente en tratamiento parlamentario, reconoce expresamente esa vocación al postular la obligatoriedad del Estado de publicar el Índice de Crianza como «valor de referencia de los bienes y servicios que demanda la crianza de NNA, así como también de las tareas de cuidado».¹¹ La provincia de Buenos Aires lo incorporó expresamente como parámetro de cuantificación de la cuota en la reforma del Código Procesal local (ley 15513).¹²

El gráfico 3 ilustra una comparación relevante: en enero de 2022, fijar la cuota en «un SMVM» era, en la práctica, más generoso que fijarla en el 50% de la canasta de crianza. La referencia al SMVM favorecía al alimentado. En diciembre de 2023, la diferencia se había acortado. En abril de 2026, la situación se invierte: el 50% de la canasta equivale a $338.215, mientras que un SMVM alcanza $357.800 —valores similares por ahora, pero con tendencias divergentes. El punto crítico es que la brecha entre ambas lógicas puede abrirse en cualquier dirección según las decisiones de política salarial de turno, mientras que el Índice de Crianza sigue el costo efectivo de criar con independencia de esas decisiones.

La recepción jurisprudencial del Índice de Crianza

La recepción del IC en la jurisprudencia fue rápida y creciente desde su publicación. Se registran precedentes en Necochea, Neuquén, La Matanza, Lobos, Venado Tuerto y Tucumán, con criterios que oscilan entre el 50% y el 125% del valor correspondiente al tramo etario. La Cámara de Familia y Sucesiones de Tucumán, por ejemplo, utilizó el IC como referencia técnica para confirmar una cuota de un SMVM más un 20%, reconociendo que el índice «calcula el costo mensual estimado para sostener niños, niñas y adolescentes» y que su uso resultaba válido aun cuando la beneficiaria había superado la franja de 6 a 12 años.¹³

El argumento de que el IC podría ser objetado como mecanismo indexatorio prohibido por la ley 23.928 fue descartado por varios tribunales con una lógica que la doctrina ha sistematizado con precisión: lo que la ley prohíbe es la indexación por sus consecuencias, es decir, el ajuste automático de obligaciones dinerarias por índices de actualización monetaria. La referencia al IC no constituye una actualización monetaria de la deuda, sino la cuantificación periódica de una deuda de valor conforme al costo real de las prestaciones debidas. Se trata de la distinción que la CSJN avala en «G., S.M.»: no indexar, sino preservar el valor económico de la obligación de valor.¹⁴

Propuesta: cómo debe redactarse la cláusula de actualización

En términos prácticos, la incorporación del IC como mecanismo de actualización en la sentencia o en el convenio homologado requiere una redacción precisa que despeje cualquier objeción. A continuación se propone un modelo que integra los requisitos identificados por la doctrina y la jurisprudencia.

La cláusula no establece un ajuste por índice de actualización monetaria: establece el objeto de la prestación —un porcentaje del costo de criar—, que se mide en dinero conforme al valor vigente al momento del pago. Esa es exactamente la operación que el art. 772 del CCyC describe para las deudas de valor: «el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda para tomar la evaluación de la deuda». La obligación se cuantifica cada mes, no se actualiza: la diferencia no es sólo semántica, es el fundamento de su compatibilidad con la prohibición de indexar.

Algunas objeciones y sus respuestas

La aplicación del IC como parámetro de fijación y actualización de la cuota alimentaria puede generar objeciones que merecen ser abordadas.

Primera objeción: el IC sólo llega hasta los 12 años. Es cierto que la Canasta de Crianza del INDEC cubre el tramo hasta los 12 años inclusive. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido su extensión más allá de esa edad para adolescentes, aplicando el tramo de 6 a 12 años como referencia mínima o ajustando con un factor superior (generalmente 1,5 veces el valor del último tramo) para reflejar el mayor costo de las necesidades adolescentes. Un precedente de Suipacha lo aplicó en un caso de un hijo de 18 años con discapacidad que requería cuidados permanentes.¹⁵

Segunda objeción: el IC incluye el componente de cuidado, que ya asume el progenitor conviviente. Esta objeción es válida y relevante. La canasta de crianza tiene dos componentes: bienes y servicios, y tiempo de cuidado. El cuidado lo realiza quien convive con el niño y, en ese sentido, ya «lo aporta en especie». Lo correcto es usar como referencia sólo el componente de bienes y servicios cuando el mecanismo de actualización así lo requiera, o negociar el porcentaje del total teniendo en cuenta ese factor. El INDEC publica ambos componentes por separado, lo que permite esa desagregación.

Tercera objeción: la capacidad contributiva del alimentante puede ser inferior al IC. Esta objeción confunde el parámetro de cuantificación con el techo de la obligación. El IC funciona como referencia para determinar qué necesita el alimentado; la cuota efectiva resulta del cruce entre esa necesidad y la capacidad contributiva del alimentante. Que el IC sea el parámetro de actualización no significa que el obligado deba cubrir el 100% de la canasta: puede fijarse en un porcentaje de ella. Lo que el IC garantiza es que ese porcentaje se mantenga constante en términos reales, sin erosión inflacionaria.

Conclusiones

La evidencia reunida en este trabajo autoriza a formular las siguientes conclusiones.

Primera: el SMVM no es un parámetro adecuado para la actualización de la cuota alimentaria cuando no existe ingreso formal verificable del alimentante. Aunque ofrece ventajas de publicidad y practicidad, su lógica de fijación responde a consideraciones de política económica ajenas al costo real de criar, y el período 2022–2026 demuestra empíricamente que la brecha entre ambas variables puede tornarse estructuralmente perjudicial para el alimentado.

Segunda: la obligación alimentaria es una deuda de valor que se devenga mes a mes, y su cuantificación debe reflejar el costo real de las prestaciones en cada período de pago. La referencia al SMVM traiciona esa lógica cuando el salario mínimo crece por debajo del costo de los bienes y servicios que componen la crianza.

Tercera: la doctrina emergente de la CSJN en «G., S.M.» (2024) impone a los tribunales el deber de establecer desde la sentencia un mecanismo efectivo de preservación del valor económico de la cuota. Ese deber exige una elección razonada del parámetro, no la aplicación inercial del SMVM por tradición o comodidad.

Cuarta: el Índice de Crianza del INDEC —publicado mensualmente con apertura por tramo etario— es el parámetro estadístico que mejor refleja el costo real de criar en Argentina. Su uso como referencia de fijación y actualización de la cuota alimentaria es compatible con la prohibición de indexar, porque no actualiza una deuda dineraria sino que cuantifica periódicamente una deuda de valor conforme a su objeto. La jurisprudencia creciente lo avala, y el proyecto legislativo 2459-D-2024 tiende a institucionalizarlo.

La adopción del Índice de Crianza como parámetro principal —combinado, cuando corresponda, con un piso mínimo garantizado— constituye hoy la respuesta técnicamente más sólida al problema de fijar alimentos sin empleo registrado del alimentante. No es una solución perfecta: ningún indicador lo es en una economía con las características de la argentina. Pero es la que mayor fidelidad guarda con la naturaleza de la obligación alimentaria, con los derechos del niño, y con el mandato constitucional de asegurar que cada cuota cumpla su finalidad: que una niña, niño o adolescente tenga lo que necesita para crecer.

La usucapión —o prescripción adquisitiva— es, para muchas personas, la única vía para regularizar el dominio de una propiedad que ocupan hace años sin título. Pero el juicio no se gana con el tiempo solo: se gana con la prueba. Y la jurisprudencia argentina es cada vez más exigente respecto de cómo y con qué se acredita esa posesión. En este artículo analizamos los criterios que los tribunales vienen aplicando, los errores más frecuentes y cómo construir una estrategia probatoria sólida desde el primer día.

Los dos elementos de la posesión: corpus y animus domini

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) exige para la prescripción adquisitiva larga —la de veinte años— que la posesión sea pública, pacífica, continua e ininterrumpida, con ánimo de dueño. Esto se traduce en dos elementos que la doctrina y la jurisprudencia trabajan por separado.

El corpus es el elemento material: la capacidad de disponer físicamente del bien. No requiere contacto permanente, pero sí que el poseedor pueda ejercer ese poder cuando lo desee. En la práctica, se acredita con actos concretos sobre el inmueble: construcciones, refacciones, cerramientos, plantaciones, pago de servicios, ocupación efectiva por el propio poseedor o por quienes este autoriza.

El animus domini es el elemento subjetivo: la intención de tener la cosa para sí, como si fuera dueño, sin reconocer en otro un derecho superior. Este es el elemento que distingue al poseedor del simple tenedor —el inquilino, el comodatario— que ocupa el inmueble en nombre de otro. El animus no se declama; se infiere de los actos. Y los tribunales exigen que esos actos sean inequívocos.

La regla de la prueba compuesta: por qué no alcanza solo la testimonial

Uno de los criterios jurisprudenciales más consolidados en la materia es que la prueba testimonial, por sí sola, es insuficiente para tener por acreditada la posesión. Este principio —aplicado de forma consistente en distintos fueros— responde a una razón práctica evidente: los testigos pueden equivocarse respecto de fechas, pueden deponer de buena fe pero con imprecisiones, o pueden ser parientes y amigos del actor cuya objetividad queda comprometida.

La doctrina habla de prueba compuesta: una combinación de elementos documentales y testimoniales que, en conjunto, permitan al juez formarse convicción sobre la existencia, continuidad y fecha de inicio de la posesión. En ese esquema, los documentos funcionan como ancla cronológica y los testigos como hilo narrativo que los conecta.

Este criterio fue reafirmado recientemente cuando la Cámara revocó una sentencia de primera instancia que había hecho lugar a una demanda de usucapión basándose exclusivamente en escrituras públicas anteriores al período de prescripción. El tribunal consideró que la existencia de escrituras que documenten actos jurídicos sobre el inmueble —donaciones, boletos de compraventa, cesiones— no equivale a prueba del corpus posesorio, ya que acreditan la circulación del derecho pretendido pero no el ejercicio material y cotidiano del poder de hecho sobre la cosa.

Qué documentos acreditan el corpus y cuáles el animus

La distinción entre ambos elementos no es meramente teórica: impacta directamente en qué prueba producir y cómo presentarla. Una buena estrategia probatoria diferencia —y ofrece al juez— documentación que respalde cada uno de los dos requisitos.

Para el corpus (el poder de hecho sobre el inmueble):

• Facturas de servicios a nombre del poseedor (luz, gas, agua, internet)
• Presupuestos, facturas y recibos de materiales de construcción o refacción
• Fotos con metadatos de fecha que documenten estado y uso del inmueble
• Habilitaciones municipales, permisos de obra o expedientes de construcción
• Correspondencia postal o notificaciones administrativas recibidas en el inmueble
• Contratos de locación o comodato si el poseedor cedió temporalmente el uso a terceros

Para el animus domini (la intención de actuar como dueño):

• Boletas y comprobantes de pago del impuesto inmobiliario provincial
• Pago de tasas municipales vinculadas al inmueble (alumbrado, barrido, limpieza)
• Gestiones ante organismos públicos en nombre propio respecto del bien (catastro, municipalidad)
• Declaraciones juradas ante AFIP que incluyan el inmueble como activo
• Solicitudes de crédito con el inmueble ofrecido como garantía
• Actos de disposición sobre el inmueble: mejoras significativas, subdivisiones, etcétera

El estándar del «año a año»: reconstrucción documental del plazo completo

La jurisprudencia más reciente ha ido consolidando un estándar que puede resumirse así: cada tramo relevante del plazo de veinte años debe tener, idealmente, algún anclaje documental o testimonial que lo respalde. No se exige un documento por cada día ni por cada año sin excepción, pero sí que la prueba permita al juez reconstruir una línea de tiempo creíble y continua.

Esto tiene una consecuencia práctica muy concreta para quien vive en un inmueble sin escritura y aspira a usucapirlo: hay que empezar a guardar papeles desde el primer día. Una caja de facturas de servicios ordenadas cronológicamente, los comprobantes del impuesto inmobiliario de cada año, los recibos de las obras que se hicieron, las fotos con fecha — todo eso construye, año a año, la columna vertebral de la futura prueba.

La fecha de inicio de la posesión: la obligación del juez según el art. 1905 del CCyC

Este es, quizás, el punto más técnico y el que más impacto tiene en el resultado práctico del juicio. El artículo 1905 del Código Civil y Comercial establece que la sentencia que declara adquirido el dominio por prescripción debe establecer la fecha en la que se produce la adquisición del derecho. Esa fecha no es la de la sentencia: es la fecha en que se cumplió el plazo legal de posesión.

Esta exigencia no es meramente procesal. El Registro de la Propiedad y el Catastro califican la sentencia al momento de inscribir la adquisición, y entre los requisitos de calificación se encuentra, de manera expresa, que la fecha de adquisición del dominio conste en forma clara y precisa en el testimonio que se presenta para inscribir. Sin ese dato, el testimonio no es inscribible.

Para que el juez pueda fijar esa fecha, la prueba debe proveerle los elementos necesarios para determinarlo. Si el actor no acredita con precisión cuándo comenzó la posesión —y el juez no puede establecerlo a partir de la prueba producida— la sentencia no puede cumplir con el requisito del art. 1905, lo que genera un problema que va más allá de la condena: el fallo no se podrá inscribir, y el derecho reconocido judicialmente quedará sin traslado al registro.

La falta de documental que corrobore la versión testimonial respecto de la fecha de inicio de la posesión ha sido, en varios fallos, el motivo central de rechazo de la demanda o de revocación de la sentencia de primera instancia. Los tribunales han señalado que cuando la fecha de inicio depende exclusivamente de los dichos del propio actor —sin ningún elemento externo que los corrobore—, esa prueba resulta insuficiente.

El caso cordobés: qué prueba validó la Cámara

En un fallo reciente, la Cámara Civil cordobesa confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda de usucapión sobre un inmueble de 99 hectáreas ubicado en la provincia de Córdoba. El caso resulta ilustrativo porque sintetiza los elementos que los tribunales cordobeses consideran suficientes para tener por acreditada la posesión en su conjunto.

En ese expediente la parte actora produjo una combinación de prueba testimonial —testigos que dieron cuenta de la ocupación desde una fecha precisa— reforzada por documentación que permitió anclar cronológicamente el inicio de la posesión: comprobantes de pago del impuesto inmobiliario, facturas de servicios, registros de catastro y constancias de gestiones realizadas ante la municipalidad. La Cámara valoró que la prueba testimonial y la documental se complementaban y que ninguna de ellas, por separado, habría sido suficiente.

Conclusión: la prueba se construye antes del juicio

El proceso de usucapión no empieza cuando se presenta la demanda. Empieza el primer día de posesión. Cada factura de servicios, cada recibo del impuesto inmobiliario, cada presupuesto de obra que se guarda es un ladrillo de la prueba futura. Y cada año que pasa sin documentar es una brecha que, llegado el momento, habrá que intentar cerrar con mayor esfuerzo y menor certeza.

La jurisprudencia es clara: la prueba debe ser compuesta, debe abarcar todo el período legal, debe acreditar tanto el corpus como el animus domini por separado, y debe proveer al juez los elementos para fijar una fecha de inicio de la posesión con la precisión que exige el artículo 1905 del CCyC. Cumplir con esos estándares no es imposible, pero requiere planificación, asesoramiento y, sobre todo, empezar a tiempo.

Durante 22 años, ella se ocupó del hogar, crió cuatro hijos —dos con discapacidad—, acompañó a su marido en cada traslado que le exigió la Armada Argentina y nunca tuvo un sueldo propio. Él, mientras tanto, ascendió hasta el rango de suboficial principal. Cuando se divorciaron, la justicia de primera instancia resolvió que no había desequilibrio económico suficiente para reconocerle una compensación. La Cámara lo vio diferente. Y esa diferencia importa mucho más allá de este caso puntual.

¿De qué se trata la compensación económica?

El Código Civil y Comercial, vigente desde 2015, incorporó esta figura como parte de los efectos del divorcio. La lógica de fondo es sencilla: si durante el matrimonio uno de los dos se postergó —dejó de trabajar, no pudo capacitarse, no hizo aportes previsionales— para que el otro pudiera crecer o para sostener el hogar, esa diferencia no puede ignorarse cuando la pareja se separa. El divorcio no borra lo que pasó durante la vida en común.

Lo que hace particular a esta figura es su carácter objetivo. No importa si ese acuerdo fue explícito o tácito, si fue una elección consciente o simplemente el resultado de mandatos culturales. El tribunal no juzga por qué se repartieron los roles de esa manera. Lo que analiza es si existe un desequilibrio real en las posibilidades económicas y laborales de cada uno, y si ese desequilibrio tiene causa en la vida compartida y en su ruptura.

El fallo que cambió el resultado en segunda instancia

En el caso resuelto el 7 de noviembre de 2024, la actora había pedido la compensación económica apenas tres meses después del divorcio —dentro del plazo de seis meses que fija la ley—. Sin embargo, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda, en parte porque consideró que no había prueba suficiente del desequilibrio y porque la mujer continuaba viviendo en el inmueble que había sido sede del hogar conyugal.

La Cámara lo analizó de otra manera. Y lo explicó con un argumento que vale la pena destacar: el desequilibrio existía, pero había estado oculto. Las prestaciones alimentarias provisorias que el exmarido pagó durante años habían disimulado la brecha real entre las situaciones de uno y otro. Cuando esos alimentos cesaron, la desigualdad quedó al descubierto: ella con una pensión no contributiva equivalente al haber mínimo jubilatorio y sin ninguna posibilidad real de insertarse en el mercado laboral a los 61 años; él con ingresos de más de un millón de pesos mensuales como militar retirado.

El trabajo doméstico tiene valor económico: la Justicia lo reconoció

Uno de los ejes más potentes del fallo es el reconocimiento explícito de que el trabajo de cuidado tiene un valor económico concreto. El tribunal señaló que el crecimiento profesional del marido fue posible, en parte, gracias a que su esposa se hizo cargo del hogar y de cuatro hijos —quien además lo acompañó en los distintos destinos que le fue asignando la Armada a lo largo de los años—. Ella asumió una carga que él no soportó, y eso impactó directamente en su desarrollo. No es una conclusión moral: es una conclusión jurídica.

Este punto es central para entender por qué la compensación económica es diferente a los alimentos. Los alimentos atienden una necesidad presente: que alguien pueda cubrir sus gastos de vida mientras dure la obligación. La compensación económica mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo: reconoce lo que se resignó durante el matrimonio y le da a esa persona herramientas concretas para su autosuficiencia futura. Son figuras distintas, con presupuestos y finalidades distintas.

Un caso hipotético para aterrizarlo

Pensá en una pareja donde ella deja su trabajo como administrativa cuando tienen el primer hijo. Él continúa su carrera y diez años después está en un puesto gerencial con un sueldo alto. Ella, mientras tanto, gestionó el hogar, llevó a los chicos al colegio, atendió las emergencias de salud y acompañó los cambios de ciudad que exigió el trabajo de él. Cuando se divorcian, él tiene un sueldo consolidado, aportes jubilatorios propios y experiencia laboral actualizada. Ella tiene diez años de desconexión del mercado, ningún aporte propio y posibilidades muy reducidas de acceder a un empleo equivalente al que hubiera tenido si no hubiera parado. La compensación económica es la herramienta para que esa diferencia no se ignore.

¿Cómo se fija el monto?

En este caso, la Cámara optó por una renta periódica mensual —en lugar de un pago único— equivalente al 12% de los haberes del exmarido, durante ocho años. La elección de esa modalidad tuvo en cuenta la situación económica real del obligado: un militar retirado con una enfermedad grave y cuota alimentaria para hijos con discapacidad. El tribunal fue claro: una sentencia que no puede cumplirse no protege a nadie. Y el plazo de ocho años se calculó considerando la diferencia entre los 18 años de matrimonio y los aproximadamente 10 años durante los que el demandado pagó alimentos provisorios post divorcio.

El artículo 442 del CCyC enumera los criterios para fijar la compensación: el estado patrimonial de cada cónyuge al momento del divorcio, la dedicación que brindó al cuidado de los hijos, la renuncia a oportunidades de empleo o capacitación, la edad, el estado de salud y la posibilidad real de acceder a un trabajo. No hay una fórmula fija. El juez pondera todo eso en cada caso concreto. Por eso, la calidad de la prueba que se produce —y la estrategia procesal desde el inicio del proceso— hace una diferencia enorme en el resultado final.

Lo que tenés que saber si estás pensando en divorciarte

Si durante tu matrimonio dejaste de trabajar, redujiste tu jornada, postergaste tu carrera o te hiciste cargo del cuidado de los hijos o de un familiar con necesidades especiales, tenés que saber que esa historia tiene relevancia jurídica. El desequilibrio que eso genera no desaparece porque el matrimonio terminó.

El plazo para reclamar la compensación económica es de seis meses desde que queda firme la sentencia de divorcio. Ese tiempo corre desde el primer día, y cuando vence, el derecho caduca. No se interrumpe, no se suspende. Por eso, si te encontrás en esta situación o sospechás que podrías estarlo, la consulta con un abogado especializado en derecho de familia no debería esperar.

Si desarrollaste una aplicación, un sistema de gestión, un algoritmo o cualquier tipo de software, lo más probable es que no sepas exactamente qué protección legal tenés sobre ese trabajo. Y eso es un problema, porque los activos intangibles —el código, la lógica, el know-how— suelen ser lo más valioso de un proyecto digital. En Argentina existe un conjunto de herramientas legales que, bien combinadas, pueden blindar tu desarrollo. Acá te explicamos cuáles son y cómo funcionan.

El derecho de autor: la protección automática

La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, modificada por la Ley 25.036 en 1998, incorporó expresamente al software como obra intelectual protegida, al igual que los libros o la música. Esto significa que desde el momento en que escribís una línea de código, ese código te pertenece como autor. No necesitás inscribirlo para que exista la protección: la tutela legal es automática.

Sin embargo, registrar el software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) te da algo fundamental: fecha cierta y prueba de autoría. Si mañana aparece alguien que dice haber creado ese mismo sistema antes que vos, el registro es tu mejor argumento. El trámite admite el depósito del código fuente bajo sobre lacrado, lo que preserva la confidencialidad de la información técnica mientras se acredita la existencia y titularidad de la obra.

¿Qué cubre exactamente? La expresión del código: la forma en que está escrito, la estructura, el texto del programa. Lo que no cubre es la idea detrás del software, el algoritmo abstracto ni la funcionalidad en sí misma. Para eso existen otras herramientas.

Los contratos de confidencialidad: la primera barrera

Antes de mostrarle tu desarrollo a un inversor, a un socio potencial, a un cliente o incluso a un empleado, necesitás un contrato de confidencialidad —en inglés, NDA (Non-Disclosure Agreement)—. Este acuerdo, respaldado por el Código Civil y Comercial de la Nación y por la Ley 24.766 de Confidencialidad, obliga a quien recibe la información a no divulgarla ni usarla sin tu consentimiento.

Un NDA bien redactado debe definir con precisión qué información es confidencial (el código, la arquitectura, los procesos internos, la base de datos), durante cuánto tiempo rige la obligación, qué usos están permitidos y qué consecuencias tiene una violación. No alcanza con un documento genérico descargado de internet: cada situación tiene sus particularidades y un acuerdo mal redactado puede terminar siendo inaplicable en la práctica.

Una situación clásica: un emprendedor muestra su plataforma a un potencial inversor sin NDA. El inversor decide no invertir, pero meses después aparece un sistema muy similar en el mercado. Sin ese acuerdo firmado, probar que hubo apropiación indebida de información es extremadamente difícil.

El secreto comercial: cuando no querés divulgar nada

La Ley 24.766 también protege los secretos industriales y comerciales, incluyendo software que no ha sido divulgado al público. A diferencia del derecho de autor —que protege la expresión— o de las patentes —que requieren publicación—, el secreto comercial protege la información mientras permanezca secreta y tenga valor económico derivado precisamente de esa confidencialidad.

Pensá en el algoritmo de recomendación de una plataforma, en la lógica de negocio de un sistema de pricing dinámico o en la arquitectura interna de un sistema propietario. Todo eso puede protegerse como secreto comercial si tomás medidas razonables para mantenerlo confidencial: acuerdos de confidencialidad con empleados y proveedores, controles de acceso al repositorio, políticas internas de seguridad de la información.

La gran diferencia con el derecho de autor es que el secreto comercial no tiene plazo de vencimiento mientras se preserve el secreto, pero tampoco se puede recuperar si la información se filtra o se hace pública. Por eso la protección activa —los controles internos, los contratos con el equipo— es tan importante como el respaldo legal.

Patentes: lo que la ley argentina no permite (y la excepción que sí existe)

Acá viene el punto que genera más confusión. El artículo 6° inciso c) de la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad excluye expresamente a los programas de computación del sistema de patentes. Dicho en simple: no podés patentar un software en Argentina por ser software, sin más.

Sin embargo, existe una excepción técnica que receptó el INPI mediante la Resolución P-263/03: si el software está integrado a un dispositivo físico y produce un efecto técnico que va más allá de la mera interacción entre programa y hardware —es decir, si resuelve un problema técnico concreto en el mundo físico—, el conjunto puede encuadrar en una patente de invención. Imaginá un software de control embebido en un equipo médico que regula la dosificación de un fármaco: ahí el sistema podría ser patentable porque el efecto técnico trasciende la pantalla y opera sobre la realidad física. Esta interpretación sigue además los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Para la gran mayoría de los desarrollos —apps, plataformas SaaS, sistemas de gestión, herramientas web— la patente no es una opción viable en Argentina. La estrategia correcta pasa por el derecho de autor, la confidencialidad y los contratos bien diseñados.

La combinación que funciona

La protección inteligente de un software no es una sola herramienta sino una combinación. Registrá el código en la DNDA para tener fecha cierta. Firmá NDAs antes de cualquier reunión donde muestres el sistema. Incluí cláusulas de confidencialidad y cesión de derechos en los contratos de trabajo y de servicios con quienes participen en el desarrollo. Implementá controles de acceso internos para mantener el secreto comercial sobre lo que no querés publicar. Y si tu software está integrado a un producto físico con efecto técnico demostrable, consultá la viabilidad de una patente.

Cada etapa del ciclo de vida de un proyecto digital tiene sus riesgos específicos: desde el primer prototipo hasta la comercialización y la búsqueda de inversión. Asesorarte con tiempo, antes de que surja el conflicto, es siempre la decisión más conveniente.

Si tenés una empresa constituida en el extranjero y querés expandir tu actividad a Argentina —o puntualmente a Córdoba—, no podés simplemente abrir las puertas y empezar a operar. La Ley General de Sociedades exige que primero te inscribas ante el organismo de contralor correspondiente. En Córdoba, ese organismo es la Inspección de Personas Jurídicas, conocida como IPJ. El proceso tiene nombre propio: autorización para funcionar. Y aunque puede sonar burocrático, en la práctica es un trámite estructurado que, con la documentación en orden, es perfectamente manejable.

Dos artículos, dos caminos muy distintos

La Ley General de Sociedades regula a las sociedades extranjeras en los artículos 118 a 123. Pero no todos los casos son iguales.

Si tu empresa quiere ejercer habitualmente actos de su objeto social en Argentina —tener clientes, emitir facturas, contratar empleados, firmar contratos de forma directa—, el camino es el artículo 118, tercer párrafo. Este exige inscribir una sucursal o establecer algún tipo de representación permanente en el país. Es el trámite más completo y el que más documentación requiere.

En cambio, si solo querés participar en la constitución de una sociedad argentina o integrarte como socia o accionista de una empresa ya existente —sin operar directamente desde la extranjera—, el camino es el artículo 123. Los requisitos son mucho menores: no hace falta fijar domicilio propio ni publicar en el boletín oficial argentino.

La diferencia no es menor. Una empresa brasileña que quiere prestar servicios directamente a clientes cordobeses necesita el art. 118. Una holding del exterior que solo quiere ser socia de una SAS local necesita el art. 123. Confundir el camino puede costar tiempo y dinero.

El trámite ante la IPJ de Córdoba

En la Provincia de Córdoba, la autoridad de aplicación es la IPJ. El procedimiento se rige por la Resolución General 3/23 de ese organismo, que regula en detalle los requisitos para la inscripción de sociedades extranjeras.

Para inscribir una sucursal o representación permanente bajo el art. 118, la documentación exigida incluye:

• Nota firmada por el representante designado, solicitando la verificación de los requisitos legales y fiscales, con constitución de domicilio administrativo electrónico.
• Acreditación de la existencia legal de la sociedad en su país de origen, conforme a las leyes de ese lugar (generalmente un certificado de vigencia del registro de origen).
• Sede social fijada en Córdoba con exactitud (dirección completa).
• Designación de un representante persona humana: nombre, apellido, número de documento, domicilio real y domicilio especial, más declaración jurada sobre condición de persona políticamente expuesta (PEP).
• Capital asignado a la sucursal, si lo hubiere.
• Acreditación de que la sociedad no tiene prohibiciones ni restricciones para desarrollar su actividad en su país de origen.

Toda la documentación extranjera debe estar apostillada y, si está en idioma distinto al español, debe acompañarse de traducción realizada por traductor público matriculado en Argentina.

El cambio de 2025 que simplificó el trámite

En junio de 2025, la IPJ dictó la Resolución General 22/25, que introdujo una modificación relevante para quienes venían frenados por un requisito complicado de cumplir: ya no es necesario demostrar que la sociedad extranjera efectivamente opera en su país de origen. Antes, había que aportar documentación probatoria de actividad real en el exterior. Ahora alcanza con acreditar que la sociedad tiene capacidad legal para hacerlo, es decir, que no está prohibida ni restringida de operar en su jurisdicción de origen.

Esto simplifica considerablemente el trámite para empresas que fueron constituidas recientemente, que tienen su actividad concentrada en Argentina desde el inicio, o que simplemente no generan documentación contable voluminosa en el exterior.

Lo que no cambió: las sociedades offshore —aquellas que directamente no pueden operar en su país de constitución— siguen sin poder inscribirse en Córdoba. Y para sociedades provenientes de jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal o en la lucha contra el lavado de activos, la IPJ aplica un criterio de evaluación más estricto y restrictivo.

Un caso para entender mejor

Imaginemos que Ramiro tiene una empresa de desarrollo de software constituida en Uruguay. Consiguió un contrato importante con una empresa cordobesa y quiere empezar a operar desde Córdoba: tener una oficina, contratar dos desarrolladores locales y facturar directamente desde su empresa uruguaya. En ese caso, necesita tramitar la inscripción bajo el art. 118 ante la IPJ. La documentación de su empresa uruguaya debe estar apostillada y, como ya está en español, no necesita traducción. Una vez inscripta, puede actuar con plena validez jurídica en Córdoba.

Si en cambio Ramiro solo quisiera invertir en una SAS cordobesa —sin operar desde la uruguaya—, el trámite sería el del art. 123, bastante más simple.

Por qué conviene asesorarse desde el principio

Operar en Argentina sin la inscripción correspondiente no es solo un problema formal: puede invalidar contratos celebrados en el país, generar contingencias impositivas y dificultar el acceso a financiamiento bancario o cuentas en el sistema financiero local. La inscripción ante la IPJ es el punto de partida para que tu empresa extranjera tenga existencia legal en Córdoba y pueda actuar con seguridad jurídica plena.

Además, una vez inscripta, la sociedad tiene obligaciones periódicas: actualización de datos, presentación de estados contables ante la IPJ y comunicación de cambios relevantes en su estructura societaria. Conocer esas obligaciones desde el arranque evita sorpresas.

Saber qué documentos preparar, cómo apostillarlos, qué declaraciones juradas acompañar y cómo encuadrar correctamente la actividad según el objeto social puede marcar la diferencia entre un trámite que avanza y uno que se traba durante meses en el organismo.

Cuando alguien lleva años viviendo en una propiedad que compró pero nunca escrituró, o que heredó sin terminar el trámite, suele aparecer una pregunta: ¿puedo pedir la prescripción adquisitiva? La respuesta es casi siempre sí, pero el plazo depende de un dato clave que muchos pasan por alto: si tenés o no un justo título. Ese concepto es el que marca la diferencia entre un requisito de 10 años o uno de 20.

Dos tipos de usucapión, dos plazos muy distintos

El Código Civil y Comercial (CCyC) regula la prescripción adquisitiva de inmuebles en sus artículos 1897 a 1905. Establece que quien posea un inmueble de manera ostensible, continua y sin oposición puede adquirir el dominio por el paso del tiempo. Pero el plazo no es único: si la posesión se apoya en justo título y buena fe, son 10 años; si no, son 20.

Esto es lo que en doctrina se conoce como prescripción adquisitiva breve (o decenal) y prescripción adquisitiva larga (o veinteañal). La primera está pensada para situaciones donde existe un negocio jurídico real pero con algún defecto: alguien vendió lo que no era suyo, o quien transmitió el bien carecía de capacidad o legitimación para hacerlo. La posesión con buena fe y ese título imperfecto merecen un tratamiento más favorable.

Qué dice el CCyC sobre el justo título

El artículo 1902 del CCyC define el justo título de manera precisa: «el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto.»

Hay que detenerse en cada parte de esa definición porque cada palabra importa:

Finalidad de transmitir un derecho real: el instrumento tiene que estar orientado a transferir el dominio u otro derecho real que se ejerza por posesión. No alcanza con un contrato que genere obligaciones entre las partes.

Revestido de las formas exigidas para su validez: acá está el corazón del tema. Para transmitir el dominio de un inmueble, el CCyC (art. 1017, inc. a) exige escritura pública. Nada menos que eso.

Otorgante sin capacidad o sin legitimación: el defecto que habilita la prescripción breve no está en la forma del instrumento sino en la persona que lo otorgó. Vendió alguien que no era dueño, o que no tenía la representación legal que decía tener, o que actuó con un mandato vencido.

Ejemplos concretos de lo que sí es justo título

Para que quede claro, son ejemplos de justo título:

— Una escritura pública de compraventa otorgada por quien se presentó como dueño pero en realidad no tenía el dominio (venta a non domino). La forma es correcta; el defecto es de legitimación del vendedor.

— Una escritura otorgada por un heredero aparente que vendió el bien antes de que se resolviera quién era realmente el sucesor.

— Una escritura otorgada por un representante con poder viciado o caducado, pero que tenía apariencia válida al momento del acto.

En todos esos casos, el comprador tiene un instrumento formal correcto. El problema es quién lo firmó. Y ese defecto, si el comprador actuó de buena fe, puede sanearse con 10 años de posesión.

Por qué el boleto de compraventa no es justo título

Este es el punto más consultado en la práctica y el que genera más confusiones. El boleto de compraventa es un contrato privado muy común en Argentina: comprador y vendedor acuerdan precio, condiciones y fecha de escrituración, el comprador entra en posesión del inmueble, y queda pendiente el paso definitivo: la escritura pública ante el notario.

Pero el boleto, por más detallado y firmado ante testigos que esté, no transmite el dominio. Es una promesa de venta, un contrato que genera la obligación de escriturar, pero no transfiere el derecho real. Y si no transmite dominio, no puede ser justo título.

La jurisprudencia argentina es uniforme en esto. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala B) lo expresó con claridad en el fallo «Sircovich Samuel s/ quiebra»: «el boleto no puede adquirir calidad de justo título para usucapión decenal ya que es instrumento privado y solo instrumenta una promesa de venta, no la transmisión de propiedad. Sin escritura traslativa solo procede la usucapión larga.»

El mismo criterio repite de manera sistemática la doctrina: Mariani de Vidal, Kiper, Papaño y Vázquez coinciden en que la ausencia de forma pública impide que el boleto califique como justo título, sin importar cuántos años lleve el poseedor en el inmueble.

El caso práctico: Martín y el departamento con boleto

Pensemos en Martín, que en 2008 firmó un boleto con el dueño de un departamento en Córdoba, pagó todo el precio y se mudó. Nunca escrituraron porque el vendedor murió, los herederos se desaparecieron y el expediente sucesorio quedó paralizado. En 2026, Martín lleva 18 años viviendo ahí.

Si Martín fuera al juzgado hoy y presentara solo el boleto, el juez le diría que ese instrumento no alcanza para la prescripción breve. No tiene justo título. Pero sí tiene 18 años de posesión continua, pública y pacífica, lo que lo acerca al plazo de 20 años para la prescripción larga. En dos años más, podrá iniciar el juicio sin necesitar título de ningún tipo.

Si en cambio Martín hubiera recibido una escritura pública firmada por quien resultó no ser el verdadero dueño —por ejemplo, alguien que vendió usando un poder falso— el escenario cambia: tiene justo título defectuoso en el otorgante. Con buena fe acreditada, a los 10 años ya podría haber iniciado la usucapión breve.

La buena fe también tiene requisitos concretos

Tener justo título no basta: hay que probarlo junto con la buena fe. Y la buena fe que exige el CCyC no es solo «yo creía que era mío». Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil fijaron como criterio que la buena fe exige una conducta diligente: el adquirente tiene que haber investigado la situación registral del bien, verificado los antecedentes del transmitente y actuado como una persona razonable en su lugar lo haría. Haber ignorado señales obvias de irregularidad puede destruir la buena fe aunque el título formalmente exista.

Qué hacer si estás en esta situación

Si poseés un inmueble hace años y querés regularizarlo, el primer paso es analizar qué instrumento tenés y desde cuándo estás en posesión. Eso define si podés ir por la vía decenal o si necesitás esperar los 20 años. También hay que revisar si el título presenta defectos que lo convierten en justo título o si directamente no existe ningún instrumento. Cada situación tiene su estrategia y sus tiempos. Consultar con tiempo permite preparar la prueba de posesión —testigos, servicios, documentación municipal— que es lo que en definitiva resuelve el juicio.

Imaginá que tenés 48 años, trabajaste toda tu vida en relación de dependencia, y un diagnóstico médico grave te obliga a dejar de trabajar de forma permanente. ¿Qué pasa con tu futuro económico? La respuesta del sistema previsional argentino a esa situación se llama jubilación por invalidez, y en muchos casos es el único ingreso que puede sostener a una persona que atraviesa esa realidad. Sin embargo, muy pocas personas saben que existe, qué requisitos hay que cumplir o cómo se inicia el trámite.

¿Qué es la jubilación por invalidez?

La jubilación por invalidez es una prestación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regulada por la Ley 24.241. Se otorga cuando una persona, por razones de salud física o mental, queda incapacitada para desarrollar cualquier actividad laboral de forma permanente. No se trata de una licencia médica larga ni de una prestación temporal por accidente: implica que la persona no está en condiciones de volver al mercado de trabajo de manera habitual.

A diferencia de la jubilación ordinaria, que requiere cumplir cierta edad y cantidad de años de aportes, esta prestación puede solicitarse a cualquier edad mientras la persona se encuentre dentro del sistema previsional y no haya alcanzado todavía la edad de retiro.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden solicitarla las personas afiliadas al SIPA, es decir, trabajadores en relación de dependencia y autónomos que hayan realizado aportes al sistema. También aplica para quienes se encuentren en determinadas situaciones de desempleo al momento de producirse la invalidez, bajo ciertas condiciones.

Un punto importante: la causa de la invalidez no necesita estar relacionada con el trabajo. Puede tratarse de una enfermedad crónica grave, un accidente de tránsito, una condición neurológica o psiquiátrica, o cualquier otro cuadro que, evaluado por la Comisión Médica, resulte en una incapacidad laboral del 66% o más.

Los requisitos concretos

Para iniciar el trámite con posibilidades reales de éxito, necesitás cumplir con tres condiciones básicas:

1. Incapacidad del 66% o más. Este porcentaje lo determina la Comisión Médica de ANSES mediante evaluación de la documentación médica que presentás. No alcanza con el diagnóstico de tu médico: la Comisión tiene su propio criterio de evaluación.
2. Aportes al sistema. Se requieren 30 aportes mensuales al SIPA a lo largo de tu vida laboral. Esos aportes no necesitan ser consecutivos. En algunos casos particulares, si la incapacidad es total y permanente, se puede acceder con menos aportes.
3. No haber alcanzado la edad de jubilación ordinaria. Una vez que la persona cumple con los requisitos de la jubilación común, el sistema previsional la encuadra en esa figura, no en la de invalidez.

El trámite paso a paso

El proceso tiene varias etapas y puede extenderse varios meses, por eso conviene iniciar el trámite cuanto antes y con la documentación en orden.

1. Reunir la documentación médica. Juntá todos los estudios, diagnósticos, historias clínicas e informes de especialistas que acrediten tu condición. Cuanto más completa sea la documentación, más sólido será tu caso ante la Comisión Médica.
2. Solicitar turno en ANSES. El trámite se inicia en la delegación de ANSES correspondiente a tu domicilio. Podés pedir el turno a través de la web de ANSES o llamando al 130. También existe la posibilidad de iniciar algunos pasos de forma online a través de Mi ANSES.
3. Evaluación por la Comisión Médica. Una vez presentada la solicitud, ANSES te citará ante la Comisión Médica local, donde un equipo de profesionales evaluará tu documentación y, si es necesario, realizará una entrevista o revisación. El dictamen puede tardar entre 30 y 90 días hábiles.
4. Dictamen y resolución. Si la Comisión determina que tu incapacidad es igual o mayor al 66%, ANSES procede a liquidar la prestación. Si el dictamen es negativo o el porcentaje resulta inferior, existe la posibilidad de apelar ante la Comisión Médica Central.
5. Cobro de la prestación. Una vez aprobada, la jubilación por invalidez se acredita mensualmente como cualquier haber jubilatorio, a través de banco o Correo Argentino según corresponda.

¿Cuánto se cobra y por cuánto tiempo?

El monto de la jubilación por invalidez equivale al 70% del haber que le correspondería a la persona si se jubilara por la vía ordinaria, calculado en función de sus aportes y antigüedad. En ningún caso puede ser inferior al haber mínimo jubilatorio vigente.

La prestación no es necesariamente permanente: en general se otorga de forma temporaria, con revisiones periódicas cada dos o tres años para verificar que persiste la condición de invalidez. Si la Comisión Médica determina en una revisión que la persona recuperó capacidad laboral, la prestación puede ser suspendida. En los casos en que la invalidez es definitiva e irreversible (por ejemplo, enfermedades crónicas o degenerativas de larga evolución), el haber puede consolidarse de forma permanente.

Un ejemplo concreto

Considerá el caso de Lucía, de 51 años, empleada administrativa con 18 años de aportes continuos. A raíz de un diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva, Lucía no puede seguir trabajando. Su médico tratante elabora un informe detallado que certifica la pérdida de capacidad funcional. Lucía inicia el trámite en ANSES, la Comisión Médica dictamina una incapacidad del 72%, y al cabo de tres meses comienza a cobrar su jubilación por invalidez. El monto equivale al 70% de la jubilación que le hubiera correspondido, que en su caso supera el haber mínimo. Sin ese trámite, Lucía no tendría ningún ingreso formal para sostener su vida cotidiana.

La historia de Lucía no es un caso excepcional: miles de personas atraviesan situaciones similares cada año sin saber que tienen derecho a esta prestación. Conocer el trámite a tiempo puede hacer una diferencia enorme.